Ricardo Preda, abogado del presidente Santiago Peña, defendió el crecimiento patrimonial del mandatario y sostuvo que el incremento registrado entre 2017 y 2023 corresponde a actividades desarrolladas en el sector privado.
Según los datos expuestos, el patrimonio neto de Peña pasó de poco más de G. 1.300 millones en 2017 a más de G. 23.000 millones en 2023. Preda afirmó que ese periodo “está fuera del análisis” de un eventual enriquecimiento ilícito, debido a que Peña no ejercía funciones públicas en esos años.
El abogado remarcó que la ley sanciona el aumento patrimonial injustificado mientras una persona ocupa un cargo público, y cuestionó que se pretenda investigar movimientos económicos provenientes de la actividad privada.
“Claro que se puede acrecentar el patrimonio en el sector privado”, expresó Preda, al advertir que no se puede instalar como sospechoso todo incremento de ingresos fuera de la función pública.
