Un documento interno del Ministerio Público señala que la fiscala Patricia Sánchez habría sido objeto de una amenaza en el ejercicio de sus funciones, presuntamente proveniente del senador Hernán Rivas, en el marco del proceso penal que lo involucra.
Según el informe de la Dirección del Programa de Protección a Testigos, tras la recopilación de información y entrevistas, se determinó incluir a la agente fiscal dentro del Protocolo de Protección y Seguridad de Fiscales, lo que derivó en la asignación de custodia como medida urgente.
El expediente se originó a partir de una nota remitida el 31 de marzo de 2026 por la Dirección de Gabinete Ejecutivo, en la que se alertaba sobre una posible afectación al ejercicio de la función fiscal, basada en información proporcionada por una fuente reservada.
De acuerdo con los antecedentes, Sánchez había advertido al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, que su cargo estaría en riesgo si decidía recurrir ante la Corte Suprema el fallo de la Cámara de Apelación que benefició al legislador.
En paralelo, el Senado aprobó un pedido de informes dirigido al Ministerio Público para esclarecer los alcances de la denuncia. La decisión de responder o no al requerimiento
