Una nueva controversia política se abrió tras las declaraciones del director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, quien afirmó haber recibido una llamada y un mensaje de la gobernadora de Concepción, Liz Meza, en relación con la retención de dos camiones que transportaban estructuras metálicas destinadas a la fiesta de 15 años de su hija.
Según Orué, la comunicación existió y fue directa. “Fue mensaje y llamada. Me llamó, no le atendí porque no tenía su número. Luego me dijo quién era y volvió a llamar; ahí le atendí. Le expliqué que tenía que cumplir con eso (la retención)”, expresó el funcionario, aclarando que la gobernadora no actuó con prepotencia ni insistencia.
Sin embargo, la propia Liz Meza había manifestado públicamente el día anterior que nunca conversó con Orué sobre el procedimiento, lo que instala una evidente contradicción en el relato de ambos actores.
El episodio no solo genera interrogantes sobre quién dice la verdad, sino que también expone la sensibilidad institucional que implica la intervención de una autoridad política en un procedimiento administrativo vinculado a un evento de carácter privado. Aunque Orué sostuvo que la retención debía cumplirse conforme a la normativa, el solo hecho de la supuesta gestión directa reaviva el debate sobre los límites entre la función pública y los intereses personales.
La situación deja abierta una pregunta central: ¿existió o no la comunicación? Y, en caso afirmativo, ¿por qué fue negada inicialmente? La polémica agrega un nuevo capítulo a un episodio que ya había generado cuestionamientos por el uso de recursos y gestiones vinculadas a una celebración familiar.
