El Juzgado Penal de Garantías especializado en Delitos Económicos reiteró a la Cámara de Diputados el pedido de desafuero del legislador liberal Cleto Giménez, imputado por el supuesto hecho punible de cobro indebido de honorarios en el marco del caso conocido como “nepobabies”.
La comunicación judicial fue notificada el jueves 18 de junio y recuerda que el pedido ya había sido remitido a la Cámara Baja por proveído de fecha 3 de julio de 2024. Sin embargo, el trámite continúa pendiente y no fue tratado hasta ahora en la plenaria.
La causa, identificada como “Danna Maricela Giménez Rotera y otros s/ honorarios”, involucra a las hijas del diputado, Danna Maricela y Johana Denisse Giménez Rotela, quienes fueron investigadas por cobro indebido de honorarios tras haber sido contratadas como asesoras en la Cámara de Diputados.
Ambas fueron beneficiadas con la suspensión condicional del procedimiento y quedaron obligadas a devolver la suma de G. 77.000.000, correspondiente al dinero cobrado.
Según la acusación, las hijas del legislador fueron contratadas bajo el objeto de gasto 144 y no estaban exceptuadas de registrar su horario de entrada y salida. Por el contrario, estaban sometidas al régimen jerárquico establecido en el reglamento interno de la Cámara de Diputados y debían marcar asistencia mediante el reloj biométrico, conforme al horario asignado por la Dirección de Recursos Humanos.
El juzgado recordó que, al existir una imputación fiscal contra Cleto Giménez, corresponde comunicar y remitir las actuaciones al pleno de la Cámara de Diputados, conforme a lo establecido en el artículo 191, párrafo 2º de la Constitución Nacional, y el artículo 328 del Código Procesal Penal.
El caso de Giménez se suma a otros pedidos de desafuero que aguardan tratamiento en la Cámara Baja. Esta semana también ingresó el urgimiento de desafuero del diputado Esteban Samaniego, mientras que el caso que avanzó con mayor rapidez fue el del diputado Mauricio Espínola, procesado por homicidio culposo tras un accidente de tránsito. Espínola solicitó a sus colegas que le concedan la medida, que finalmente fue aprobada.
Además de Giménez y Samaniego, siguen pendientes los pedidos de desafuero contra la diputada Roya Torres y el diputado Walter García.
En el caso de Roya Torres, la legisladora también fue imputada por la contratación de su hijo Elías Godoy en la Cámara Baja. Según la causa, el hijo de la diputada cobraba un salario, pero no asistía a trabajar. Posteriormente, accedió a una suspensión condicional tras un acuerdo con la Justicia.
