La intervención de Estados Unidos en Venezuela, liderada directamente por Donald Trump, está lejos de poder describirse como un proceso de “liberación democrática”. No hubo consenso internacional, no hubo un marco jurídico multilateral y no hubo respeto por la autodeterminación de los pueblos. Lo que hubo fue una acción unilateral y militar sobre un Estado soberano.
Hoy, Venezuela no es un país libre.
Es un país bajo administración política norteamericana.
Trump decidió quién debía asumir la Presidencia, colocando en el cargo a la vicepresidenta, no por mandato constitucional venezolano, sino por decisión externa. Y la advertencia fue clara: si no cumple instrucciones, habrá nuevamente tropas en Caracas. No es asistencia. Es subordinación.
Incluso figuras como María Corina Machado quedan fuera del juego no por decisión venezolana, sino porque —según Trump— carece del poder y el control suficientes. En la práctica, el ocupante define quién gobierna y bajo qué condiciones.
No se trata entonces de reconstruir la democracia, sino de un modelo de tutela política.
Una señal peligrosa para América Latina
Esto debería alarmar a toda la región. Los países latinoamericanos no pueden normalizar esta intervención solo para agradar a Washington. Aceptarla en silencio significa aceptar que cualquier nación podría ser objeto del mismo procedimiento si deja de alinearse con los intereses estratégicos de Estados Unidos.
El caso argentino es un ejemplo significativo. El presidente Javier Milei celebró públicamente la intervención sin evaluar los riesgos de avalar una ocupación militar en América Latina. Y lo hizo pese a que el propio Trump afirmó que Milei es “un producto suyo”, una declaración que plantea serios interrogantes sobre independencia política y dignidad estatal.
Cuando un gobierno prefiere aplaudir a una potencia antes que defender el principio básico de soberanía, ya no hablamos de alianzas. Hablamos de subordinación.
¿Democracia o administración colonial?
Las normas internacionales fueron vulneradas. La soberanía venezolana fue desplazada. Y el petróleo vuelve a aparecer como un factor determinante detrás del discurso de “rescate democrático”.
El tiempo dirá si la vida de los venezolanos mejora bajo este esquema.
O si se confirma lo evidente: que el interés estratégico prevalece sobre la voluntad de los pueblos.
Porque la democracia impuesta por la fuerza no es democracia.
Es obediencia.
