Juicio contra intendenta de Valenzuela entra en fase de alegatos
Mirtha Fernández (PLRA) y otros seis acusados enfrentan cargos por presunta lesión de confianza vinculada a un supuesto perjuicio de G. 1.199 millones durante la gestión municipal del 2019.
Este viernes continúa, desde las 08:30, la tercera jornada del juicio oral y público contra la intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández (PLRA), acusada por el Ministerio Público de un presunto esquema de lesión de confianza que habría causado un perjuicio cercano a G. 1.199 millones a la Municipalidad.
De acuerdo con el fiscal Néstor Coronel, durante la audiencia prevista para hoy se presentarán los alegatos iniciales de las partes, etapa clave dentro del proceso judicial.
En el desarrollo del juicio, la defensa de la jefa comunal solicitó la realización de una nueva pericia sobre las obras ejecutadas en el año 2019, pedido que fue admitido por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por las juezas Karina Jazmín Cáceres, Ana Rodríguez y Yolanda Morel.
Supuesto esquema de desvío de fondos
Según la acusación fiscal, la intendenta habría actuado en conjunto con funcionarios municipales, fiscalizadores de obras y contratistas para desviar recursos de la administración comunal.
La investigación sostiene que el presunto perjuicio se habría concretado mediante obras que figuraban solo en documentos o que habrían sido pagadas en más de una ocasión, generando el millonario daño patrimonial denunciado.
Otros acusados en el proceso
Además de la intendenta, también afrontan el juicio oral:
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Cristhian David Flecha Fernández, tesorero municipal.
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Sergio Ariel Flecha Fernández, funcionario municipal y hermano del tesorero.
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Carlos Samudio Sánchez y Aníbal Samudio Sánchez, proveedores del Estado.
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Maglio César Nelson Muñoz Díaz, contratista.
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Verónica Acosta Cantero, secretaria municipal.
Por su parte, los contratistas Blásido Candia y María Liz Fleitas ya fueron condenados en el 2023 mediante procedimiento abreviado a dos años de prisión con suspensión de la pena, además de la obligación de restituir G. 110 millones cada uno, en cuotas mensuales.
El proceso judicial continúa con la presentación de pruebas y argumentos de las partes, mientras el Tribunal deberá determinar la eventual responsabilidad penal de los acusados en el presunto perjuicio a las arcas municipales.
