La diputada Rocío Vallejo lanzó una grave acusación contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, al denunciar que las órdenes judiciales para realizar allanamientos en el marco del caso Ueno Bank ya estaban firmadas desde el 5 de noviembre, pero las diligencias habrían sido demoradas hasta el 9 de noviembre. La legisladora sostiene que esta situación constituye un elemento fundamental para impulsar un juicio político contra el titular del Ministerio Público.
CUATRO DÍAS BAJO CUESTIONAMIENTO
La actuación del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, vuelve a quedar en el centro de una controversia política y judicial por el manejo de las investigaciones relacionadas con la crisis de Ueno Bank y las presuntas irregularidades que involucran a exautoridades del Gobierno.
La diputada Rocío Vallejo denunció que el juez penal de Garantías Rodrigo Estigarribia había autorizado allanamientos desde el 5 de noviembre, pero que los procedimientos fueron presuntamente postergados por decisión del propio fiscal general.
Según la parlamentaria, las diligencias recién pudieron avanzar el 9 de noviembre, lo que abre serios cuestionamientos sobre las razones de la supuesta demora.
«Él paró todo porque no quería mezclar las cosas jurídicas con las políticas», afirmó Vallejo al cuestionar la actuación de Rolón.
La acusación apunta directamente a la independencia del Ministerio Público y a la obligación constitucional de investigar los hechos punibles sin interferencias de carácter político.
VALLEJO HABLA DE UNA PRUEBA FUNDAMENTAL PARA EL JUICIO POLÍTICO
La legisladora sostiene que el documento judicial fechado el 5 de noviembre representa un elemento fundamental para promover el juicio político contra Emiliano Rolón.
A su criterio, si existían autorizaciones judiciales para realizar los procedimientos, corresponde explicar por qué determinadas diligencias no se habrían ejecutado inmediatamente.
La controversia adquiere especial relevancia porque la investigación involucra operaciones financieras, empresas vinculadas a Ueno Bank y presuntas responsabilidades de autoridades del anterior Gobierno, incluido el expresidente Santiago Peña.
Una eventual demora injustificada podría generar cuestionamientos sobre la preservación de documentos, registros informáticos y otras evidencias relevantes para la causa.
Sin embargo, para establecer responsabilidades será necesario determinar cuáles fueron los mandamientos judiciales cuestionados, cuándo se notificaron, qué diligencias comprendían y quién tomó las decisiones sobre su ejecución.
LA FISCALÍA HABÍA ANUNCIADO INVESTIGACIONES DESDE EL 5 DE NOVIEMBRE
El propio Ministerio Público comunicó que el 5 de noviembre, mediante la Resolución FGE N.º 4474, Emiliano Rolón dispuso la apertura de tres causas penales relacionadas con Ueno Bank, la colocación de fondos públicos y las actuaciones de autoridades y exautoridades.
Asimismo, existen registros oficiales de allanamientos realizados el 6 de noviembre, entre ellos un procedimiento en oficinas vinculadas al grupo empresarial investigado, encabezado por el fiscal Francisco Cabrera.
Estos antecedentes hacen necesario precisar si la denuncia de Vallejo se refiere a allanamientos específicos que fueron postergados y no a la totalidad de los procedimientos fiscales realizados durante esos días.
¿HUBO UNA DECISIÓN POLÍTICA DETRÁS DE LA DEMORA?
Uno de los aspectos más delicados de la denuncia es la presunta intención de evitar que las actuaciones judiciales coincidieran con los acontecimientos políticos que culminaron con la destitución de Santiago Peña.
Vallejo cuestiona que una investigación penal de semejante magnitud pudiera haber estado condicionada por consideraciones políticas.
De comprobarse una intervención indebida para retrasar procedimientos, el episodio podría tener consecuencias institucionales para la máxima autoridad del Ministerio Público.
No obstante, hasta el momento, la denuncia de la diputada no constituye por sí misma una comprobación judicial de que Rolón haya ordenado suspender los allanamientos.
EL FISCAL GENERAL, EN EL CENTRO DEL DEBATE
La crisis de Ueno Bank generó investigaciones sobre directivos, empresas vinculadas, operaciones financieras y el manejo de recursos públicos.
En este contexto, la actuación del Ministerio Público resulta determinante para identificar responsabilidades, recuperar activos y garantizar la preservación de las evidencias.
La denuncia de Rocío Vallejo agrega un nuevo frente de cuestionamientos contra Emiliano Rolón, cuya permanencia en el cargo podría quedar sometida a debate parlamentario si prospera la iniciativa de juicio político.
La pregunta central es inevitable: si existían órdenes judiciales listas para ejecutarse, ¿por qué algunas diligencias habrían esperado cuatro días y quién asumió la responsabilidad de esa decisión?
La ciudadanía merece conocer la cronología completa de los procedimientos, las decisiones adoptadas y las explicaciones de las autoridades involucradas.
Porque en una investigación de esta magnitud, cada decisión debe responder a criterios jurídicos y no a la conveniencia política de quienes ejercen el poder.
