El Senado analizará en su próxima sesión el pedido de permiso sin goce de dieta presentado por el senador colorado Erico Galeano, quien fue condenado a 13 años de prisión por lavado de dinero y asociación criminal en el marco del caso A Ultranza Py.
El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, confirmó que la solicitud será tratada en la plenaria, donde los legisladores deberán decidir si corresponde otorgar la licencia o avanzar con otras medidas políticas.
Pedido de licencia tras la condena
Galeano remitió una nota al titular del Senado solicitando permiso sin goce de sueldo hasta que la sentencia quede firme y ejecutoriada. El planteamiento surge en medio del debate sobre una eventual pérdida de investidura del legislador tras el fallo judicial en su contra.
En el documento, el senador argumenta que su pedido se basa en el principio constitucional de presunción de inocencia, establecido en el artículo 17 de la Constitución Nacional, señalando que la condena aún no se encuentra firme.
Asimismo, solicitó que, en caso de concederse el permiso, se tengan en cuenta las prerrogativas parlamentarias previstas en el artículo 191 de la Constitución, que establece que los legisladores no pueden ser detenidos desde el día de su elección hasta el cese de sus funciones.
Según expuso en su escrito, esa inmunidad también debería aplicarse mientras se encuentre en uso de una licencia otorgada por la Cámara.
Debate político en el Senado
El presidente del Congreso señaló que los senadores analizarán la situación en la plenaria y evaluarán distintas alternativas.
Entre las opciones que se mencionan en el ámbito legislativo figuran conceder el permiso solicitado, pedir la renuncia del legislador o iniciar un proceso de pérdida de investidura.
Condena en el caso A Ultranza Py
Galeano fue condenado la semana pasada por un Tribunal de Sentencia que concluyó que el legislador brindó apoyo logístico a una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, liderada por el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”.
Durante la lectura del fallo, el tribunal sostuvo que el senador recibió dinero proveniente de actividades ilícitas, recursos que —según la investigación— también habrían sido utilizados para beneficios vinculados al Club Deportivo Capiatá, institución con la que el parlamentario tuvo relación.
Aunque la Fiscalía había solicitado 17 años de prisión, el tribunal resolvió imponer una pena de 13 años de cárcel, tras un juicio que se extendió por aproximadamente seis meses.
La situación mantiene abierto el debate político en el Congreso sobre la continuidad del legislador en su banca mientras el proceso judicial continúa en instancias de apelación.
