Mientras la esposa de Marset está en prisión, el senador Erico Galeano sigue libre. El caso A Ultranza Py, considerado el mayor golpe al narcotráfico en la historia reciente del Paraguay, volvió a poner en evidencia una realidad incómoda: la Justicia actúa con dureza cuando no hay poder político de por medio, pero se vuelve lenta y complaciente cuando los imputados ocupan cargos institucionales.
La situación de Gianina García Troche, esposa de Sebastián Marset y madre de sus hijos, contrasta de manera brutal con la del senador colorado Erico Galeano, ambos imputados dentro del mismo esquema criminal.
De prófuga internacional a extraditada
Gianina García Troche fue detenida en julio de 2024 en el Aeropuerto de Barajas, Madrid, cuando intentaba ingresar a España con pasaporte uruguayo, luego de haber sido expulsada de Dubái, donde la familia Marset se encontraba radicada. Sobre ella pesaba una notificación roja de Interpol y llevaba dos años prófuga de la justicia paraguaya.
Tras varios meses de proceso judicial en España, ese país priorizó el pedido de extradición de Paraguay por sobre el de Bolivia. García Troche renunció a solicitar asilo, lo que allanó el camino para su traslado.
Finalmente, el 21 de mayo de 2025 fue extraditada a Paraguay, arribando a Asunción bajo un fuerte operativo de seguridad, con acompañamiento de autoridades paraguayas y respaldo del gobierno de los Estados Unidos.
Hoy, está privada de libertad y sometida al proceso penal.
Los cargos: lavado y organización criminal
El Ministerio Público paraguayo la imputa por lavado de activos y organización criminal, atribuyéndole un rol clave en la estructura financiera del esquema liderado por Sebastián Marset.
Según la acusación fiscal: Constituyó sociedades comerciales. Abrió y administró cuentas bancarias. Diseñó estructuras para blanquear y mover dinero proveniente del tráfico internacional de cocaína. Aseguró la circulación de las ganancias del narcotráfico en Paraguay y otros países.
Por estos hechos, enfrenta una expectativa de pena que va de 5 a 15 años, pero que podría llegar hasta 25 años de prisión, atendiendo la gravedad y el carácter transnacional de la organización criminal. Además, en Bolivia también existen procesos abiertos en su contra.
El contraste
Mientras García Troche fue perseguida internacionalmente, detenida, extraditada y encarcelada, el senador Erico Galeano, imputado por:
- Prestar su aeronave a la organización de Marset e “Insfrán”.
- Brindar apoyo logístico directo al esquema narco.
- Obtener beneficios económicos del narcotráfico.
- Lavar dinero mediante la compra de un inmueble de lujo en Altos, Cordillera, continúa el proceso en libertad, sin prisión preventiva ni medidas que reflejen la gravedad de los hechos atribuidos por la propia Fiscalía.
Misma causa, distinta justicia
Ambos están imputados dentro del mismo expediente. Ambos son señalados como piezas funcionales a una red que, desde 2019, compraba cocaína en Bolivia, la ingresaba a Paraguay y la enviaba a Europa por vía marítima.
La diferencia no está en la causa. No está en la prueba. No está en la gravedad de los delitos. La diferencia está en el poder político.
Una justicia selectiva
El mensaje que deja A Ultranza Py es demoledor: cuando el imputado no tiene fueros, la justicia actúa con rapidez y contundencia; cuando tiene banca política, el sistema se vuelve garantista hasta la parálisis.
Gianina García Troche está presa, extraditada y con una expectativa real de décadas en prisión.
Erico Galeano sigue libre, activo y protegido por el sistema.
Y esa desigualdad no es un error judicial: es una decisión política disfrazada de legalidad.
Porque cuando el narcotráfico llega al Congreso y no hay cárcel, el problema ya no es solo criminal: es institucional.
