Política

Categoría: ANR

  • Cumpleaños con mitin incluido: el festejo del intendente que terminó en polémica

    Cumpleaños con mitin incluido: el festejo del intendente que terminó en polémica

    Vecinos del barrio Estanzuela de Areguá denunciaron que el intendente Denis Torres habría cerrado una calle para realizar un festejo por su cumpleaños, actividad que además habría servido como mitin político para el lanzamiento de la candidatura a intendente de Jorge García.

    La denuncia fue realizada por Jorge García Riart, poblador de la zona, quien explicó en Radio Monumental 1080 AM que el evento se llevó a cabo durante la noche del martes.

    Según el relato del vecino, se instaló un toldo en medio de la calle para preparar un asado, mientras que los asistentes compartían en un tinglado de gran tamaño montado en el lugar.

    “No solamente cerró la calle para cocinar el asado, también dejaron toda la basura”, reclamó el denunciante.

    El poblador señaló que si bien no se trata de una calle principal, el camino funciona como vía de acceso a varias viviendas del sector, lo que generó molestias entre los residentes.

    Tras el evento, en el sitio quedaron bolsas de basura, botellas y restos de carbón, además de evidencias del festejo que incluyó presentaciones de grupos musicales y una importante concurrencia de personas.

    Los vecinos cuestionan el uso del espacio público para actividades privadas y políticas, además del impacto ambiental generado por los residuos que quedaron en el lugar.

  • Chaqueñito defiende adjudicación de departamento del MUVH y afirma que “no fue fácil” acceder al crédito

    Chaqueñito defiende adjudicación de departamento del MUVH y afirma que “no fue fácil” acceder al crédito

    El senador Javier Vera obtuvo un departamento de G. 370 millones en Luque mediante el programa de Viviendas Económicas. El caso genera debate porque su salario supera el rango de ingresos previsto para los beneficiarios.

    El senador Javier “Chaqueñito” Vera fue adjudicado con un departamento valuado en G. 370 millones dentro del programa de Viviendas Económicas del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH). El inmueble forma parte del Edificio Residentas I, ubicado en la ciudad de Luque, Departamento Central.

    La adjudicación generó debate debido a que el ingreso mensual del legislador supera el límite establecido para los beneficiarios del programa habitacional. No obstante, el titular del MUVH, Juan Carlos Baruja, aseguró que no existe impedimento legal para que el parlamentario acceda al financiamiento.

    “No fue fácil”, sostiene el senador

    Consultado sobre el tema, Vera evitó extenderse en explicaciones y señaló que las aclaraciones ya fueron realizadas por el ministro Baruja.

    “Ya explicó ayer Baruja en la prensa”, expresó el legislador, quien además sostuvo que el proceso para acceder al crédito no fue sencillo.

    “Me llevó cinco meses obtenerlo y no fue fácil”, afirmó el senador, agregando que aún le quedan muchos años para completar el pago del inmueble.

    “Ahora me restan muchoooos años para pagar todo”, comentó.

    Condiciones del financiamiento

    Según la Resolución N.º 1363 del 29 de julio de 2025, el contrato establece que el departamento tiene un valor total de G. 370 millones.

    El esquema de pago contempla:

    • Entrega inicial: G. 2.500.000

    • Saldo financiado: G. 367.500.000

    • Plazo: 240 meses (20 años)

    Además, el contrato incluye G. 450.000 en concepto de gastos administrativos.

    Las cuotas mensuales ascienden a G. 2.849.224, monto que ya incluye el seguro contra incendios. También se establecen intereses moratorios del 7% anual y un interés punitorio del 2,1% anual sobre cuotas vencidas.

    El documento contractual prevé que si el adjudicatario deja de pagar cinco cuotas consecutivas, el MUVH podrá bloquear la cuenta del beneficiario e incluso rescindir el contrato.

    Debate por el rango de ingresos

    De acuerdo con las reglas del programa de Viviendas Económicas, los beneficiarios deben contar con ingresos de entre 1,5 y 7 salarios mínimos, lo que equivale a un máximo aproximado de G. 20.293.000 mensuales.

    Sin embargo, el salario del senador Javier Vera alcanza los G. 37.900.000, lo que generó cuestionamientos sobre su acceso al plan habitacional.

    Ante las críticas, el ministro Juan Carlos Baruja explicó que existe una resolución especial que permite adjudicar departamentos de mayor valor a personas con ingresos más altos, especialmente en proyectos como el de Luque.

    “Los beneficiarios deben contar con mayores ingresos, como es el caso de Luque”, señaló el titular del MUVH, insistiendo en que no existe ninguna irregularidad en la adjudicación.

  • «Javier Vera» alias Chaqueñito en el borde de la tormenta

    «Javier Vera» alias Chaqueñito en el borde de la tormenta

    La asignación de una vivienda financiada por el MUVH al senador genera interrogantes sobre los criterios utilizados y su capacidad de pago una vez que deje el cargo.

    La adjudicación de un departamento de alto valor al senador Javier “Chaqueñito” Vera por parte del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) comenzó a generar cuestionamientos públicos sobre los criterios utilizados para otorgar el financiamiento.

    De acuerdo con los datos conocidos, la cuota del inmueble rondaría los G. 3 millones mensuales durante un plazo de 20 años, lo que abre interrogantes sobre cómo el legislador afrontaría el compromiso financiero una vez que finalice su mandato parlamentario en 2028.

    El caso también reavivó el debate sobre el acceso real de los ciudadanos a los programas de vivienda del Estado, especialmente en relación con los requisitos y parámetros establecidos por el propio MUVH para acceder a estos beneficios.

    La periodista Rocío Pereira da Costa planteó públicamente la controversia al señalar: “La gente que trabaja honestamente, ¿va a tener la misma suerte de obtener este financiamiento sin cumplir estrictamente los parámetros del MUVH?”.

    Las dudas se centran en si las condiciones aplicadas al caso del senador se ajustan realmente a los criterios técnicos y sociales que rigen los programas habitacionales, o si se trata de un tratamiento preferencial.

    El tema volvió a instalar el debate sobre la transparencia en la asignación de viviendas financiadas por el Estado, especialmente cuando los beneficiarios ocupan cargos públicos o cuentan con exposición política.

  • “El Estado debe cumplir”: Arnoldo Wiens cuestiona atrasos en pagos y alerta freno a la economía

    “El Estado debe cumplir”: Arnoldo Wiens cuestiona atrasos en pagos y alerta freno a la economía

    Las demoras del Estado en el pago de obras ya ejecutadas volvieron a ser cuestionadas, al advertirse que el Gobierno corre el riesgo de convertirse en uno de los principales morosos dentro de la propia economía.

    Desde sectores vinculados al ámbito económico y de la construcción señalan que el incumplimiento de los compromisos financieros por parte del Estado no solo afecta a las empresas contratistas, sino que también impacta directamente en el empleo y en toda la cadena productiva que depende de la ejecución de obras públicas.

    Según el planteamiento, cuando el Gobierno retrasa los pagos por trabajos ya realizados, se frena la circulación de dinero en la economía, lo que termina golpeando a trabajadores, proveedores y pequeñas empresas vinculadas a los proyectos.

    Las críticas apuntan a que, si el país pretende atraer inversión, sostener el crecimiento económico y generar desarrollo, el Estado debería comenzar por cumplir con un principio básico: honrar sus compromisos y pagar en tiempo y forma.

    En ese sentido, advierten que la falta de liquidez generada por los atrasos puede paralizar proyectos, afectar la confianza en la gestión pública y debilitar el ritmo de crecimiento económico que el país busca consolidar.

  • Condenada por “detergentes de oro” proyecta retorno político en la Municipalidad de Asunción

    Condenada por “detergentes de oro” proyecta retorno político en la Municipalidad de Asunción

    La exfuncionaria municipal Nidia López, condenada en el conocido caso de los “detergentes de oro”, volvió a generar polémica tras anunciar públicamente su intención de retomar protagonismo dentro de la Municipalidad de Asunción en el marco de una estrategia política vinculada al concejal Miguel Sosa.

    Las declaraciones se realizaron durante una reunión con dirigentes del barrio Bernardino Caballero, donde López aseguró que el actual edil sería el concejal más votado en las próximas elecciones municipales y que posteriormente podría asumir la presidencia de la Junta Municipal de Asunción.

    “Miguel va a ser el próximo presidente de la Junta porque va a ser el más votado y yo, Nidia López, voy a estar frente a él para seguir trabajando bien”, expresó ante los presentes.

    Plan político y permanencia en el Estado

    De acuerdo con lo manifestado por la propia López, su estrategia consistiría en mantenerse actualmente en su cargo dentro de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA) y posteriormente volver a desempeñar funciones dentro de la administración municipal.

    La posibilidad de su retorno al entorno de la comuna capitalina genera cuestionamientos debido a los antecedentes judiciales vinculados a su gestión anterior en la Municipalidad de Asunción.

    Antecedentes del caso “detergentes de oro”

    López fue condenada en el proceso judicial conocido como “detergentes de oro”, una investigación que expuso presuntas irregularidades en la compra de productos de limpieza durante su paso por la administración municipal.

    Las pesquisas señalaron que se realizaron adquisiciones con precios considerablemente inflados, lo que habría provocado un perjuicio económico a las arcas municipales.

    Además, informes de la Contraloría General de la República también mencionaron gastos millonarios sin respaldo documental suficiente relacionados con el caso.

    Reacciones en el ámbito político

    Pese a estos antecedentes, López continúa ocupando un cargo dentro del aparato estatal, lo que ha generado cuestionamientos en distintos sectores políticos.

    Según versiones que circulan dentro del Partido Colorado, incluso en el sector Honor Colorado, existe sorpresa por el nivel de influencia política que mantiene la exfuncionaria.

    También se mencionan críticas sobre la presencia de dirigentes seccionales que figurarían como funcionarios en la institución donde actualmente se desempeña, pese a dudas sobre su asistencia efectiva.

    En este contexto, el anuncio de su eventual retorno al entorno de la Municipalidad de Asunción, vinculado a la candidatura del concejal Miguel Sosa, vuelve a instalar el debate político sobre la presencia de figuras cuestionadas dentro de la administración pública capitalina.

  • Denuncian supuesto caso de coacción sexual dentro del MOPC

    Denuncian supuesto caso de coacción sexual dentro del MOPC

    Una grave denuncia por presunta coacción sexual sacude al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), luego de que trascendiera un supuesto episodio ocurrido dentro de las instalaciones de la institución.

    De acuerdo con los datos preliminares, el hecho se habría producido en el interior de un ascensor del edificio, lo que generó alarma y cuestionamientos dentro del organismo estatal.

    Hasta el momento, no se han divulgado oficialmente mayores detalles sobre las circunstancias del caso ni la identidad de las personas involucradas, mientras se aguarda que las autoridades competentes avancen con las verificaciones correspondientes.

    La situación generó repercusiones dentro del ámbito institucional, ya que se trata de una denuncia de alta gravedad que, de confirmarse, podría derivar en una investigación penal

  • Senado analizará pedido de permiso de Erico Galeano tras condena de 13 años

    Senado analizará pedido de permiso de Erico Galeano tras condena de 13 años

    El Senado analizará en su próxima sesión el pedido de permiso sin goce de dieta presentado por el senador colorado Erico Galeano, quien fue condenado a 13 años de prisión por lavado de dinero y asociación criminal en el marco del caso A Ultranza Py.

    El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, confirmó que la solicitud será tratada en la plenaria, donde los legisladores deberán decidir si corresponde otorgar la licencia o avanzar con otras medidas políticas.

    Pedido de licencia tras la condena

    Galeano remitió una nota al titular del Senado solicitando permiso sin goce de sueldo hasta que la sentencia quede firme y ejecutoriada. El planteamiento surge en medio del debate sobre una eventual pérdida de investidura del legislador tras el fallo judicial en su contra.

    En el documento, el senador argumenta que su pedido se basa en el principio constitucional de presunción de inocencia, establecido en el artículo 17 de la Constitución Nacional, señalando que la condena aún no se encuentra firme.

    Asimismo, solicitó que, en caso de concederse el permiso, se tengan en cuenta las prerrogativas parlamentarias previstas en el artículo 191 de la Constitución, que establece que los legisladores no pueden ser detenidos desde el día de su elección hasta el cese de sus funciones.

    Según expuso en su escrito, esa inmunidad también debería aplicarse mientras se encuentre en uso de una licencia otorgada por la Cámara.

    Debate político en el Senado

    El presidente del Congreso señaló que los senadores analizarán la situación en la plenaria y evaluarán distintas alternativas.

    Entre las opciones que se mencionan en el ámbito legislativo figuran conceder el permiso solicitado, pedir la renuncia del legislador o iniciar un proceso de pérdida de investidura.

    Condena en el caso A Ultranza Py

    Galeano fue condenado la semana pasada por un Tribunal de Sentencia que concluyó que el legislador brindó apoyo logístico a una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, liderada por el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”.

    Durante la lectura del fallo, el tribunal sostuvo que el senador recibió dinero proveniente de actividades ilícitas, recursos que —según la investigación— también habrían sido utilizados para beneficios vinculados al Club Deportivo Capiatá, institución con la que el parlamentario tuvo relación.

    Aunque la Fiscalía había solicitado 17 años de prisión, el tribunal resolvió imponer una pena de 13 años de cárcel, tras un juicio que se extendió por aproximadamente seis meses.

    La situación mantiene abierto el debate político en el Congreso sobre la continuidad del legislador en su banca mientras el proceso judicial continúa en instancias de apelación.

  • Juicio contra intendenta de Valenzuela entra en fase de alegatos

    Juicio contra intendenta de Valenzuela entra en fase de alegatos

    Este viernes continúa, desde las 08:30, la tercera jornada del juicio oral y público contra la intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández (PLRA), acusada por el Ministerio Público de un presunto esquema de lesión de confianza que habría causado un perjuicio cercano a G. 1.199 millones a la Municipalidad.

    De acuerdo con el fiscal Néstor Coronel, durante la audiencia prevista para hoy se presentarán los alegatos iniciales de las partes, etapa clave dentro del proceso judicial.

    En el desarrollo del juicio, la defensa de la jefa comunal solicitó la realización de una nueva pericia sobre las obras ejecutadas en el año 2019, pedido que fue admitido por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por las juezas Karina Jazmín Cáceres, Ana Rodríguez y Yolanda Morel.

    Supuesto esquema de desvío de fondos

    Según la acusación fiscal, la intendenta habría actuado en conjunto con funcionarios municipales, fiscalizadores de obras y contratistas para desviar recursos de la administración comunal.

    La investigación sostiene que el presunto perjuicio se habría concretado mediante obras que figuraban solo en documentos o que habrían sido pagadas en más de una ocasión, generando el millonario daño patrimonial denunciado.

    Otros acusados en el proceso

    Además de la intendenta, también afrontan el juicio oral:

    • Cristhian David Flecha Fernández, tesorero municipal.

    • Sergio Ariel Flecha Fernández, funcionario municipal y hermano del tesorero.

    • Carlos Samudio Sánchez y Aníbal Samudio Sánchez, proveedores del Estado.

    • Maglio César Nelson Muñoz Díaz, contratista.

    • Verónica Acosta Cantero, secretaria municipal.

    Por su parte, los contratistas Blásido Candia y María Liz Fleitas ya fueron condenados en el 2023 mediante procedimiento abreviado a dos años de prisión con suspensión de la pena, además de la obligación de restituir G. 110 millones cada uno, en cuotas mensuales.

    El proceso judicial continúa con la presentación de pruebas y argumentos de las partes, mientras el Tribunal deberá determinar la eventual responsabilidad penal de los acusados en el presunto perjuicio a las arcas municipales.

  • Cuestionan a concejal Miguel Sosa por promocionar becas que estudiantes consideran “sin validez”

    Cuestionan a concejal Miguel Sosa por promocionar becas que estudiantes consideran “sin validez”

    El concejal de Asunción Miguel Sosa enfrenta cuestionamientos luego de promocionar supuestos programas de becas dirigidos a jóvenes, los cuales según denuncias de estudiantes no contarían con validez académica ni con la cobertura anunciada.

    De acuerdo con testimonios de varios participantes, los certificados entregados tras los cursos o capacitaciones no serían reconocidos por instituciones educativas ni por el sistema formal de formación, lo que genera dudas sobre el verdadero alcance de los beneficios promocionados.

    Los jóvenes que se inscribieron aseguran que lo presentado como oportunidades de formación o becas no estaría cumpliendo con las condiciones anunciadas inicialmente, lo que alimenta críticas sobre la utilización de este tipo de programas como herramienta de promoción política.

    El caso abrió interrogantes sobre la transparencia y el control de iniciativas educativas impulsadas desde el ámbito político, especialmente cuando estas se presentan como oportunidades reales de capacitación para estudiantes y terminan generando frustración entre los beneficiarios.

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  • Fue hallado culpable de lavado de dinero y asociación criminal en la causa derivada del operativo A Ultranza Py, que investiga una red ligada a Sebastián Marset y “Tío Rico”.

    Fue hallado culpable de lavado de dinero y asociación criminal en la causa derivada del operativo A Ultranza Py, que investiga una red ligada a Sebastián Marset y “Tío Rico”.

    El senador colorado Erico Galeano fue condenado a 13 años de prisión tras ser hallado culpable por los delitos de lavado de dinero y asociación criminal, en el marco del proceso judicial derivado del operativo A Ultranza Py.

    La sentencia fue dictada por el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Pablino Barreto, Inés Galarza y Juan Dávalos, quienes concluyeron que el legislador mantuvo vínculos con la estructura criminal liderada por el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, actualmente prófugo, y Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, recluido en el penal de máxima seguridad de Minga Guazú.

    Operaciones financieras bajo sospecha

    Durante el juicio se analizó, entre otros elementos, la venta de una residencia de lujo ubicada en Aqua Village, en la ciudad de Altos, operación que se realizó mediante un contrato privado, mecanismo que —según el Tribunal— habría sido utilizado para evitar alertas de los organismos de control.

    Los magistrados destacaron que el inmueble fue vendido por USD 1.000.000 en efectivo durante el periodo de emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, mientras que la transferencia formal de la propiedad a nombre del comprador se concretó recién el 9 de noviembre de 2021, más de un año después de la operación.

    La Fiscalía sostiene que el dinero recibido por Galeano provendría de actividades vinculadas al tráfico internacional de drogas hacia Europa, desarrolladas por la organización criminal investigada.

    Uso de aeronave y apoyo logístico

    Otro de los puntos abordados durante el juicio fue el presunto uso de una aeronave con matrícula ZP-VHQ, registrada a nombre de la empresa Alpina S.A., vinculada al senador.

    Según la acusación, la aeronave habría sido utilizada para trasladar a integrantes de la organización criminal, entre ellos Sebastián Marset y Tío Rico, en vuelos realizados en noviembre y diciembre de 2020.

    El Tribunal sostuvo que proporcionar este tipo de recursos constituye apoyo logístico a una estructura criminal, conducta sancionada por la legislación penal paraguaya.

    Argumentos de la defensa

    La defensa del senador solicitó su absolución al considerar que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no demostraban los cargos imputados.

    Los abogados reconocieron la compra del terreno en Aqua Village por USD 210.599 en 2013 y su posterior venta por USD 1.000.000, pero cuestionaron la veracidad de los registros de vuelos presentados por la Fiscalía.

    Para sustentar su argumento, citaron informes del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, señalando inconsistencias entre esos registros y los vuelos mencionados por la acusación.

    Durante el juicio, Galeano se declaró “totalmente inocente” y calificó el proceso como una “persecución política”, solicitando al Tribunal que se haga justicia.

    Sentencia y lectura completa

    Aunque la Fiscalía había solicitado una condena de 17 años de prisión, el Tribunal resolvió imponer una pena de 13 años de cárcel.

    El juicio se extendió durante seis meses, y la lectura completa de la sentencia fue fijada para el 11 de marzo a las 13:00.

    En su argumentación, el presidente del Tribunal afirmó que quedó probado que Galeano apoyó operativamente a una organización transnacional dedicada al tráfico de drogas entre 2020 y 2021, además de recibir dinero de origen ilícito que habría utilizado para beneficiarse económicamente y para el Club Deportivo Capiatá, institución que presidía.