Víctor Ortiz Benítez
@pinchi_ortiz
Silvio Beto Ovelar, presidente del Congreso Nacional, es blanco de críticas desde que tomó estado mediático la adquisición, por parte del Senado, de 103 computadoras por G. 1.579 millones (G. 15 millones cada una).
El pasado lunes, el congresista afirmó que las máquinas tienen un elevado costo debido a que ya poseen licencias por G. 3,7 millones (USD 500) cada una. Además, comparó con una compra similar hecha por el Ministerio Público, donde máquinas similares tuvieron un costo incluso mayor (G. 19.500.000).
Llamativo curso. Carlos Gustavo Becker es el representante legal de la firma Emprendimientos del Sur (Edelsur), empresa que proveyó las cuestionadas computadoras. Este fue funcionario del Senado de 2008 al 2020, lo que generó más suspicacias es el hecho de que se trató de una venta a un ente público donde prestaba servicios hasta solo unos años.
A esta situación, se suma que el mismo Becker ofrece cursos sobre “Cómo vender al Estado”. En el sitio web; https://venderalestado.org/, Carlos Becker ofrece “consejos para preparar ofertas y ganar licitaciones sin ayuda, asesorías, cursos y análisis de contrataciones públicas”. Además, se describe de la siguiente manera; “Tengo 33 años y más de 10 años de experiencia en licitaciones, asesorías y derecho administrativo”.
El número para contactos es el (0981) 395-830. Desde la web, está presente un link donde el interesado puede acceder a un chat donde recibe los datos sobre cómo cuanto es el costo de la capacitación.
Esto fue descubierto por el comunicador Sebastián Álvarez Albanel.
Irregularidades. El comunicador también realizó un análisis en su red social X (@sebaalvarez) sobre las presuntas irregularidades que existen en la compra de las “supercomputadoras” por parte del Senado.
“Hay dos puntos que son importantes. El primer y principal foco, antes del precio, es el despropósito de la adquisición. ¿Por qué el Senado adquiere esa cantidad de equipos con esas especificaciones y ese nivel técnico de estándares del Mitic, que son elevadísimos y no se corresponden con el uso al que van a ser destinados los equipos?”, cuestionó.
El segundo punto que cuestiona Álvarez es el precio. Acá el analista solicitó datos a empresas que venden computadoras a precios mayoristas. “Ni siquiera consideré el descuento que estas empresas hacen a las oficinas del Gobierno. Ni siquiera mencioné eso al pedir los datos”, señaló.
“El Mitic estableció estándares mínimos de adquisición de equipos informáticos que no pueden ser menos que esto. En eso se basan para ofertar equipos con especificaciones técnicas medias altas y elevar los costos”, manifestó.
Sin respuestas. Álvarez, en uno de sus hilos sobre este tema, arrobó a Carlos Becker, uno de los representantes legales de Emprendimientos del Sur (@carlosbecker01) para después hacerle las preguntas sobre el precio. Sin embargo, tras una breve respuesta, el empresario ya no respondió sobre los motivos por los cuales sus equipos tienen ese costo.
“Yo no juzgo el precio adjudicado. Lo que pido a la DNCP como al oferente es mostrar cómo llegaron a ese precio. De hecho, si los equipos costaran, en realidad, G. 15 millones, yo sería el primero en publicarlo. Lo que quise es que quede expuesto y justificado el pago de esa suma. Si bien el oferente no tiene la obligación de demostrarme a mí por qué pidió ese monto”, manifestó.
Sostuvo que el Senado solicitó equipos con especificaciones innecesarias, lo que representa un despropósito para el gasto. Esto conlleva a un gasto injustificado.
“El oferente, en realidad, es solo un oportunista que aprovechó una oferta a la baja donde se presentaron solo dos proveedores. Mi objetivo es dotar de elementos a la gente, que tal vez por su cotidianidad, no dispone, así contribuir a formar mejores ciudadanos, creyendo que es el único camino para luego exigir mejores autoridades”, señaló.
Este medio intentó contactarse con el proveedor al número con terminación 830; sin embargo, no obtuvimos respuestas.
Precio. De acuerdo con Álvarez, el precio de estas computadoras debería rondar entre los G. 7 a 9 millones. Más el margen de ganancia, el precio final debe ser de G. 10 a 11 millones, incluyendo las licencias y otros detalles más.
“Aparte de ser un gasto innecesario e injustificado porque el uso y destino de las máquinas no requieren las especificaciones de la licitación de la oferta a la baja, además el precio tiene un sobrecosto injustificado, lo que representa un la uso de los recursos del Estado”, comentó.
Comedor. Ante estas presuntas irregularidades, la institución que debería investigar es la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Lo primero que debe verificar es que se haya hecho adecuadamente el análisis de precios de referencia. También es importante ver si hubo o no alguna consulta o denuncia al pliego y si hubo o no competencia, como indicio de direccionamiento.
Otro descubrimiento de Álvarez fue que la misma DNCP tiene como proveedor a una de las empresas de Becker. Se trata de Chantilly SRL que tiene como representante legal a Laura Raquel Benítez de Becker, esposa de Carlos Becker.
El contrato firmado entre ambos entes es para la “Explotación de comedor, cantina y minimarket”. En este caso, Chantilly paga la suma de G. 1,5 millones al mes a la DNCP para poder explotar el espacio.
Antecedentes. Becker fue funcionario de la Cámara Alta de 2008 a 2020. El 4 de diciembre pasado, ya como proveedor del Senado, quedó con un millonario contrato de G. 1.579 millones para la ya citada venta de computadoras.
Entre el 2017 al 2018 fue comisionado a Petróleos Paraguayos (Petropar) donde se desempeñó como director de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC). El pasado 27 de noviembre, la misma firma Emprendimientos del Sur SA quedó con un millonario contrato con Petropar por G. 12.000 millones.
En solo una semana, el proveedor quedó con dos contratos que sumados dan G. 13.579 millones (USD 1,9 millones al cambio actual).
En octubre del 2018, cuando Becker se desempeñaba como director de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del Ministerio de Obras Públicas (MOPC) por supuestamente haber modificado de manera unilateral el pliego de bases y condiciones de una licitación con el fin de favorecer a una empresa.
“La razón que me hizo cuestionar e investigar fue que el proveedor fue por más de 10 años funcionarios del Senado y terminó proveyéndole. Fue además director de contrataciones de Petropar durante la primera administración de Eddie Jara. Y resulta que en su segunda administración terminó siendo adjudicado”, criticó.
Sebastián Álvarez
Fuente: Ultima Hora
