La Cámara de Diputados fue escenario de una jornada sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública y Transparencia Gubernamental, organizada conjuntamente con el Ministerio de Justicia y con participación de legisladores del oficialismo cartista. El encuentro tuvo como eje la vigencia de la Ley N° 5282/14, norma que reconoce el derecho ciudadano a solicitar y recibir información pública de manera gratuita, oportuna y completa.
La actividad reunió a representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo, aunque no estuvo exenta de cuestionamientos debido al perfil de algunos de sus principales impulsores y disertantes. Entre ellos estuvieron los diputados cartistas Yamil Esgaib y Bettina Aguilera, quienes destacaron el rol de la transparencia como herramienta fundamental para fortalecer la gestión pública y la participación ciudadana.
La Ley de Acceso a la Información Pública obliga a las instituciones del Estado a publicar datos relacionados con su gestión, presupuesto, contrataciones, estructura institucional y nómina de funcionarios. Su objetivo es promover la transparencia, prevenir hechos de corrupción y garantizar mayor control ciudadano sobre el uso de los recursos públicos. El Ministerio de Justicia es el órgano rector de la aplicación de esta normativa.
El evento fue impulsado por dicha cartera estatal, con apoyo de la Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer, presidida por la diputada Rocío Abed, y de la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social, encabezada por Yamil Esgaib.
Sin embargo, tanto Esgaib como Abed arrastran cuestionamientos vinculados justamente al acceso a la información pública. Desde sectores de la oposición y organizaciones civiles recuerdan que ambos forman parte del bloque oficialista que, en reiteradas ocasiones, rechazó o dilató pedidos de informes promovidos desde la Cámara Baja.
Esgaib habla de transparencia, pero sigue sin mostrar su título
Durante su intervención, Yamil Esgaib afirmó que “la Justicia no solo se imparte en los tribunales, sino que se construye cada vez que un ciudadano accede a la información real sobre cómo se administran los recursos”. También sostuvo que la transparencia debe ser el principal freno a la arbitrariedad y el camino más directo hacia una gestión pública eficiente.
No obstante, el legislador cartista sigue siendo blanco de cuestionamientos por la legitimidad de su título universitario, expedido por la Universidad Sudamericana, la misma institución mencionada en el caso del exsenador Hernán Rivas. Pese a las dudas instaladas públicamente, Esgaib no ha exhibido de manera clara la documentación que cierre el debate.
En el caso de Rocío Abed, las críticas apuntan a su cercanía con la administración de Itaipú Binacional, considerando que es esposa del director paraguayo de la entidad, Justo Zacarías. Tanto Itaipú como Yacyretá han sido señaladas en varias ocasiones por mantener restricciones en la entrega de información pública, bajo el argumento de su carácter binacional y la vigencia de tratados internacionales. Aunque Abed fue una de las impulsoras del encuentro, no participó de la actividad.
“No es una concesión del Estado”
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, remarcó que la Ley de Acceso a la Información Pública “no es una concesión generosa del Estado, sino un derecho que pertenece a la ciudadanía”. Señaló además que el Gobierno busca consolidar una política de transparencia, justicia social y fortalecimiento democrático.
Por su parte, la diputada cartista Bettina Aguilera, representante de Alto Paraná, sostuvo que el acceso a la información pública cumple un rol fundamental para la ciudadanía, especialmente en una época en la que la sociedad exige instituciones transparentes, fortalecidas y abiertas.
Aguilera fue anteriormente integrante de la disidencia colorada y se desempeñó como viceministra de Agricultura durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. Al inicio del actual periodo parlamentario conformó una nueva bancada junto a otros exdisidentes, afirmando en su momento que no tenían “ningún interés más que construir”. Posteriormente, terminó incorporándose plenamente a la bancada cartista.
El encuentro dejó así una marcada contradicción política: referentes del oficialismo defendieron públicamente la transparencia y el derecho ciudadano a la información, mientras persisten cuestionamientos sobre la coherencia de sus propias prácticas legislativas y políticas frente a los pedidos de control público.
