La administración del exintendente colorado Tomás Olmedo vuelve a quedar bajo la lupa judicial. La Fiscalía sostiene que la Municipalidad de Ñemby habría pagado por obras que ya estaban ejecutadas, en el marco de una licitación cercana a G. 10.000 millones. El exjefe comunal deberá enfrentar un juicio oral y público por presuntos hechos de estafa y lesión de confianza.
La gestión municipal del exintendente de Ñemby, Tomás Olmedo (ANR), enfrentará uno de sus momentos judiciales más delicados luego de que el juez penal de Garantías Rodrigo Estigarribia resolviera elevar a juicio oral y público la causa que investiga un supuesto perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 738 millones a las arcas municipales.
El magistrado rechazó los incidentes de nulidad de la acusación y el pedido de sobreseimiento definitivo promovidos por la defensa, habilitando así que las presuntas irregularidades sean examinadas por un Tribunal de Sentencia.
MILLONARIA LICITACIÓN BAJO SOSPECHA
El caso tiene su origen en una licitación de aproximadamente G. 10.000 millones, destinada a trabajos de empedrado e iluminación en diferentes sectores de Ñemby.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, funcionarios de la administración municipal y representantes de la empresa Mbarete Import Export habrían participado en un esquema mediante el cual se certificaron y pagaron trabajos que supuestamente ya habían sido ejecutados antes de la firma del contrato en 2023.
La sospecha fiscal es contundente: el dinero de los contribuyentes habría sido utilizado para pagar nuevamente por obras que ya existían.
Entre los desembolsos analizados figura una operación superior a G. 2.400 millones, dentro de la cual se habrían detectado las certificaciones y los pagos cuestionados.
G. 738 MILLONES QUE DEBERÁN EXPLICARSE ANTE LA JUSTICIA
Según la Fiscalía, el supuesto daño patrimonial alcanza aproximadamente G. 738 millones, una cifra que compromete seriamente la transparencia en la administración de los fondos públicos municipales.
La acusación se sustenta en documentos administrativos, informes técnicos, registros fotográficos y declaraciones testimoniales que serán sometidos a debate durante el juicio.
La resolución judicial no implica una declaración de culpabilidad, pero sí establece que existen elementos suficientes para que la acusación sea examinada en un juicio oral y público.
EL COSTO POLÍTICO DE UNA ADMINISTRACIÓN CUESTIONADA
Más allá de las eventuales responsabilidades penales, el caso también tiene una dimensión política.
La investigación vuelve a instalar una pregunta incómoda sobre la administración de los recursos de Ñemby: ¿cómo pudieron certificarse y autorizarse pagos por obras que, según la Fiscalía, ya estaban construidas?
El expediente pone en discusión no solamente las decisiones adoptadas durante la gestión de Olmedo, sino también la eficacia de los mecanismos de fiscalización, supervisión y control de las inversiones municipales.
En una ciudad donde los recursos públicos deberían traducirse en mejores calles, iluminación y servicios para los vecinos, la posibilidad de que cientos de millones de guaraníes hayan sido desembolsados irregularmente representa un serio cuestionamiento a la gestión de los fondos comunales.
LA ÚLTIMA PALABRA SERÁ DE LA JUSTICIA
El exintendente colorado deberá ahora comparecer ante un Tribunal de Sentencia, donde la Fiscalía buscará demostrar su acusación y la defensa podrá controvertir las pruebas.
Tomás Olmedo mantiene su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme.
Lo que ya está definido es que las presuntas irregularidades de su administración dejarán la etapa preliminar para convertirse en materia de un juicio público, donde se pondrá a prueba la legalidad del manejo de millones de guaraníes pertenecientes a los contribuyentes de Ñemby.
