El PLRA avanza con el pedido de juicio político contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, por presunto mal desempeño de funciones y obstrucción a la Justicia. El libelo acusatorio ya circula en la Cámara de Diputados, mientras la oposición busca reunir los votos necesarios y aguarda una definición del sector cartista.
La continuidad de Emiliano Rolón Fernández al frente del Ministerio Público vuelve a estar en el centro del debate político. Legisladores del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) impulsan un juicio político contra el fiscal general del Estado, cuestionando su actuación frente a investigaciones de relevancia nacional.
El diputado liberal Pedro Gómez confirmó que el Consejo Parlamentario de su partido resolvió avanzar con la iniciativa y que el documento acusatorio ya comenzó a circular entre los diputados para sumar adhesiones.
Entre los principales cuestionamientos figuran el presunto mal desempeño de funciones, la falta de respuestas oportunas ante denuncias y actuaciones que, según los impulsores, podrían constituir obstrucción a la Justicia.
El cartismo tiene una decisión clave
Gómez señaló que esperan el acompañamiento de otros sectores políticos, particularmente del movimiento Honor Colorado, cuya posición podría resultar determinante para alcanzar los votos necesarios.
El parlamentario sostuvo que el planteamiento trasciende los intereses particulares y responde a una decisión compartida por buena parte de la oposición.
«Esto es más allá de algo personal, es una decisión de prácticamente toda la oposición», expresó.
También recordó que durante el juicio político al expresidente Santiago Peña varios legisladores modificaron sus posiciones iniciales, en un contexto de creciente presión ciudadana.
Cuestionamientos por la actuación de la Fiscalía
Los promotores del juicio político sostienen que el Ministerio Público y otros organismos de control no actuaron con la celeridad necesaria ante hechos que requerían intervención.
Las críticas incluyen el manejo de investigaciones relacionadas con Ueno Bank y las denuncias contra el expresidente Santiago Peña.
Para los legisladores opositores, determinadas demoras y omisiones deben ser examinadas como posibles causales de mal desempeño de funciones.
Estas acusaciones forman parte de los argumentos de los impulsores del proceso y deberán ser evaluadas conforme al procedimiento constitucional.
El libelo ya circula en Diputados
El diputado Carlos Pereira confirmó que el documento se encuentra terminado y que comenzó a recorrer las oficinas parlamentarias para reunir firmas.
«Está en un avance importante. Creo que ahora está recorriendo las oficinas parlamentarias y muchos colegas van a firmar aquí», manifestó.
Aunque desde sectores opositores se menciona el posible respaldo de la disidencia colorada, todavía existen diferencias sobre la conveniencia de impulsar el proceso sin asegurar previamente los votos suficientes.
Una definición política pendiente
El pedido de juicio político coloca nuevamente al Congreso ante una decisión sobre la conducción de una de las instituciones más importantes del sistema de Justicia paraguayo.
La oposición busca consolidar los apoyos necesarios, mientras la postura del cartismo continúa siendo una de las principales incógnitas.
El avance del proceso dependerá de las firmas, los votos y los acuerdos políticos que puedan concretarse en la Cámara de Diputados.
