Las demoras del Estado en el pago de obras ya ejecutadas volvieron a ser cuestionadas, al advertirse que el Gobierno corre el riesgo de convertirse en uno de los principales morosos dentro de la propia economía.
Desde sectores vinculados al ámbito económico y de la construcción señalan que el incumplimiento de los compromisos financieros por parte del Estado no solo afecta a las empresas contratistas, sino que también impacta directamente en el empleo y en toda la cadena productiva que depende de la ejecución de obras públicas.
Según el planteamiento, cuando el Gobierno retrasa los pagos por trabajos ya realizados, se frena la circulación de dinero en la economía, lo que termina golpeando a trabajadores, proveedores y pequeñas empresas vinculadas a los proyectos.
Las críticas apuntan a que, si el país pretende atraer inversión, sostener el crecimiento económico y generar desarrollo, el Estado debería comenzar por cumplir con un principio básico: honrar sus compromisos y pagar en tiempo y forma.
En ese sentido, advierten que la falta de liquidez generada por los atrasos puede paralizar proyectos, afectar la confianza en la gestión pública y debilitar el ritmo de crecimiento económico que el país busca consolidar.
