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¡POLÉMICA POR ALBA CANTERO! ABOGADOS ADVIERTEN QUE SUS ACTOS PODRÍAN SER NULOS

Los abogados Manuel Riera y Cecilia Pérez cuestionaron la legalidad del procedimiento que permitió a Alba Rocío Cantero asumir interinamente la Fiscalía General del Estado tras la renuncia de Emiliano Rolón. Advierten que una eventual vulneración de la Constitución podría comprometer la validez de las decisiones adoptadas por la nueva titular del Ministerio Público y abrir un escenario de incertidumbre jurídica.

La llegada de Alba Rocío Cantero a la conducción del Ministerio Público desató una controversia jurídica que pone bajo discusión no solamente la legalidad de su juramento ante el Senado, sino también las consecuencias que podría tener su actuación al frente de una de las instituciones más importantes del sistema de justicia paraguayo.

El procedimiento utilizado para su asunción, realizado el miércoles 18 de noviembre, recibió fuertes cuestionamientos de profesionales del derecho que consideran que la decisión adoptada por el exfiscal general Emiliano Rolón podría haber excedido sus atribuciones legales.

MANUEL RIERA ADVIERTE SOBRE POSIBLES NULIDADES

El abogado y ex titular del Colegio de Abogados del Paraguay, Manuel Riera, cuestionó tanto la resolución de Rolón como el posterior juramento de Cantero.

“La decisión del ex FGE Emiliano Rolón ya fue ilegal e inconstitucional. Igual que este juramento; un ropaje pseudo-jurídico”, manifestó.

Riera sostuvo que Cantero no puede adquirir la condición de fiscal general titular sin cumplir los mecanismos de designación contemplados en la Constitución Nacional.

“La Dra. Cantero no es ni puede ser FGE salvo por los procesos constitucionales. Sus actos serán nulos y viciará todo aquello en lo que intervenga alegando atribuciones que no tiene. Se ha sembrado la semilla de la nulidad”, advirtió.

Su postura plantea un interrogante de enorme relevancia: ¿qué ocurriría con las resoluciones y actuaciones fiscales si posteriormente la Justicia determinara que el procedimiento utilizado para la asunción fue contrario a la Constitución?

CECILIA PÉREZ: “EN DERECHO PÚBLICO LO QUE NO ESTÁ PERMITIDO, ESTÁ PROHIBIDO”

Por su parte, la abogada y exministra de Justicia Cecilia Pérez también cuestionó que Rolón haya decidido quién debía asumir la conducción del Ministerio Público tras su renuncia.

A su criterio, esa decisión no puede reemplazar los procedimientos establecidos por la legislación vigente.

“La decisión de dejar a Alba Rocío Cantero con la salida de Emiliano Rolón es política, lo cual no le da legitimidad, así como tampoco se pueden inventar procesos que la ley no contempla. En derecho público lo que no está permitido, está prohibido”, manifestó.

EL ARTÍCULO 51, EN EL CENTRO DE LA CONTROVERSIA

El debate gira principalmente alrededor del artículo 51 de la Ley N.º 1562/2000, Orgánica del Ministerio Público, que regula los reemplazos del fiscal general del Estado.

La disposición contempla el reemplazo interino en caso de inhabilidad o muerte, hasta tanto sea designado un nuevo fiscal general. Sin embargo, los cuestionamientos jurídicos apuntan a que la norma no establece expresamente el mecanismo aplicable ante una renuncia.

Por otra parte, el artículo 269 de la Constitución Nacional dispone que el fiscal general sea nombrado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, a partir de una terna propuesta por el Consejo de la Magistratura.

La discusión se concentra, por tanto, en determinar si la continuidad interina de Cantero y su juramento ante el Senado se ajustan a las disposiciones constitucionales o si correspondía activar un nuevo procedimiento de designación.

EL SENADO RESPALDÓ EL JURAMENTO

Pese a los cuestionamientos, la Cámara de Senadores tomó juramento a Cantero el 18 de noviembre, luego de que la Comisión de Asuntos Constitucionales recomendara, por mayoría y con un voto en contra, aceptar el procedimiento.

La postura favorable se fundamentó en el artículo 271 de la Constitución y en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Sin embargo, la decisión legislativa no puso fin a las discrepancias sobre el alcance de esas disposiciones.

¿PODRÍAN QUEDAR COMPROMETIDAS LAS INVESTIGACIONES?

Las advertencias de Riera y Pérez cobran especial importancia en un momento en que el Ministerio Público debe conducir investigaciones de enorme repercusión política, económica e institucional, entre ellas las relacionadas con el caso Ueno Bank.

Una eventual controversia judicial sobre las atribuciones de Cantero podría motivar impugnaciones contra determinadas actuaciones que realice en ejercicio de la conducción institucional.

No obstante, la nulidad de sus decisiones no es automática ni ha sido declarada judicialmente. Su eventual procedencia dependería de los actos concretos cuestionados y de las resoluciones de los tribunales competentes.

La discusión de fondo sigue abierta: ¿puede una resolución administrativa y un juramento ante el Senado sustituir el mecanismo constitucional de nombramiento de un fiscal general del Estado?

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