La senadora Yolanda Paredes cuestionó duramente el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 elaborado durante el gobierno de Santiago Peña y reclamó al presidente Pedro Alliana una revisión profunda de las prioridades del gasto público. También pidió examinar unos 30 proyectos de ley enviados por el exmandatario y advirtió sobre posibles irregularidades en el manejo de tierras públicas y en el sector energético.
PAREDES CUESTIONA EL PRESUPUESTO HEREDADO DE PEÑA
La senadora de Cruzada Nacional, Yolanda Paredes, lanzó severos cuestionamientos contra el proyecto del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2027, elaborado y remitido al Congreso durante la administración del expresidente Santiago Peña.
Durante su intervención en el Senado, la parlamentaria sostuvo que el nuevo Gobierno no debería continuar aplicando las mismas prioridades presupuestarias de una administración que terminó envuelta en una grave crisis política y financiera.
“¿Cómo vamos a estudiar un PGN remitido por un delincuente, hoy preso?”, reclamó Paredes, en referencia a Santiago Peña.
La expresión forma parte de las declaraciones de la legisladora y no constituye una sentencia judicial sobre la responsabilidad penal del exmandatario.
¿AUSTERIDAD REAL O SOLAMENTE DISCURSOS?
Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido al presidente Pedro Alliana, quien anunció recortes en gastos de la Presidencia, incluyendo pasajes, viáticos, mantenimiento de aeronaves, gastos reservados y servicios de catering.
Paredes reclamó que, al momento de su intervención, no se habían concretado las modificaciones presupuestarias que consideraba necesarias.
La senadora cuestionó que el proyecto mantuviera partidas que, a su criterio, respondían a las prioridades políticas de Santiago Peña.
También puso especial atención en los gastos reservados, para los cuales señaló una asignación de aproximadamente G. 4.000 millones, similar a la contemplada en el presupuesto anterior.
La parlamentaria cuestionó además el incremento de determinadas partidas presupuestarias, al considerar contradictorio anunciar austeridad mientras se mantienen asignaciones que podrían reducirse.
Sin embargo, posteriormente se conoció que el Ministerio de Economía y Finanzas remitió al Congreso una adenda con modificaciones al PGN 2027, fechada el miércoles 11 de noviembre. Esta presentación introduce un nuevo elemento en el debate y obliga a examinar si los ajustes responden a los reclamos formulados.
¿QUÉ PASARÁ CON LOS USD 1.000 MILLONES CUESTIONADOS?
Paredes también exigió explicaciones sobre lo que describió como un agujero financiero de USD 1.000 millones atribuido a la administración anterior.
A su criterio, el Congreso no puede limitarse a estudiar las cifras presupuestarias sin evaluar previamente las consecuencias económicas de la crisis vinculada a Ueno Bank.
La senadora reclamó que los técnicos analicen las necesidades reales de financiamiento y el impacto de las decisiones tomadas durante el gobierno de Peña.
El monto mencionado constituye un señalamiento de la parlamentaria y requiere una evaluación financiera documentada para establecer su alcance.
PIDE REVISAR 30 PROYECTOS DE LEY DE SANTIAGO PEÑA
La legisladora amplió sus cuestionamientos a aproximadamente 30 proyectos de ley remitidos por el anterior Gobierno y que continúan pendientes de estudio en el Congreso.
Paredes recordó que el artículo 212 de la Constitución Nacional permite al Poder Ejecutivo retirar proyectos presentados al Legislativo, salvo aquellos que ya hayan sido aprobados por la Cámara de origen.
Entre las propuestas que considera necesario revisar mencionó modificaciones al Estatuto Agrario y a la legislación relacionada con el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
La senadora también solicitó la salida de Francisco Ruiz Díaz de la presidencia del Indert, a quien acusó de convertir la institución en una suerte de inmobiliaria privada para favorecer la entrega de tierras públicas.
Se trata de graves cuestionamientos políticos que requieren investigación y documentación para determinar eventuales responsabilidades.
JOSÉ OVIEDO ADVIERTE SOBRE UN POSIBLE NUEVO PROBLEMA ENERGÉTICO
El senador José Oviedo, del movimiento Yo Creo, acompañó las críticas y advirtió que el Congreso debe revisar las leyes aprobadas durante el actual periodo legislativo.
El parlamentario señaló especialmente las modificaciones vinculadas al sector energético y los acuerdos de suministro eléctrico para empresas electrointensivas.
Según Oviedo, algunas decisiones podrían comprometer la disponibilidad y las condiciones de comercialización de energía durante los próximos años.
Advirtió que entre 2029 y 2030 podrían surgir problemas importantes si se mantienen compromisos de suministro a precios subsidiados durante periodos prolongados.
El legislador anunció su intención de presentar modificaciones a las normas que considera perjudiciales para los intereses nacionales.
EL CONGRESO DEBERÁ DEFINIR EL FUTURO DEL PGN 2027
La Cámara de Diputados fue convocada para este jueves 12 de noviembre, a las 10:00, con el tratamiento del PGN 2027 como único punto del orden del día.
El proyecto cuenta con dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto, que recomienda su aprobación con modificaciones.
La controversia se concentra ahora en determinar si la adenda enviada por el Gobierno de Pedro Alliana representa una revisión suficiente de las prioridades presupuestarias o si el Congreso debe introducir ajustes adicionales.
La crisis de Ueno Bank, los reclamos de transparencia y las necesidades de financiamiento en áreas esenciales aumentan la presión sobre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
La cuestión central es si el PGN 2027 responderá a las necesidades actuales del país o conservará compromisos y prioridades cuestionados de la administración anterior.
El debate ya no gira únicamente alrededor de cuánto dinero gastará el Estado, sino también de quiénes serán beneficiados, qué gastos se reducirán y cómo se garantizará el control sobre los recursos públicos.
