La Fiscalía sostiene que el exministro del Interior recibió favores de Marcus Vinicius, quien buscaba proveer insumos tácticos al Estado paraguayo. La defensa denuncia manipulación de pruebas y nulidades en el proceso.
Este miércoles comenzó el juicio oral y público contra el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, acusado por el Ministerio Público por el supuesto hecho punible de cohecho pasivo agravado, en el marco de su presunta vinculación con el ciudadano brasileño Marcus Vinicius, investigado por narcotráfico en Brasil.
Según la tesis fiscal, Marcus Vinicius habría intentado posicionarse como proveedor de equipamientos tácticos para la Policía Nacional, lo que habría motivado un acercamiento al entonces titular del Ministerio del Interior. La acusación sostiene que, en ese contexto, Giuzzio habría recibido beneficios indebidos, entre ellos el uso de una camioneta propiedad del ciudadano brasileño durante su estadía en territorio brasileño entre el 26 de diciembre de 2021 y el 7 de enero de 2022.
En el escrito acusatorio se afirma que, con base en el material probatorio colectado, existen elementos que permiten concluir que el exministro tenía conocimiento de las intenciones comerciales de Marcus Vinicius y que dicha relación excedía el ámbito estrictamente institucional.
La agente fiscal Verónica Valdez, encargada de sostener la acusación en juicio, solicitó la incorporación y producción de diversas pruebas documentales y testimoniales para sustentar la responsabilidad penal atribuida al exsecretario de Estado.
Por su parte, Giuzzio rechaza las imputaciones y sostiene que el proceso presenta irregularidades sustanciales. Afirma que se manipularon evidencias, que se incautaron documentos sin orden judicial y que se habrían sustraído elementos de su domicilio sin las debidas garantías legales. La defensa técnica, encabezada por la abogada Gilvi Quiñónez, argumenta que no se configuró hecho punible alguno, ya que no existió contrato concreto entre el ciudadano brasileño y el Ministerio del Interior ni se acreditó la recepción de beneficio indebido por parte del acusado. Asimismo, sostiene que el propio Marcus Vinicius negó haber prestado el vehículo en las condiciones señaladas por la Fiscalía.
El juicio es llevado adelante por un Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Adriana Planás, Matías Garcete y Yolanda Morel, quienes deberán analizar las pruebas presentadas por ambas partes y determinar si corresponde una condena o absolución.
El proceso reviste alta relevancia política e institucional, dado que involucra a un exministro del Interior en funciones durante el actual periodo gubernamental y plantea cuestionamientos sobre la relación entre autoridades públicas y actores investigados por crimen organizado.
