El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR-Capital), anunció su respaldo al proyecto de ley que busca endurecer las penas para los hechos de corrupción y sostuvo que el combate contra este flagelo debe abarcar tanto al sector público como al privado.
Durante el tratamiento de la iniciativa en la Cámara Baja, Latorre afirmó que la corrupción constituye un problema que atraviesa distintos ámbitos de la sociedad y remarcó que la respuesta debe ir acompañada de una lucha firme contra la impunidad.
“La corrupción es un problema transversal que atraviesa absolutamente todos los sectores de la sociedad, el sector público y el sector privado”, señaló.
El titular de Diputados sostuvo que el endurecimiento de las sanciones representa una señal política importante, aunque advirtió que el aumento de las penas, por sí solo, no resolverá el problema.
“Tenemos que combatir la corrupción y la impunidad, todos juntos, con todas nuestras fuerzas”, expresó.
Pide una Justicia más eficiente
Latorre también puso el foco en el funcionamiento del sistema judicial y señaló que el país necesita una Justicia capaz de responder de manera equilibrada y oportuna ante los hechos de corrupción.
“Tenemos que trabajar en el sistema de justicia, para que verdaderamente pueda existir justicia en el Paraguay. Una justicia equilibrada, una justicia oportuna, porque la justicia tardía tampoco es justicia”, manifestó.
El diputado afirmó además que la clase política tiene la responsabilidad de enviar señales concretas a la ciudadanía sobre su voluntad de enfrentar la corrupción.
“Nosotros, la clase política, tenemos que realizar gestos y señales claras de nuestra voluntad para combatir de manera frontal la corrupción y la impunidad”, sostuvo.
Finalmente, adelantó su acompañamiento a la propuesta y reconoció que la modificación legislativa no constituye una solución definitiva, aunque la calificó como un paso concreto para endurecer la respuesta del Estado.
El proyecto modifica varios artículos del Código Penal y de la Ley Nº 2523/04, que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias.
La iniciativa fue aprobada en general por la Cámara de Diputados y continuará su estudio con las modificaciones planteadas durante el tratamiento legislativo.
