El intendente de Ñemby, Tomás Olmedo (ANR–Fuerza Republicana), avanza en su intento de reelección en medio de varias denuncias que no registran avances, mientras enfrenta un proceso que ya fue encaminado a juicio oral por presuntas irregularidades en la ejecución de obras públicas.
Entre los casos más sensibles figura una investigación iniciada de oficio por la Fiscalía en noviembre de 2023 por presunto abuso sexual de menores, hechos que habrían ocurrido cuando Olmedo se desempeñaba como director del Colegio Nacional Pablo Patricio Bogarín. Según la denuncia, las víctimas tenían entre 13 y 15 años.
La causa fue inicialmente impulsada por la fiscala Milena Basualdo, quien solicitó en dos ocasiones su desestimación, así como la prescripción.
Sin embargo, el Juzgado Penal de Garantías rechazó el planteamiento y la Fiscalía General dispuso la continuidad de la investigación, que pasó a manos de la agente Carmen Bogado, sin que hasta el momento se registren avances concretos.
El abogado de los denunciantes, Gerónimo González, cuestionó la inacción del Ministerio Público y denunció que se ignoraron elementos probatorios clave, como testimonios e informes psicológicos. “Las víctimas no solo cargan con lo ocurrido, sino también con el desinterés de la Fiscalía”, sostuvo.
Una segunda denuncia de características similares también fue presentada en Ñemby, pero se encuentra paralizada tras una recusación planteada por la defensa, según explicó la fiscala Lourdes Bobadilla.
A estas causas se suman otras denuncias impulsadas por la Contraloría Ciudadana de Ñemby, que lo señalan por presunta lesión de confianza y cobro indebido de honorario que involucra a tres funcionarias municipales que también cobraban salarios como docentes en el Ministerio de Educación y Ciencias.
El fiscal Luis Peralta explicó que dos de ellas devolvieron el dinero. En cambio, Celia Cabrera sigue figurando en la nómina de ambas instituciones y cobra en total G. 17 millones, según las planillas oficiales.
La misma organización lo acusó de irregularidades en la construcción de aulas y en la iluminación del cerro de Ñemby con un daño que ascendería a G. 248 millones en total, según la abogada Isabel Mazacote.
