Silvia Antonella Ovelar Ayala, de 22 años, hija del senador colorado Silvio “Beto” Ovelar, presentó su renuncia al cargo de asistente jurisdiccional del Poder Judicial. Su salida se produce después de que salieran a la luz registros de reiteradas ausencias injustificadas, llegadas tardías y numerosas licencias laborales.
La hija del senador Silvio “Beto” Ovelar dejó su cargo en el Poder Judicial en medio de cuestionamientos sobre el cumplimiento de sus obligaciones como funcionaria pública.
La renuncia de Silvia Antonella Ovelar Ayala fue aceptada por el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, luego de la difusión de informes sobre su asistencia laboral.
La joven había ingresado a la institución el 1 de febrero de 2026, mediante un nombramiento interino, con una remuneración mensual de G. 3.266.690. Posteriormente, fue destinada al Departamento de Legajos del Poder Judicial.
SOLO 12 DÍAS DE ASISTENCIA EN DOS MESES
Los registros de la Dirección General de Capital Humano de la Corte revelaron que, durante agosto y septiembre, Ovelar Ayala asistió a su lugar de trabajo apenas 12 de los 42 días hábiles.
En ese periodo acumuló 20 ausencias injustificadas, además de permisos particulares, licencias por motivos de salud y llegadas tardías.
Los informes también señalan que, durante febrero, su primer mes de nombramiento, acudió a trabajar solamente cuatro días.
CUESTIONAMIENTOS POR FALTA DE SANCIONES
La situación generó interrogantes sobre los mecanismos de control del personal dentro del Poder Judicial, especialmente por la ausencia de sanciones disciplinarias registradas hasta la difusión de los antecedentes.
La propia institución había informado que las faltas injustificadas que ameritaban descuentos o eventuales sumarios fueron remitidas a las dependencias correspondientes.
¿LA RENUNCIA CIERRA EL CASO?
Aunque la salida de Silvia Antonella Ovelar Ayala pone fin a su vínculo laboral con el Poder Judicial, permanecen los cuestionamientos sobre los controles de asistencia y las eventuales responsabilidades administrativas.
El caso también vuelve a colocar en discusión los nombramientos de familiares de autoridades políticas dentro de instituciones públicas y la necesidad de aplicar los mismos mecanismos de control a todos los funcionarios, independientemente de sus vínculos familiares.
La renuncia ya fue aceptada, pero queda pendiente conocer si los antecedentes de asistencia darán lugar a otras actuaciones administrativas.
