Diputados de distintos sectores políticos presentaron un proyecto de ley que propone una racionalización del gasto público, en el marco de la denominada “economía de guerra”, con medidas que incluyen recortes de beneficios y la fijación de topes salariales en la función pública.
La iniciativa, denominada “Que establece medidas de racionalización del gasto público, fija topes a las remuneraciones y prohíbe beneficios económicos discrecionales”, busca enviar una señal de austeridad ante el creciente malestar ciudadano por los privilegios en el Estado.
Entre los principales puntos, se establece que ningún funcionario podrá percibir ingresos superiores al salario del presidente de la República, además de la eliminación de beneficios como seguros médicos privados, combustibles, gastos de representación, cátering y otros gastos considerados superfluos.
También se plantea eliminar el cobro por presentismo y recortar viáticos, con algunas excepciones para cargos que requieren viajes constantes, como el presidente y el canciller.
Los impulsores del proyecto estiman que estas medidas podrían generar un ahorro cercano a USD 8 millones, que serían redireccionados a sectores prioritarios.
El proyecto surge como una alternativa más amplia a la propuesta del presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, quien había planteado únicamente la eliminación de bonificaciones, lo que generó críticas desde diversos sectores.
La iniciativa será tratada en la Cámara de Diputados y podría contar con respaldo de diferentes bancadas, en un contexto de creciente presión por mayor transparencia y control del gasto público.
