Johana Vega sale en defensa de su pareja y cuestiona a la Contraloría: “Petropar es apetecible por el dinero y el poder”
Según manifestó Vega, las observaciones formuladas por la CGR “no son reales ni se ajustan a la verdad”
La diputada nacional Johana Vega salió públicamente en defensa de su pareja, Eddie Jara, en medio de las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República (CGR) a su declaración jurada de bienes. La legisladora no solo rechazó los señalamientos, sino que acusó directamente al órgano contralor de “mentir” y de actuar con criterios selectivos.
Según manifestó Vega, las observaciones formuladas por la CGR “no son reales ni se ajustan a la verdad”, y responden —a su criterio— a intereses políticos vinculados al cargo que ocupa su pareja. “Hay muchos que están detrás del cargo de Eddie Jara”, afirmó, sugiriendo una presión sistemática sobre su entorno familiar.
La diputada sostuvo que Petropar, institución clave del Estado, se convirtió en un foco de disputa debido al volumen de recursos y al poder de decisión que implica su conducción. “Petropar es apetecible por el dinero y el poder que se tiene en el cargo”, puntualizó, dejando entrever que los cuestionamientos tendrían más relación con una puja política que con supuestas irregularidades administrativas.
En ese sentido, Vega reclamó a la Contraloría que aplique la misma vara de control a todos los funcionarios y autoridades bajo investigación, y no solo a su pareja. “Que se investigue a todos por igual y no se seleccione a quién exigirle explicaciones”, expresó, denunciando lo que considera un trato desigual y direccionado.
Las declaraciones de la parlamentaria se dan en un contexto de creciente tensión entre sectores políticos y los órganos de control del Estado, en momentos en que la transparencia patrimonial y la rendición de cuentas vuelven a estar en el centro del debate público.
Mientras tanto, desde la CGR aún no hubo una respuesta oficial a las acusaciones realizadas por la diputada. El caso mantiene abierta la discusión sobre el alcance de los controles, la independencia de los organismos fiscalizadores y el uso político de las investigaciones administrativas.
