La Justicia resolvió desestimar la denuncia penal presentada contra el exdiputado Orlando Arévalo, su esposa Carolina González y la fiscala Sandra Ledesma por supuestos hechos de tráfico de influencias, lavado de dinero y otros delitos.
La decisión fue adoptada por el juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, mediante el Auto Interlocutorio N.º 273, de fecha 19 de agosto. El magistrado hizo lugar al requerimiento presentado por el fiscal Francisco Cabrera, quien sostuvo que no se reunieron elementos suficientes para sostener los hechos punibles denunciados.
La causa se había iniciado a partir de una denuncia presentada por María José Bareiro Duré, representante de la empresa Rehobot Construcciones, en medio de un conflicto relacionado con trabajos realizados en la vivienda del matrimonio Arévalo-González.
Según la denuncia, existía un saldo pendiente por la remodelación del inmueble y, tras los reclamos de la constructora, supuestamente se habría recurrido a influencias políticas y acciones judiciales para presionar a la empresaria. Entre los hechos denunciados figuraban lavado de dinero, asociación criminal, tráfico de influencias, extorsión, soborno agravado y persecución de inocentes.
Sin embargo, el Ministerio Público concluyó que los elementos recabados durante la investigación no permitían sostener esas acusaciones. En el caso del supuesto tráfico de influencias y soborno agravado, la Fiscalía señaló que no pudo acreditarse la existencia de un esquema de favores o contraprestaciones.
Respecto al presunto lavado de dinero, tampoco se pudo determinar en esta causa la existencia de un hecho precedente que permitiera configurar ese delito. No obstante, los antecedentes patrimoniales fueron remitidos a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción para evaluar si corresponde abrir una investigación independiente.
Con la resolución de Otazú, el expediente será remitido nuevamente al Ministerio Público para su archivo. La desestimación, sin embargo, no impide que la causa pueda ser reabierta en caso de que aparezcan nuevos elementos que modifiquen las circunstancias consideradas por la Justicia.
