El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, quedó en el centro de cuestionamientos tras revelarse que durante el 2025 se otorgaron bonificaciones de hasta el 55% del salario base a funcionarios de su entorno en la Cámara de Senadores.
De acuerdo con el análisis de planillas oficiales, estos pagos fueron posibles gracias a una modificación en la Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN), que eliminó los topes externos establecidos por la Función Pública. Esto permitió aplicar beneficios mediante reglamentos internos, sin los límites habituales del 30% que rigen para el resto del sector público.
El esquema habría beneficiado principalmente a directores y funcionarios de confianza de la Presidencia del Senado, aunque también se extendió a empleados vinculados a otras bancadas, en lo que se interpreta como una estrategia para sostener equilibrios políticos dentro de la institución.
Uno de los casos más representativos es el del director de Gabinete, Fernando Sebastián Rolón Toja, quien pasó de percibir G. 27 millones en 2024 a G. 31,1 millones en 2025. Solo en concepto de bonificación por responsabilidad, llegó a cobrar alrededor de G. 11 millones, equivalente al 55% de su salario base.
La situación reaviva el debate sobre el uso de los recursos públicos y los mecanismos de asignación de beneficios dentro del Congreso, en un contexto de creciente presión ciudadana por mayor transparencia y control del gasto estatal.
