El senador Basilio “Bachi” Núñez volvió a insistir en una interpretación que colisiona frontalmente con la Constitución Nacional, al promover que los ex presidentes de la República, actualmente senadores vitalicios, puedan ejercer una vida política activa, incluyendo la posibilidad de postularse y asumir bancas en el Congreso.
Núñez sostiene que la Corte Suprema de Justicia habría “interpretado” la Constitución y que, en consecuencia, los ex mandatarios Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes debieron jurar y asumir como senadores activos, argumento que vuelve a instalar un debate ya resuelto desde el punto de vista constitucional.
El artículo 189 de la Constitución Nacional es categórico y no deja margen de interpretación ambigua:
“Los ex presidentes constitucionales de la República serán senadores vitalicios, con voz pero sin voto.”
El texto constitucional establece claramente que el cargo de senador vitalicio es honorífico, no electivo, y sin derecho a voto, lo que implica que no forma parte del Senado activo ni habilita a ejercer funciones legislativas plenas.
¿Puede la Corte cambiar la Constitución?
Especialistas en derecho constitucional coinciden en que la Corte Suprema no puede modificar el texto constitucional mediante una interpretación, ya que cualquier alteración del estatus de los senadores vitalicios requiere necesariamente una reforma constitucional, sea por enmienda o convención, tal como lo establecen los propios mecanismos previstos en la Carta Magna.
Una ley ordinaria, una resolución parlamentaria o una interpretación judicial no pueden alterar derechos, deberes ni categorías constitucionales, menos aún cuando el texto es explícito
La insistencia de Núñez reabre una discusión que ya generó fuertes tensiones institucionales en el pasado, particularmente en los intentos de habilitar políticamente a Horacio Cartes, quien incluso llegó a jurar simbólicamente como senador activo, en medio de cuestionamientos legales y políticos.
Para sectores de la oposición y del constitucionalismo, estas iniciativas erosionan la seguridad jurídica y buscan forzar la Constitución para acomodarla a intereses coyunturales, debilitando el principio de supremacía constitucional.
La Constitución es clara:
Los ex presidentes no pueden ser senadores activos.
Tienen voz, pero no voto.
Cualquier cambio exige reforma constitucional.
Insistir en lo contrario no solo carece de sustento jurídico, sino que plantea un riesgo institucional, al instalar la idea de que la Constitución puede ser reinterpretada según conveniencias políticas del momento.
