La Cámara de Diputados mantiene oficinas legislativas en gran parte del país, con funcionarios asignados y gastos permanentes. Sin embargo, algunas dependencias fueron encontradas sin actividad, lo que vuelve a generar dudas sobre su utilidad real.
La Cámara de Diputados mantiene una extensa red de oficinas legislativas distribuidas en distintos departamentos del país, estructuras que demandan recursos públicos y cuentan con funcionarios asignados para atender consultas, coordinar reuniones y servir de enlace entre los legisladores y la ciudadanía.
Según registros correspondientes a 2024, existían oficinas legislativas en al menos 13 de los 17 departamentos del Paraguay.
Estas dependencias funcionan, en teoría, de lunes a viernes de 07:00 a 13:00 y tienen entre sus tareas la atención al público y la coordinación de entrevistas con los diputados de cada zona.
Sin embargo, verificaciones realizadas en algunas de estas oficinas, especialmente en Alto Paraná, encontraron dependencias sin actividad pese a contar con funcionarios asignados.
La situación vuelve a abrir cuestionamientos sobre el funcionamiento, el costo y la verdadera utilidad de estas estructuras financiadas con dinero público.
En algunos departamentos existe más de una oficina legislativa. Es el caso de Canindeyú, donde funcionarían al menos tres dependencias para una representación de igual cantidad de diputados.
La expansión de estas “sucursales” legislativas también alcanza al Departamento Central, pese a su cercanía con la sede del Congreso Nacional en Asunción.
La principal interrogante pasa por conocer cuánto cuestan realmente estas oficinas, cuántas personas trabajan en ellas, qué resultados concretos producen y qué mecanismos existen para medir su funcionamiento.
Mientras los gastos siguen corriendo, la falta de actividad constatada en algunas dependencias instala otra pregunta inevitable: ¿son verdaderas oficinas de atención ciudadana o estructuras utilizadas para sostener operadores políticos?
