Presunta orden de Peña para “empujar” candidatura de Camilo Pérez reaviva cuestionamientos sobre uso político del Gobierno

Según fuentes políticas consultadas por este medio, el presidente Santiago Peña habría instruido esta semana a ministros y altos funcionarios a “ayudar” a la candidatura de Camilo Pérez para la intendencia de Asunción. La reunión, realizada en los últimos días, habría girado en torno a la necesidad de “fortalecer” la imagen del candidato y sostener el control político de la capital.

El trascendido se produce en un contexto sensible: encuestas internas y sondeos públicos muestran que Camilo Pérez no logra despegar en intención de voto, pese al respaldo orgánico de presidentes de seccionales y a la estructura partidaria desplegada en el territorio. Esta situación habría motivado la intervención directa del Ejecutivo, lo que vuelve a poner en discusión la línea que separa la gestión pública de la estrategia electoral.

De confirmarse estas versiones, el escenario plantea un problema institucional: el eventual uso de recursos, tiempo o influencia del Gobierno Central para apuntalar una candidatura municipal. Especialistas en derecho público recuerdan que los ministros están obligados a priorizar funciones administrativas y políticas públicas, no campañas partidarias.

Por otro lado, el caso también expone debilidades internas en la candidatura de Pérez. A pesar del respaldo político formal, el bajo nivel de adhesión ciudadana sugiere que el problema no sería solo de estructura, sino de propuesta, credibilidad y conexión con el electorado asunceno, golpeado por años de crisis municipal y endeudamiento.

Desde el entorno presidencial y del comando de campaña de Camilo Pérez no se emitieron, hasta el cierre de esta nota, aclaraciones oficiales sobre la supuesta reunión ni sobre las instrucciones atribuidas al mandatario.

Mientras tanto, el episodio alimenta el debate público: ¿está el Gobierno concentrado en resolver los problemas nacionales o en sostener posiciones de poder territorial? Y, al mismo tiempo, deja en evidencia que el respaldo partidario no garantiza automáticamente respaldo ciudadano.