La creación de una “comisión especial” en el Senado para analizar el Anexo C del Tratado de Itaipú revela una peligrosa banalización de uno de los temas más estratégicos para el futuro energético y económico del Paraguay. Lejos de estar conformada por técnicos, ingenieros o expertos en derecho internacional, la comisión fue repartida entre figuras políticas sin trayectoria ni conocimiento comprobado en materia binacional.
El senador Natalicio Chase, ahora presidente de esta comisión, reconoció abiertamente que su rol es meramente decorativo: “debemos esperar a que nos llegue el mensaje del Ejecutivo”, admitió. Es decir, no tienen poder real, ni capacidad negociadora. Y, sin embargo, ahí están, formalizados con bombos y platillos.
Lo más grave: ninguno de los designados —ni Chase, ni el vicepresidente Dionisio Amarilla, ni las relatoras Lizarella Valiente y Noelia Cabrera, ni los demás miembros como Javier Zacarías y Yolanda Paredes— tiene experiencia alguna en la administración o negociación de entes binacionales.
Mientras el país se juega su soberanía energética y la posibilidad de reconfigurar el reparto de beneficios con Brasil, el Congreso arma una comisión política sin rumbo, sin conocimiento técnico y sin injerencia real en las decisiones. Un show para la tribuna que retrasa el debate serio y necesario que exige el Anexo
