Una nueva denuncia vuelve a sacudir a la Entidad Binacional Yacyretá y pone nuevamente bajo la lupa el presunto uso político de los cargos públicos. Esta vez, el caso involucra a Silvia Noelia Giménez Gibbons, vinculada familiarmente al clan investigado por la millonaria estafa a la empresa ganadera Viradolce S.A., propiedad de la empresaria Maris Llorens.
Según versiones internas de la binacional, Giménez Gibbons habría sido incorporada a Yacyretá con un cargo de alto rango y un salario privilegiado, pese a sus antecedentes judiciales y a su vinculación con una de las causas de estafa más resonantes de los últimos años.
El caso apunta a una presunta triangulación política entre el vicepresidente de la República, Pedro Alliana; el ministro secretario de la Presidencia, Jorge “Turi” Cappello; y el director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá, Luis Benítez.
De acuerdo con fuentes de la institución, la contratación habría sido solicitada por Turi Cappello, avalada políticamente desde el entorno del vicepresidente Alliana y finalmente ejecutada bajo la administración de Luis Benítez en la EBY.
Giménez Gibbons habría ingresado a la binacional el año pasado, en medio de cuestionamientos internos por el manejo de los cargos, los altos salarios y los nombramientos vinculados a padrinazgos políticos.
Silvia Noelia Giménez Gibbons fue declarada en rebeldía años atrás y contó con orden de captura en el marco de la investigación por la megaestafa a Viradolce S.A. En dicha causa, la red fue acusada de desviar millonarios montos mediante maniobras con cheques, simulación de pagos a proveedores y operaciones financieras irregulares.
Las principales operadoras del esquema, Annie Victoria Gibbons y Fabiola Bareiro, madre y tía de Noelia, fueron condenadas por estafa agravada, producción de documentos no auténticos y lavado de dinero. El caso continuó su recorrido judicial luego de anulaciones de sentencias y nuevas definiciones pendientes en instancias superiores.
Pese a ese antecedente judicial sensible, Giménez Gibbons habría terminado ubicada en una de las entidades públicas más codiciadas del país: Yacyretá, históricamente cuestionada por sus altos salarios, nombramientos políticos y falta de transparencia en la administración de sus recursos humanos.
La pregunta es inevitable: ¿quién protegió el ingreso de Noelia Giménez Gibbons a la EBY?
Las versiones internas apuntan a una cadena de favores políticos. Turi Cappello habría impulsado el nombramiento; Luis Benítez, cercano al vicepresidente Pedro Alliana, habría habilitado el espacio dentro de la binacional; y el aval político habría llegado desde el entorno del propio vicepresidente.
De confirmarse, no se trataría de una simple contratación administrativa, sino de una operación de poder para acomodar a una persona con antecedentes judiciales sensibles dentro de una institución financiada con recursos públicos.
El caso golpea nuevamente el discurso oficial sobre transparencia, meritocracia y lucha contra los privilegios. Mientras miles de paraguayos buscan empleo sin padrinos políticos, una persona vinculada a una causa de millonaria estafa habría sido beneficiada con un cargo de alto salario en Yacyretá.
La Entidad Binacional Yacyretá, el director paraguayo Luis Benítez, el ministro Jorge “Turi” Cappello y el vicepresidente Pedro Alliana deben explicar públicamente si existió o no una gestión política para la contratación de Silvia Noelia Giménez Gibbons.
También deben aclarar cuál es su cargo, cuánto percibe mensualmente, desde cuándo presta servicios en la institución y bajo qué criterios fue incorporada.
Porque cuando una contratación pública nace bajo sospecha, el silencio no despeja dudas: las profundiza. Y en este caso, la sospecha vuelve a instalar una vieja conclusión sobre el funcionamiento del poder en Paraguay: cargos, favores, protección y privilegios para los cercanos al poder.
