Por segunda ocasión consecutiva, el exintendente de San Pedro del Ycuamandyyú, Gustavo Rodríguez (ANR-HC), logró suspender su audiencia preliminar en la causa que enfrenta por presunta lesión de confianza vinculada a una supuesta malversación de G. 2.269 millones durante su administración 2021-2022.
La diligencia debía realizarse ante el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, quien debía resolver si el caso se eleva o no a juicio oral y público. Sin embargo, el exjefe comunal presentó un certificado médico de reposo, lo que derivó en una nueva postergación.
No es la primera vez que ocurre. El pasado 27 de febrero, la defensa del político —integrada por los abogados Pascual Ocampo Alonso y Nelly Faviola De Jesús Irala Cáceres— ya había presentado un justificativo médico que permitió suspender la audiencia. Con este nuevo certificado, el proceso vuelve a dilatarse, en un expediente que arrastra cuestionamientos por el presunto uso irregular de fondos públicos.
Otros sí irán a juicio
Mientras Rodríguez posterga su comparecencia, cuatro exfuncionarios municipales ya enfrentan juicio oral: Vicente Darío Báez Benítez (director de Administración), Sergio Isasi Schweighart (cajero municipal), Fátima María Pereira Ocampo (fiscal de obras) y Gisselle Nohemi Irala Cáceres (tesorera).
La defensa de estos exfuncionarios planteó incidentes que deberán ser respondidos por la fiscal Elena Fiore, quien impulsa la acusación. También están procesados otros exresponsables administrativos, entre ellos contadores y directores de área.
En paralelo, la Fiscalía solicitó una prórroga para presentar requerimiento conclusivo contra el constructor Cañete Delgado, recientemente imputado en la misma causa. El juez otorgó plazo hasta el 28 de mayo de 2025.
La reiterada suspensión de audiencias en causas de alto impacto vuelve a poner en debate los tiempos de la justicia y la eficacia del sistema para garantizar que procesos por presuntos hechos de corrupción lleguen efectivamente a juicio.
