El caso de presunto desvío de fondos en la Gobernación de Presidente Hayes vuelve a generar polémica tras la advertencia de que una Cámara de Apelaciones podría dejar sin efecto la condena dictada contra el exgobernador Óscar Núñez, sentenciado a 11 años de prisión por un perjuicio patrimonial superior a G. 42.000 millones.
La condena, establecida en la Sentencia Definitiva N° 572 del 14 de diciembre de 2023 por un Tribunal de Sentencia, concluyó que Núñez utilizó de manera irregular recursos públicos para fines personales y familiares durante su gestión.
Entre los hechos probados en juicio, se detalla el uso de dinero de la gobernación para el pago de deudas privadas, como una obligación derivada de una carrera de caballos, así como la entrega de millonarios montos en efectivo a través de cheques cobrados por terceros, muchos de ellos sin vínculo formal con la institución.
Asimismo, se comprobó que su entorno cercano también habría participado en el manejo irregular de fondos. Su hermano Julio Núñez habría recibido dinero público en su cuenta personal, mientras que su edecán, Edgar Pérez Gallardo, llegó a cobrar cheques por más de G. 1.800 millones que posteriormente eran entregados al entonces gobernador.
Por su parte, la exsecretaria de Administración y Finanzas, Nancy Núñez de Roussillón, fue condenada por utilizar recursos de la gobernación para gastos personales y familiares, incluyendo pagos vinculados a empresas de su entorno. En este esquema también aparece su esposo, el actual diputado Rubén Roussillón, quien habría cobrado cheques por más de G. 800 millones sin justificación.
El fallo también expone un patrón reiterado en el uso de cheques al portador, sin respaldo legal ni documentación que respalde la prestación de servicios, lo que evidenció un esquema sistemático de desvío de fondos públicos.
Otros implicados, como Edulfo Verón, Ernesto Delgado y Emigdio Benítez, también recibieron condenas de entre 3 y 7 años de prisión.
Pese a la contundencia de las pruebas presentadas en el juicio oral, la abogada María Esther Roa alertó que una Cámara de Apelaciones podría dejar sin efecto la sentencia, lo que abriría la posibilidad de impunidad en uno de los casos más relevantes de presunta corrupción en administraciones departamentales.
