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Declaración sin cambios: patrimonio de Montserrat Alliana se mantiene intacto pese a ingresos millonarios

Montserrat Alliana.

Tras su renuncia a la Cámara de Diputados, Montserrat Alliana Encina —hija del vicepresidente Pedro Alliana— presentó su declaración jurada de bienes ante la Contraloría General de la República. El documento no registra variaciones en su patrimonio respecto a su ingreso a la función pública, lo que genera cuestionamientos considerando el volumen de ingresos percibidos durante su permanencia en el cargo.

De acuerdo con los datos oficiales, Alliana declaró en octubre de 2023 un patrimonio total de G. 177.200.000, cifra que se mantiene sin modificaciones hasta su salida en abril de 2026. Esto, pese a que en ese periodo acumuló ingresos por G. 569.212.749, con un salario mensual de G. 18.274.300 como funcionaria de la Cámara de Diputados.

En su declaración figuran una cuenta de ahorro con G. 200.000 en el Banco Familiar, un automóvil Nissan valuado en G. 157 millones, además de otros bienes. También se consignan deudas por créditos y tarjetas que no presentan variación, al igual que sus egresos mensuales, fijados en G. 7.892.000 desde su primera presentación.

Montserrat Alliana, de 28 años, ingresó inicialmente al Ministerio de Justicia en septiembre de 2023 con un salario de G. 6 millones, y posteriormente fue comisionada a la Cámara de Diputados, donde ocupó el cargo de coordinadora de liquidación en la Dirección de Tesorería.

Su paso por la función pública estuvo marcado por cuestionamientos vinculados a presunto nepotismo, en el marco del caso conocido como “nepobabies”, que generó repercusiones políticas en el oficialismo. Incluso, fue incluida en una denuncia presentada ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, causa que posteriormente fue desestimada por el Ministerio Público.

La renuncia al cargo considerado de confianza se produjo el 7 de abril, y fue formalizada el 23 del mismo mes. Según explicó el vicepresidente Pedro Alliana, la decisión respondió a una oportunidad laboral en el sector privado, además de un problema de salud que requiere tratamiento.

El caso se da en un contexto político marcado por el posicionamiento interno dentro del movimiento Honor Colorado con miras a las elecciones generales de 2028, donde figuras como Raúl Latorre y Juan Carlos Baruja aparecen en la disputa por espacios de poder.

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