La Contraloría General de la República detectó varias inconsistencias en las declaraciones juradas del exsenador Erico Galeano Segovia, correspondientes al periodo en que dejó la Cámara de Diputados e ingresó a la Cámara de Senadores.
El informe, elaborado a través de un Examen de Veracidad, fue remitido al Ministerio Público en el año 2023 para una investigación. Según el documento, la CGR ratificó siete observaciones luego del descargo presentado por el entonces legislador.
Entre los principales puntos señalados figuran 16 inmuebles y 16 rodados no declarados, además de cuentas bancarias, una caja de ahorro, deudas en tarjetas de crédito y una sociedad comercial que no habría sido incluida en su declaración jurada.
La primera observación refiere a 12 inmuebles no declarados, ubicados en Isla Pucú, Itauguá, Capiatá, Hernandarias y Fernando de la Mora. A esto se suma una segunda observación sobre otros cuatro inmuebles situados en Capiatá y Hernandarias.
En cuanto a los vehículos, la Contraloría detectó 12 rodados no declarados, entre ellos siete automóviles, dos camiones, un tractocamión, una motocicleta y un cuaciclón. Además, en otra observación se mencionan otros cuatro vehículos: un Chevrolet Onix 2018, dos camionetas Toyota Hilux y una Chevrolet S10 doble cabina.
El informe también menciona una cuenta de ahorro individual activa en la Cooperativa Capiatá, con un saldo de G. 66.601.581. Asimismo, se detectaron cuentas no declaradas en entidades bancarias y cuatro tarjetas de crédito con una línea total de G. 96.660.000, que al momento de la declaración registraban una deuda de G. 35.581.340.
Otra de las observaciones apunta a una sociedad no declarada: Recicladora Guaraní S.A., creada en el año 2005, según habría reconocido el propio Galeano.
La Contraloría realizó dos análisis sobre el caso. El primero fue el Examen de Veracidad de las declaraciones juradas, remitido al Ministerio Público. El segundo análisis se inició posteriormente, ya en su carácter de senador, y actualmente se encuentra en etapa de evaluación tras el descargo presentado. La CGR incluso analiza ampliar el periodo de revisión hasta su reciente renuncia.
El caso vuelve a colocar bajo cuestionamiento la transparencia patrimonial de quienes ocuparon cargos de representación pública, especialmente cuando los bienes detectados por el órgano contralor no fueron incorporados en declaraciones juradas que tienen como objetivo garantizar el control ciudadano sobre el patrimonio de las autoridades.
Datos clave del informe:
7 observaciones ratificadas por la Contraloría.
16 inmuebles no declarados.
16 rodados no declarados.
1 caja de ahorro con saldo de G. 66.601.581.
4 tarjetas de crédito con deuda total de G. 35.581.340.
1 sociedad comercial no declarada: Recicladora Guaraní S.A.
