Política

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  • Alertan sobre millonaria deuda del Estado por medicamentos

    Alertan sobre millonaria deuda del Estado por medicamentos

    La gerente de Relaciones Interinstitucionales de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (CRIPFA), Rocío Figueroa, expresó su preocupación por el creciente nivel de endeudamiento del Estado con el sector proveedor de medicamentos e insumos médicos.

    Según explicó, la deuda acumulada alcanza actualmente los USD 775 millones, una cifra que —según afirmó— no tiene precedentes en la historia reciente del sistema de salud público.

    “Nunca antes tuvimos esta magnitud de deuda”, sostuvo Figueroa, al advertir que la situación genera incertidumbre dentro del sector farmacéutico y podría afectar la provisión de medicamentos en el sistema sanitario.

    La representante del gremio señaló además que, si bien el Gobierno habría planteado un esquema de pagos mensuales, hasta el momento no existe una comunicación oficial clara sobre cómo se afrontará el compromiso financiero.

    Uno de los puntos más cuestionados por el sector es que el Estado no estaría reconociendo ciertas obligaciones, entre ellas las denominadas deudas por amparos judiciales, que ascienden aproximadamente a USD 130 millones, además de otras deudas futuras derivadas de compromisos ya asumidos.

    Figueroa advirtió que la falta de claridad y de un cronograma formal de pagos genera preocupación entre las empresas proveedoras, ya que estas continúan abasteciendo medicamentos e insumos al sistema de salud mientras esperan el cumplimiento de los compromisos financieros del Estado.

    La situación reaviva el debate sobre la sostenibilidad del financiamiento del sistema sanitario y el impacto que el retraso en los pagos podría tener en la disponibilidad de medicamentos y en la estabilidad del sector farmacéutico que abastece a hospitales y centros de salud del país.

  • “El Estado debe cumplir”: Arnoldo Wiens cuestiona atrasos en pagos y alerta freno a la economía

    “El Estado debe cumplir”: Arnoldo Wiens cuestiona atrasos en pagos y alerta freno a la economía

    Las demoras del Estado en el pago de obras ya ejecutadas volvieron a ser cuestionadas, al advertirse que el Gobierno corre el riesgo de convertirse en uno de los principales morosos dentro de la propia economía.

    Desde sectores vinculados al ámbito económico y de la construcción señalan que el incumplimiento de los compromisos financieros por parte del Estado no solo afecta a las empresas contratistas, sino que también impacta directamente en el empleo y en toda la cadena productiva que depende de la ejecución de obras públicas.

    Según el planteamiento, cuando el Gobierno retrasa los pagos por trabajos ya realizados, se frena la circulación de dinero en la economía, lo que termina golpeando a trabajadores, proveedores y pequeñas empresas vinculadas a los proyectos.

    Las críticas apuntan a que, si el país pretende atraer inversión, sostener el crecimiento económico y generar desarrollo, el Estado debería comenzar por cumplir con un principio básico: honrar sus compromisos y pagar en tiempo y forma.

    En ese sentido, advierten que la falta de liquidez generada por los atrasos puede paralizar proyectos, afectar la confianza en la gestión pública y debilitar el ritmo de crecimiento económico que el país busca consolidar.

  • El particular juramento de la nueva senadora Guadalupe Aveiro al asumir en reemplazo de Erico Galeano

    El particular juramento de la nueva senadora Guadalupe Aveiro al asumir en reemplazo de Erico Galeano

    La nueva senadora Guadalupe Aveiro asumió su banca en la Cámara Alta con un llamativo juramento, en el que incluyó una serie de referencias sociales y políticas al momento de prestar su promesa constitucional.

    Durante el acto de juramento, Aveiro expresó: “Por un país sin narcotráfico, por los jubilados y jubiladas, por el derecho de la mujer, por una salud y educación gratuita, sí juro”, frase que generó reacciones dentro del recinto y rápidamente se volvió uno de los momentos destacados de la sesión.

    La legisladora ocupa la banca dejada por el senador colorado Erico Galeano, quien solicitó permiso por tiempo indeterminado al Senado tras haber sido condenado a 13 años de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación criminal, en el marco de la investigación vinculada al caso A Ultranza Py.

    Galeano pidió la licencia hasta que la sentencia quede firme y ejecutoriada, argumentando el principio constitucional de presunción de inocencia. Sin embargo, su situación sigue generando debate político dentro del Congreso, donde algunos sectores plantean incluso la posibilidad de impulsar su pérdida de investidura.

    En este contexto, la asunción de Aveiro se produce en medio de un escenario político marcado por cuestionamientos judiciales y debates sobre la permanencia de legisladores investigados o condenados, lo que vuelve a poner en el centro de la discusión el funcionamiento institucional del Congreso.

  • Caso Metrobús

    Caso Metrobús

    La defensa del exministro planteó pérdida de imparcialidad del magistrado y cuestionó la validez del acta de imputación por supuestas falencias jurídicas.

    El exministro de Obras Públicas y Comunicaciones Arnoldo Wiens recusó al juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, lo que provocó la suspensión de la audiencia de imposición de medidas que debía realizarse en el marco de la causa conocida como caso Metrobús.

    Wiens se encuentra procesado por el presunto hecho punible de lesión de confianza, dentro de la investigación relacionada con el fallido proyecto de transporte.

    La recusación fue presentada por sus abogados defensores Alfredo Enrique Kronawetter y Cecilia Pérez, quienes argumentaron una supuesta pérdida de imparcialidad del magistrado.

    Cuestionan admisión de la imputación

    En el escrito presentado ante la Justicia, la defensa sostiene que el juez habría omitido controlar adecuadamente los actos del Ministerio Público al momento de admitir la imputación.

    Los abogados afirmaron que existirían graves falencias en el acta de imputación, señalando que no se habrían cumplido de forma estricta los requisitos que exige la normativa procesal.

    Según el planteamiento, estas irregularidades deberían derivar en la nulidad absoluta de la imputación, lo que implicaría que las actuaciones obtenidas en esas condiciones no puedan ser utilizadas contra el procesado.

    Defensa pide nulidad de la imputación

    Los representantes legales de Wiens también sostuvieron que, al tratarse de nulidades absolutas, estas deben declararse de inmediato una vez detectadas, independientemente del momento procesal en que se identifiquen.

    En ese sentido, señalaron que los actos que consideren viciados no pueden ser convalidados ni corregidos, por lo que solicitaron que se disponga el inicio de una nueva investigación dentro del proceso.

    Con la recusación presentada, el trámite de la audiencia quedó temporalmente trabado, mientras se resuelve el incidente planteado por la defensa del exministro.

  • Condenada por “detergentes de oro” proyecta retorno político en la Municipalidad de Asunción

    Condenada por “detergentes de oro” proyecta retorno político en la Municipalidad de Asunción

    La exfuncionaria municipal Nidia López, condenada en el conocido caso de los “detergentes de oro”, volvió a generar polémica tras anunciar públicamente su intención de retomar protagonismo dentro de la Municipalidad de Asunción en el marco de una estrategia política vinculada al concejal Miguel Sosa.

    Las declaraciones se realizaron durante una reunión con dirigentes del barrio Bernardino Caballero, donde López aseguró que el actual edil sería el concejal más votado en las próximas elecciones municipales y que posteriormente podría asumir la presidencia de la Junta Municipal de Asunción.

    “Miguel va a ser el próximo presidente de la Junta porque va a ser el más votado y yo, Nidia López, voy a estar frente a él para seguir trabajando bien”, expresó ante los presentes.

    Plan político y permanencia en el Estado

    De acuerdo con lo manifestado por la propia López, su estrategia consistiría en mantenerse actualmente en su cargo dentro de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA) y posteriormente volver a desempeñar funciones dentro de la administración municipal.

    La posibilidad de su retorno al entorno de la comuna capitalina genera cuestionamientos debido a los antecedentes judiciales vinculados a su gestión anterior en la Municipalidad de Asunción.

    Antecedentes del caso “detergentes de oro”

    López fue condenada en el proceso judicial conocido como “detergentes de oro”, una investigación que expuso presuntas irregularidades en la compra de productos de limpieza durante su paso por la administración municipal.

    Las pesquisas señalaron que se realizaron adquisiciones con precios considerablemente inflados, lo que habría provocado un perjuicio económico a las arcas municipales.

    Además, informes de la Contraloría General de la República también mencionaron gastos millonarios sin respaldo documental suficiente relacionados con el caso.

    Reacciones en el ámbito político

    Pese a estos antecedentes, López continúa ocupando un cargo dentro del aparato estatal, lo que ha generado cuestionamientos en distintos sectores políticos.

    Según versiones que circulan dentro del Partido Colorado, incluso en el sector Honor Colorado, existe sorpresa por el nivel de influencia política que mantiene la exfuncionaria.

    También se mencionan críticas sobre la presencia de dirigentes seccionales que figurarían como funcionarios en la institución donde actualmente se desempeña, pese a dudas sobre su asistencia efectiva.

    En este contexto, el anuncio de su eventual retorno al entorno de la Municipalidad de Asunción, vinculado a la candidatura del concejal Miguel Sosa, vuelve a instalar el debate político sobre la presencia de figuras cuestionadas dentro de la administración pública capitalina.

  • Denuncian supuesto caso de coacción sexual dentro del MOPC

    Denuncian supuesto caso de coacción sexual dentro del MOPC

    Una grave denuncia por presunta coacción sexual sacude al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), luego de que trascendiera un supuesto episodio ocurrido dentro de las instalaciones de la institución.

    De acuerdo con los datos preliminares, el hecho se habría producido en el interior de un ascensor del edificio, lo que generó alarma y cuestionamientos dentro del organismo estatal.

    Hasta el momento, no se han divulgado oficialmente mayores detalles sobre las circunstancias del caso ni la identidad de las personas involucradas, mientras se aguarda que las autoridades competentes avancen con las verificaciones correspondientes.

    La situación generó repercusiones dentro del ámbito institucional, ya que se trata de una denuncia de alta gravedad que, de confirmarse, podría derivar en una investigación penal

  • Gobernadores bajo la lupa

    Gobernadores bajo la lupa

    Las declaraciones juradas revelan abultados bienes de varios jefes departamentales mientras la Contraloría revisa sus patrimonios. El caso del gobernador de Guairá, César “Cesarito” Sosa, encabeza el ranking con más de G. 115.000 millones declarados.

     Los gobernadores comenzaron a generar cuestionamientos luego de que la Contraloría General de la República ordenara la verificación de los patrimonios de todos los jefes departamentales del país.

    El análisis de los documentos publicados en el portal oficial de la institución muestra que varios gobernadores asumieron sus cargos con patrimonios millonarios, lo que vuelve a instalar el debate público sobre el origen y la evolución de las fortunas de autoridades que hoy administran recursos del Estado.

    Gobernadores con mayores patrimonios

    De acuerdo con los registros de la Contraloría, el gobernador que declaró mayor patrimonio al inicio de su gestión es César “Cesarito” Sosa (ANR), quien en el año 2023 informó bienes por G. 115.838 millones.

    En segundo lugar figura Freddy Tadeo D’Ecclesiis (ANR), gobernador del departamento de San Pedro, con un patrimonio declarado de G. 23.637.010.420.

    En el caso de D’Ecclesiis, su patrimonio está compuesto principalmente por cinco inmuebles ubicados en la ciudad de San Estanislao, entre ellos una granja, tres viviendas y un terreno baldío, además de dos vehículos registrados a su nombre.

    Debate sobre la transparencia patrimonial

    Las cifras declaradas vuelven a poner en discusión la relación entre la política y las grandes fortunas, especialmente en un contexto en el que los gobernadores administran importantes presupuestos públicos y programas sociales en los departamentos.

    Aunque la presentación de declaraciones juradas es una obligación legal, distintos sectores sostienen que la simple publicación de los datos no siempre permite determinar con claridad el origen real de los bienes, por lo que la verificación anunciada por la Contraloría busca establecer posibles inconsistencias o incrementos patrimoniales injustificados.

    Contraloría anuncia revisión

    Ante el creciente cuestionamiento público, el contralor general dispuso la revisión de todas las declaraciones juradas de los gobernadores, con el objetivo de analizar la evolución de sus patrimonios y detectar eventuales irregularidades.

    El proceso de verificación podría abrir un nuevo capítulo en el debate sobre transparencia y control patrimonial de las autoridades electas, en un escenario donde la ciudadanía exige mayor claridad sobre cómo se construyen las fortunas de quienes hoy ocupan cargos públicos.

  • Senado analizará pedido de permiso de Erico Galeano tras condena de 13 años

    Senado analizará pedido de permiso de Erico Galeano tras condena de 13 años

    El Senado analizará en su próxima sesión el pedido de permiso sin goce de dieta presentado por el senador colorado Erico Galeano, quien fue condenado a 13 años de prisión por lavado de dinero y asociación criminal en el marco del caso A Ultranza Py.

    El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, confirmó que la solicitud será tratada en la plenaria, donde los legisladores deberán decidir si corresponde otorgar la licencia o avanzar con otras medidas políticas.

    Pedido de licencia tras la condena

    Galeano remitió una nota al titular del Senado solicitando permiso sin goce de sueldo hasta que la sentencia quede firme y ejecutoriada. El planteamiento surge en medio del debate sobre una eventual pérdida de investidura del legislador tras el fallo judicial en su contra.

    En el documento, el senador argumenta que su pedido se basa en el principio constitucional de presunción de inocencia, establecido en el artículo 17 de la Constitución Nacional, señalando que la condena aún no se encuentra firme.

    Asimismo, solicitó que, en caso de concederse el permiso, se tengan en cuenta las prerrogativas parlamentarias previstas en el artículo 191 de la Constitución, que establece que los legisladores no pueden ser detenidos desde el día de su elección hasta el cese de sus funciones.

    Según expuso en su escrito, esa inmunidad también debería aplicarse mientras se encuentre en uso de una licencia otorgada por la Cámara.

    Debate político en el Senado

    El presidente del Congreso señaló que los senadores analizarán la situación en la plenaria y evaluarán distintas alternativas.

    Entre las opciones que se mencionan en el ámbito legislativo figuran conceder el permiso solicitado, pedir la renuncia del legislador o iniciar un proceso de pérdida de investidura.

    Condena en el caso A Ultranza Py

    Galeano fue condenado la semana pasada por un Tribunal de Sentencia que concluyó que el legislador brindó apoyo logístico a una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, liderada por el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”.

    Durante la lectura del fallo, el tribunal sostuvo que el senador recibió dinero proveniente de actividades ilícitas, recursos que —según la investigación— también habrían sido utilizados para beneficios vinculados al Club Deportivo Capiatá, institución con la que el parlamentario tuvo relación.

    Aunque la Fiscalía había solicitado 17 años de prisión, el tribunal resolvió imponer una pena de 13 años de cárcel, tras un juicio que se extendió por aproximadamente seis meses.

    La situación mantiene abierto el debate político en el Congreso sobre la continuidad del legislador en su banca mientras el proceso judicial continúa en instancias de apelación.

  • Juicio contra intendenta de Valenzuela entra en fase de alegatos

    Juicio contra intendenta de Valenzuela entra en fase de alegatos

    Este viernes continúa, desde las 08:30, la tercera jornada del juicio oral y público contra la intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández (PLRA), acusada por el Ministerio Público de un presunto esquema de lesión de confianza que habría causado un perjuicio cercano a G. 1.199 millones a la Municipalidad.

    De acuerdo con el fiscal Néstor Coronel, durante la audiencia prevista para hoy se presentarán los alegatos iniciales de las partes, etapa clave dentro del proceso judicial.

    En el desarrollo del juicio, la defensa de la jefa comunal solicitó la realización de una nueva pericia sobre las obras ejecutadas en el año 2019, pedido que fue admitido por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por las juezas Karina Jazmín Cáceres, Ana Rodríguez y Yolanda Morel.

    Supuesto esquema de desvío de fondos

    Según la acusación fiscal, la intendenta habría actuado en conjunto con funcionarios municipales, fiscalizadores de obras y contratistas para desviar recursos de la administración comunal.

    La investigación sostiene que el presunto perjuicio se habría concretado mediante obras que figuraban solo en documentos o que habrían sido pagadas en más de una ocasión, generando el millonario daño patrimonial denunciado.

    Otros acusados en el proceso

    Además de la intendenta, también afrontan el juicio oral:

    • Cristhian David Flecha Fernández, tesorero municipal.

    • Sergio Ariel Flecha Fernández, funcionario municipal y hermano del tesorero.

    • Carlos Samudio Sánchez y Aníbal Samudio Sánchez, proveedores del Estado.

    • Maglio César Nelson Muñoz Díaz, contratista.

    • Verónica Acosta Cantero, secretaria municipal.

    Por su parte, los contratistas Blásido Candia y María Liz Fleitas ya fueron condenados en el 2023 mediante procedimiento abreviado a dos años de prisión con suspensión de la pena, además de la obligación de restituir G. 110 millones cada uno, en cuotas mensuales.

    El proceso judicial continúa con la presentación de pruebas y argumentos de las partes, mientras el Tribunal deberá determinar la eventual responsabilidad penal de los acusados en el presunto perjuicio a las arcas municipales.

  • Asegurados del IPS piden destitución de Jorge Brítez tras denuncias de pagos millonarios y “descontrol administrativo

    Asegurados del IPS piden destitución de Jorge Brítez tras denuncias de pagos millonarios y “descontrol administrativo

    La Asociación de Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), encabezada por su dirigente Julio López, expresó su fuerte malestar ante las denuncias de irregularidades que afectan a la previsional y exigió la destitución inmediata del presidente del IPS, Jorge Brítez, así como de los miembros del Consejo de Administración.

    A través de un comunicado, la organización sostuvo que la actual gestión atraviesa un escenario de “total descontrol administrativo”, marcado por decisiones financieras cuestionadas y una crisis en la atención médica a los asegurados.

    Pagos millonarios a exdirector jurídico

    La polémica se intensificó luego de que trascendiera que la Dirección Jurídica del IPS autorizó el pago de G. 412.500.000 al exdirector jurídico José “José’i” González, en concepto de honorarios relacionados con un acuerdo extrajudicial alcanzado con un consorcio hotelero.

    De acuerdo con los datos difundidos, ese desembolso forma parte de un monto mayor que superaría los G. 7.900 millones, transferidos en el marco del mismo acuerdo.

    Para los representantes de los asegurados, estos pagos reflejan una situación de “corrupción descarada e impune”, ya que —según denuncian— mientras se autorizan millonarios desembolsos a funcionarios y exfuncionarios, los asegurados continúan enfrentando carencias en el sistema de salud.

    Denuncian crisis en la atención médica

    La organización también cuestionó el estado de los servicios médicos brindados por el IPS. Entre las principales denuncias mencionaron:

    • Falta de medicamentos e insumos básicos, lo que obliga a los asegurados a costear sus propios tratamientos pese a los aportes que realizan mensualmente.

    • Casos de presunta negligencia médica, entre ellos el fallecimiento de Braulio Vázquez, que según los denunciantes habría ocurrido tras una cadena de errores en la atención.

    • Trato indigno hacia los asegurados, quienes —según la organización— sostienen financieramente el sistema sin recibir un servicio acorde.

    Pedido de investigación y posibles movilizaciones

    La Asociación de Asegurados solicitó que las investigaciones no se limiten al exdirector jurídico, sino que también alcancen a otros funcionarios que habrían intervenido en la autorización de los pagos.

    Entre los nombres mencionados figuran Gladys Vera, gerente de Administración y Finanzas; María Graciela Cabral, coordinadora de la Dirección Jurídica; y Jorgelina Gómez, jefa de Dictámenes y Contratos.

    Además, la organización anunció que se encuentra coordinando movilizaciones de protesta, que podrían realizarse frente a una sucursal del banco ueno, entidad que los denunciantes señalan como parte del esquema de influencia dentro del sistema financiero vinculado a la previsional.

    El conflicto abre un nuevo capítulo de tensión en torno a la gestión del IPS, en medio de cuestionamientos políticos y reclamos crecientes de los asegurados por mayor transparencia y mejoras en la atención sanitaria.