Arévalo arma empresa millonaria tras renunciar y la Contraloría detecta inconsistencias
El exdiputado y su esposa, la concejala Carolina González, constituyeron una firma por G. 3.300 millones que no fue declarada. Surgen dudas sobre el origen de los fondos y la participación de sus hijas.
Apenas cinco días después de renunciar a la Cámara de Diputados, el exlegislador colorado Orlando Arévalo constituyó la empresa “Gestión Educativa del Paraguay EAS”, junto a su esposa, la concejala de Lambaré Carolina “Carol” González, y sus hijas.
El dato no pasó desapercibido: la firma fue creada con un capital social de G. 3.300 millones, aunque solo se habría integrado inicialmente G. 100 millones en efectivo, según informes de la Contraloría General de la República (CGR) remitidos al Ministerio Público.
El problema no es solo el monto, sino que la sociedad no fue declarada por Arévalo en su declaración jurada de salida, lo que encendió las alarmas del órgano contralor y abrió interrogantes sobre la transparencia del patrimonio del exdiputado.
Un “olvido” difícil de sostener
Ante las observaciones, Arévalo intentó justificar la omisión como un “error no intencional”. Sin embargo, la CGR detectó contradicciones relevantes que van más allá de un simple descuido administrativo, y solicitó profundizar la investigación por posibles irregularidades.
La estructura societaria también genera dudas: además del matrimonio, figuran como accionistas sus hijas y una tercera joven, quienes habrían aportado G. 20 millones cada una.
No obstante, registros comerciales indican que algunas de ellas mantienen deudas por tarjetas de crédito, cuotas de vehículos y otros compromisos financieros, lo que pone en cuestión su capacidad real para participar en una sociedad de este nivel.
Poder político y negocios
El caso también salpica directamente al escenario político de Lambaré, donde Carolina González se perfila como precandidata a intendenta con respaldo de figuras del oficialismo.
La Contraloría advierte que la creación de esta empresa, sumada a las omisiones en la declaración jurada, plantea serias dudas sobre la trazabilidad de los fondos y el uso del poder político para estructurar negocios familiares.
El caso ya está en manos del Ministerio Público, que deberá determinar si se trata de una irregularidad administrativa o de un esquema más amplio vinculado al manejo de recursos no declarados.
