Etiqueta: Juicio

  • Tras seis años de litigio, ABC Color deberá pagar cerca de G. 1.500 millones a periodista

    Tras seis años de litigio, ABC Color deberá pagar cerca de G. 1.500 millones a periodista

    El periodista Marcos Ricardo Velázquez obtuvo una sentencia favorable contra Editorial AZETA S.A., empresa editora de ABC Color, luego de seis años de litigio por su despido. La compensación económica, que incluye salarios caídos, aguinaldos, intereses e indemnizaciones, rondaría los G. 1.500 millones.

    Después de seis años de proceso judicial, el periodista Marcos Ricardo Velázquez logró un fallo favorable en la demanda laboral promovida contra Editorial AZETA S.A., editora del diario ABC Color, tras haber sido desvinculado en abril de 2020, en plena pandemia del COVID-19.

    Velázquez llevaba más de 26 años trabajando en la empresa cuando se produjo su salida. A partir de entonces inició una acción judicial con el patrocinio de los abogados Juan Martín Barba, Guillermo Gómez Zotti y Rodrigo Cuevas.

    En primera instancia, la jueza laboral Greta Katherine Aquino resolvió a favor del periodista y calificó lo ocurrido como un “ejercicio abusivo e ilegítimo del poder de dirección de la patronal”. Posteriormente, la decisión fue ratificada por un Tribunal de Apelaciones.

    La controversia ingresó posteriormente en la etapa de cumplimiento de la sentencia. Uno de los puntos discutidos estuvo relacionado con la reincorporación de Velázquez y su condición de jubilado.

    Finalmente, la empresa se allanó al cumplimiento del fallo, según informó la defensa del periodista.

    El monto económico resultante del proceso rondaría los G. 1.500 millones y comprendería salarios y aguinaldos caídos acumulados durante varios años, intereses moratorios, indemnizaciones derivadas del despido y otros conceptos establecidos dentro del proceso laboral.

    Para Velázquez, el desenlace representa el cierre de un litigio iniciado en 2020 luego de quedar sin empleo tras más de dos décadas y media dentro del medio.

    El caso también vuelve a poner en foco la protección de la estabilidad y los derechos laborales de los trabajadores frente a decisiones empresariales que posteriormente son cuestionadas ante la Justicia.

  • Juicio contra intendenta de Valenzuela entra en fase de alegatos

    Juicio contra intendenta de Valenzuela entra en fase de alegatos

    Este viernes continúa, desde las 08:30, la tercera jornada del juicio oral y público contra la intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández (PLRA), acusada por el Ministerio Público de un presunto esquema de lesión de confianza que habría causado un perjuicio cercano a G. 1.199 millones a la Municipalidad.

    De acuerdo con el fiscal Néstor Coronel, durante la audiencia prevista para hoy se presentarán los alegatos iniciales de las partes, etapa clave dentro del proceso judicial.

    En el desarrollo del juicio, la defensa de la jefa comunal solicitó la realización de una nueva pericia sobre las obras ejecutadas en el año 2019, pedido que fue admitido por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por las juezas Karina Jazmín Cáceres, Ana Rodríguez y Yolanda Morel.

    Supuesto esquema de desvío de fondos

    Según la acusación fiscal, la intendenta habría actuado en conjunto con funcionarios municipales, fiscalizadores de obras y contratistas para desviar recursos de la administración comunal.

    La investigación sostiene que el presunto perjuicio se habría concretado mediante obras que figuraban solo en documentos o que habrían sido pagadas en más de una ocasión, generando el millonario daño patrimonial denunciado.

    Otros acusados en el proceso

    Además de la intendenta, también afrontan el juicio oral:

    • Cristhian David Flecha Fernández, tesorero municipal.

    • Sergio Ariel Flecha Fernández, funcionario municipal y hermano del tesorero.

    • Carlos Samudio Sánchez y Aníbal Samudio Sánchez, proveedores del Estado.

    • Maglio César Nelson Muñoz Díaz, contratista.

    • Verónica Acosta Cantero, secretaria municipal.

    Por su parte, los contratistas Blásido Candia y María Liz Fleitas ya fueron condenados en el 2023 mediante procedimiento abreviado a dos años de prisión con suspensión de la pena, además de la obligación de restituir G. 110 millones cada uno, en cuotas mensuales.

    El proceso judicial continúa con la presentación de pruebas y argumentos de las partes, mientras el Tribunal deberá determinar la eventual responsabilidad penal de los acusados en el presunto perjuicio a las arcas municipales.