Mientras la senadora Zenaida Delgado responsabiliza a su expareja, Gustavo Vera Santander, por las denuncias que sacuden al Congreso Nacional, nuevos comprobantes bancarios incorporan un elemento clave: existen registros de transferencias tanto a cuentas de la legisladora como a nombre de Vera. Los movimientos individualizados alcanzan G. 12.050.000 y forman parte de las evidencias que deberán ser examinadas por la Fiscalía.
El escándalo por los presuntos cobros irregulares a funcionarias del Senado adquiere una nueva dimensión. La estrategia defensiva de la senadora Zenaida Delgado, centrada en responsabilizar a su expareja Gustavo Vera Santander de una supuesta maniobra de extorsión, enfrenta ahora la difusión de registros bancarios que identifican transferencias a nombre de ambos.
Los documentos difundidos públicamente revelan movimientos de dinero que involucran a la legisladora, su expareja y personas vinculadas laboralmente a su despacho.
TRANSFERENCIAS A LA SENADORA Y A SU EXPAREJA
Según los comprobantes divulgados, se identificaron las siguientes operaciones:
- G. 2.900.000: transferencias dirigidas a cuentas bancarias de Zenaida Delgado.
- G. 5.000.000: operaciones a nombre de Gustavo Vera Santander.
- G. 4.150.000: transferencias ordenadas por Marcos Alberto Franco Aranda, funcionario de la senadora.
Los registros individualizados totalizan G. 12.050.000, aunque los montos no corresponden todos a transferencias recibidas por la legisladora.
Entre los documentos aparece una transferencia de G. 1 millón realizada el 31 de agosto de 2026 a una cuenta de Delgado en Ueno Bank, bajo el concepto de pagos.
La existencia de estas operaciones representa un elemento documental relevante para la investigación, aunque todavía deberá determinarse el motivo de cada transferencia y si tiene relación con las exigencias económicas denunciadas.
ZENAIDA RESPONSABILIZA A SU EXPAREJA, PERO LOS REGISTROS ABREN NUEVOS INTERROGANTES
La legisladora sostuvo públicamente que Gustavo Vera Santander habría utilizado conversaciones y mensajes para perjudicarla y chantajearla.
También negó haber recibido dinero de sus funcionarias como contraprestación por nombramientos o bonificaciones.
Sin embargo, la aparición de comprobantes dirigidos a cuentas de ambos obliga a examinar la participación que pudo haber tenido cada uno en los movimientos denunciados.
Las funcionarias que formularon las acusaciones describieron un presunto mecanismo de recaudación mediante transferencias bancarias, depósitos a terceros y entregas de dinero en efectivo.
Los testimonios mencionan exigencias mensuales sobre bonificaciones salariales y pedidos que habrían alcanzado entre G. 50 millones y G. 100 millones para acceder a nombramientos o conservar cargos.
¿EXISTÍA UN MECANISMO COMPARTIDO DE COBROS?
Una de las principales cuestiones que deberá esclarecer el Ministerio Público es si las operaciones registradas responden a transacciones particulares o si formaban parte de un sistema de cobros irregulares dentro del despacho parlamentario.
La aparición de transferencias a nombre de Delgado y de Vera Santander no demuestra, por sí sola, que ambos participaran coordinadamente en un esquema ilegal.
No obstante, los documentos adquieren relevancia frente a las declaraciones de las denunciantes, que sostienen haber sido presionadas económicamente por personas vinculadas al entorno de la senadora.
LA FISCALÍA DEBERÁ DETERMINAR RESPONSABILIDADES
La agente fiscal Marlene González, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, tiene a su cargo la investigación abierta tras la denuncia presentada por el presidente del Congreso, Basilio Núñez.
Entre las diligencias relevantes estarán el análisis del origen y destino de las transferencias, la identificación de sus beneficiarios y la verificación de las comunicaciones entre las personas involucradas.
Mientras tanto, también se impulsa en el Senado un pedido de pérdida de investidura contra Zenaida Delgado.
El caso ya no se limita a versiones contrapuestas entre la legisladora, su expareja y las funcionarias denunciantes. Ahora existen registros bancarios publicados que requieren una explicación y un examen judicial.
La pregunta central es si las transferencias tienen una justificación legítima o si constituyen parte de las presuntas exigencias de dinero denunciadas dentro del Congreso Nacional.
