G. 1.800 MILLONES EN VÍVERES PARA EL RALLY
DEFENSA COMPRÓ DESDE PICADILLO HASTA ALFAJORES PARA EL DESPLIEGUE MILITAR
Mientras el Gobierno enfrenta fuertes cuestionamientos por la falta de recursos en áreas sensibles como la salud pública, el Ministerio de Defensa Nacional destinó alrededor de G. 1.800 millones a la compra de alimentos para el personal militar desplegado durante el WRC Rally del Paraguay.
La adquisición incluyó productos como carne vacuna enlatada, picadillo, flanes, alfajores y bebidas isotónicas, destinados a efectivos militares distribuidos en distintos puntos del circuito durante el fin de semana de competencia.
Según los datos de las adjudicaciones, los víveres fueron organizados en seis lotes para abastecer a unidades de caballería, infantería, efectivos del Ejército y estudiantes del Colegio de Suboficiales.
Entre las empresas adjudicadas figura Agropecuaria Itá Itabó, con contratos por aproximadamente G. 358 millones para cubrir sectores sur, norte y este del circuito. También aparece Carni Shop, con una adjudicación cercana a los G. 110 millones para el sector occidental.
El monto global destinado a la provisión de alimentos generó cuestionamientos en redes sociales, especialmente por el contraste con el discurso de austeridad del Ejecutivo y la crisis que atraviesan actualmente distintos servicios públicos.
La polémica tomó todavía mayor fuerza con la circulación de imágenes de militares consumiendo algunos de los productos adquiridos durante el operativo del rally.
El gasto se conoce además en momentos en que médicos del sistema público reclaman mejores condiciones laborales, reajustes salariales y mayores recursos para hospitales, donde persisten denuncias por falta de insumos, medicamentos y personal especializado.
Periodistas intentaron obtener una explicación del ministro de Defensa, Óscar González, sobre el alcance de las compras y la composición del presupuesto destinado al operativo, pero hasta el momento no se obtuvo una respuesta pública sobre los cuestionamientos.
La discusión ya no pasa solamente por la necesidad de alimentar a los efectivos desplegados, sino por determinar si el volumen y el costo de las adquisiciones guardan proporción con el operativo realizado y con la política de austeridad que sostiene públicamente el Gobierno.
