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El intendente liberal del municipio altoparanaense de Presidente Franco, Roque Godoy Jara, presentó el informe sobre el traslado de su hijo, Elías Godoy Torres, también hijo de la diputada liberocartista Roya Torres, luego del requerimiento de la Junta Municipal de dicha ciudad, al revelarse que hacía oficina en la comuna, tras el escándalo de los llamados nepobabies.

En los documentos presentados, y publicados por la 1330 AM Radio Chaco Boreal, se explica claramente que el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, quien había firmado el nombramiento del joven de 19 años con un abultado salario de G. 9.500.000, también ordenó el “traslado” del mismo a la Municipalidad de Presidente Franco, sin implicar esto un comisionamiento.

Latorre nombró a Elías Martín Godoy Torres, sin concurso y con un sueldo millonario de asesor, en setiembre del año pasado y luego, tras el escándalo por dicho nombramiento, fue “designado” por Resolución DG RRHH N° 14, de fecha 9 de enero de este año, a la Oficina Legislativa Departamental de Alto Paraná, con sede en la Municipalidad de Presidente Franco.

Dicha oficina fue creada por el propio Latorre, a instancias de la diputada Roya Torres, afines de agosto del año pasado, días antes que ingrese Elías Godoy a la Cámara.

La Resolución N°473/23 señala que la diputada Torres solicitó la creación de dicha oficina en la comuna liderada por su marido, el 24 de agosto del año pasado, y cinco días después, ya fue aprobada por Latorre.

“Es necesario precisar que la designación del mismo no se trata de comisionamiento, pues en la Municipalidad de Presidente Franco no figura como en la planilla del cuadro de personal”, señala la respuesta del intendente Roque Godoy, padre de Elías, explicando sobre la creación de dicha oficina.

Requerimiento. La Junta Municipal de Presidente Franco solicitó informes a la Comisión Permanente del Congreso Nacional y al intendente municipal respecto al aparente comisionamiento del joven asesor y sus funciones.

“La especificación de las funciones, únicamente la entidad contratante podrá aclarar la situación, sin embargo, el mismo se encuentra acudiendo de forma diaria, desde el día viernes 12 de enero del corriente año, de 07:00 a 13:00 para cumplir funciones en la oficina habilitada por la Cámara de Diputados, lo cual se puede cotejar con la planilla de asistencia, cuya copia se adjunta”, finaliza el informe del intendente.

Tras el escándalo de su contratación sin concurso y con sueldo millonario, la diputada Torres anunció que su hijo presentaría renuncia, pero luego fue visto en la oficina parlamentaria de la comuna liderada por su padre, desde donde dijo que no renunciaría al cargo.

La gestión previa de su madre con Latorre, en agosto pasado, le aseguró un refugio en la Municipalidad de Presidente Franco, donde es protegido por su padre.

La resolución establece que dicha oficina parlamentaria tendrá vigencia por el periodo 2023 – 2028, con un convenio de cooperación interinstitucional que por ahora no fue revelado si se firmó.

Fuente: Ultima Hora

En plena pandemia, el Ministerio Público había imputado a una serie de personas –entre ellas, políticos– que estarían involucrados en un esquema delictivo para autobeneficiarse con licitaciones de la merienda escolar. El ex diputado colorado, Éver Noguera, también estaba en esa lista, pero no pudo ser procesado hasta años después. Finalmente, ahora lo acusan y piden su juicio oral.

Fue la fiscala de la Unidad Anticorrupción, Alma Zayas, la que presentó la acusación en contra del ex político, por los hechos de administración en provecho propio y lavado de dinero, en calidad de cómplice.

SOSPECHAS. El Ministerio Público presume que existía un esquema delictivo, a través del cual Rodolfo Friedmann, durante su administración al frente de la Gobernación, habría aprovechado que entre sus funciones estaba la de ordenar los gastos y firmar contratos con proveedores.

Usando eso, autorizó y suscribió “para su beneficio personal y la de terceros, contratos administrativos en representación de la Gobernación de Guairá y a favor de una empresa Eventos y Servicios SA (ESSA), en donde él tenía el control y dirección”, pone como antecedentes la acusación.

De esa manera obtuvo ganancias indebidas para sí mismo.

En cuanto a Noguera, él siendo diputado, fue el representante de la empresa frente a la entidad gubernamental.

“Friedmann había contado con la colaboración de Éver Juan Aricio Noguera y Hugo Alexander Torales para la obtención de beneficios indebidos por medio de la adjudicación de la Licitación Pública y de la suscripción de contratos, de forma tal que su nombre no apareciera ligado de forma directa a la empresa beneficiada”, dice la acusación.

Justamente se sospecha que adquirió las acciones de la firma ESSA, en noviembre del 2015, con la finalidad única de operar en el rubro de las licitaciones públicas “y con ello ocultar el verdadero destino de los bienes adquiridos indebidamente por Friedmann”.

El entonces gobernador habría puesto varias condiciones para este contrato, como que Silvio Álvaro Alfaro, su primo hermano, sea accionista y que la contadora sea Lourdes González, ambos personas de confianzas de él.

La empresa abrió cuentas bancarias en guaraníes y en dólares, y los accionistas le insertaron capital para que la empresa “tuviera la capacidad económica y financiera para presentar su oferta”.

IRREGULARIDADES. La Fiscalía tiene consigo el reporte de la Contraloría General de la República, que hace constar de supuestas irregularidades en la adjudicación, pagos, denominación de las direcciones de entregas, pagos anticipados y procedimientos no establecidos en el contrato, además de otros elementos.

“La Contraloría indicó en su lnforme Final lo siguiente: “La Administración Departamental realizó pagos a la Empresa Proveedora de Almuerzo Escolar ESSA… por la suma total de G. 1.843.247.525, sin que a esa fecha la empresa haya entregado íntegramente a las instituciones educativas el almuerzo escolar, adjuntando como respaldo vale de provisión de servicio de almuerzo escolar por total del monto pagado…”, alega la Fiscalía General del Estado.

A PRELIMINAR. En esta misma causa, y un poco más avanzados, están acusados el ex senador y ex gobernador Rodolfo Friedmann, Silvio Álvaro Alfaro Bertolo, Lourdes Auxiliadora González de Melgarejo y Eduardo Domínguez.

Con respecto a la coprocesada Marly Eliana Figueredo López, esposa de Friedmann, la Fiscalía Adjunta había solicitado el sobreseimiento definitivo, por lo que el juez deberá admitir este pedido, según estipula la ley.

Fuente: Ultima Hora

La Fiscalía General podría imputar a las personas que firmaron los documentos que supuestamente avalaron que el senador colorado cartista, Hernán Rivas, cursó sus estudios en la Universidad Sudamericana. Así lo explicó el vocero del Ministerio Público Gunter Krone a la 1330 AM, radio Chaco Boreal.

De hecho, para la Fiscalía todas esas documentaciones presentadas por el legislador son de contenido falso.

“Justamente a aquellos que firmaron los documentos, los títulos o certificados de estudios del señor Hernán Rivas eran de la otra administración o de la administración que asume el cargo de la Universidad Sudamericana y que por un deber de carácter administrativo y civil deben expedir un documento a todo aquel estudiante que han cursado una carrera en dicha universidad y estas personas que han firmado este documento y que han recibido documentación de una administración anterior en la que consta que en teoría que el señor Hernán Rivas ha cursado tales materias obteniendo tales puntajes estaban en la obligación de emitir estas documentaciones”, manifestó.

El Poder Ejecutivo dio a conocer ayer el decreto por el cual reglamenta la expedición de documentos de viaje a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El artículo 1° establece que el MRE tendrá a su cargo la expedición de pasaportes diplomáticos, oficiales, consulares, de emergencia y provisorios.

El pasaporte diplomático será otorgado a favor del presidente y vicepresidente de la República, senadores, diputados, ministros de la Corte Suprema de Justicia, del TSJE, del Poder Ejecutivo, generales y almirantes en servicio activo, viceministros del Poder Ejecutivo, presidente del Banco Central, directores generales y miembros del consejo de administración de entidades binacionales, ex ministros de Relaciones Exteriores y otras personas.

El diputado Mauricio Espínola, de Fuerza Republicana, insistió en revisar la situación de los ministros del Gabinete Civil que tienen dos funciones al ser además consejeros de Itaipú, lo que considera inconstitucional.

El legislador abdista apuntó directamente a la jefa de Gabinete presidencial, Lea Giménez, quien es la única que, además de tener una doble función, cobra también un doble salario. El pago por su cargo de ministra es de G. 24.851.200, mientras que el de consejera es de G. 82.000.000.

Para Espínola, ambos cargos son de tiempo completo y más aún el de consejero, cuando se está en plena negociación de anexo C del tratado de Itaipú. Por ese motivo, pidió un informe para que Lea explique cuáles fueron sus funciones y sus planes en el Consejo y cuántos días acudió al trabajo.

Espínola presentó a la Comisión Permanente del Congreso un pedido de informe dirigido a la Binacional sobre el detalle del salario de cada ministro para saber si se está violando o no la prohibición de la doble remuneración.

El presidente Santiago Peña, en su decreto de nombramiento de los consejeros, estableció que todos debían cumplir su función ad honorem; sin embargo, Giménez no renunció al salario de Itaipú, como ella misma declaró en su momento, alegando que estaría dirigiendo al equipo.

El problema de nombrar consejero a un ministro es el conflicto constitucional, ya que en el artículo 241 de la Carta Magna se establece que los ministros del Ejecutivo tienen las mismas incompatibilidades que el presidente de la República y el 237 dice que el presidente no puede ejercer otro cargo público ni privado, debe dedicarse exclusivamente a sus funciones. Para los ministros, la única excepción es la docencia.

Específicamente, lo primero que solicita saber el diputado es si se viola o no la prohibición de la doble remuneración, si se direccionó o no a gastos sociales y qué mecanismo administrativo se usó para el efecto, además de cuánto dinero ya fue destinado a este concepto.

“Lea cobra dos sueldos, en qué concepto, cuál es la liquidación del sueldo, cuántos días acudió a este órgano permanente de Itaipú y sus planes dentro del consejo”, precisó.

Además de Lea, fueron designados consejeros el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos; el titular de Industria y Comercio, Javier Giménez; el canciller Rubén Ramírez Lezcano, y el asesor jurídico de Presidencia, Roberto Moreno.

Los otros dos, Félix Sosa, presidente de la ANDE, y Héctor Richer, asesor en cuestiones energéticas, no tienen cargo de ministros.

El ex consejero de la Itaipú Eduardo Viedma indicó que la designación fue un error. Afirmó que los ministros tienen cuestiones muy pesadas que atender y se necesita una visión política y general y no tomar decisiones tan simples. “El cargo de consejero no es un cargo menor, es designado por un decreto y las responsabilidades son extremadamente grandes. Entiendo claramente la intención del presidente de hacer un espejo al lado brasileño, pero esta incompatibilidad constitucional es un problema”, advirtió.

Fuente: Ultima Hora

El abogado y director de la organización IDEA, Ezequiel Santagada, celebró la imputación realizada por el Ministerio Público contra el senador Hernán Rivas por producción de documentos de contenido falso, con relación a su título universitario, y recordó que solicitaron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se le suspenda la matrícula.

“Precisamente, por los hechos notorios, de dominio público que daban verosimilitud a la inexistencia del cursado de la carrera de Derecho de Hernán Rivas, como bien señaló en su momento Manuel Riera, es que un grupo de abogados solicitamos a la CSJ en octubre del año pasado la suspensión de su matrícula de abogado. Esa misma inexistencia de documentos que sustenten el cursado de esa carrera es lo que ahora alega el Ministerio Público para imputar a Rivas”, recordó Santagada.

El grupo de abogados había solicitado, como medida cautelar, suspender la matrícula de abogado de Rivas, ante los indicios de posible título falso otorgado por la Universidad Sudamericana.

La nota llevó la firma de diez profesionales del derecho y refiere que, como abogados legítimamente matriculados, tenían una preocupación e indignación sobre los hechos notorios que pesan sobre quien entonces era el representante de la Cámara de Senadores ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Fuente: Ultima Hora

Juan Ignacio Doldán Ortigoza, yerno y secretario del diputado colorado cartista y presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Orlando Arévalo, manifestó que es funcionario permanente, sin concurso, que se ganó el puesto por trabajar políticamente con el legislador y suegro suyo. Tiene 23 años y cobra G. 8.500.000 como asesor sin contar con ningún título universitario.

Este ingresó en la función pública en febrero del año pasado como secretario administrativo en la Municipalidad de Lambaré, con salario de G. 3.500.000 y en noviembre del año pasado, pegó el salto al ingresar como “asesor” en la Cámara Baja, con un salario de G. 8.500.000, aunque en su primera declaración jurada estipuló G. 9.100.000.

De esta manera, el bautizado como nepoyerno por los medios y la ciudadanía es otro de los que “están mejor” con el nuevo gobierno cartista, gracias a su suegro y titular del JEM, sumándose a Montserrat Alliana, hija del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, y otros numerosos parientes de legisladores ubicados.

defensa. Abordado por los medios de comunicación, el joven manifestó que, como aspirante a la política, es importante para él ingresar a trabajar en el Congreso.

“Soy pareja de la hija de Orlando Arévalo, le amo muchísimo a su hija y a toda su familia. Me esforcé mucho para estar acá, soy una persona de su confianza… La verdad que para todo joven que incursiona en la política es muy importante estar en un lugar así, donde están los mayores exponentes de la política de Paraguay”, expresó.

Dijo que hace dos años está cursando la carrera de Administración y Finanzas en la Universidad Americana, pero hace cuatro años que es secretario privado de su suegro.

Como asistente de Arévalo, su horario laboral es de 07:00 a 13:00, según dijo, y afirmó que si se solicita su legajo no se va a encontrar ninguna ausencia.

Antes de ingresar en Diputados, trabajó en la Municipalidad de Lambaré, donde su suegra, Graciela Carolina González Pérez (ANR, HC), esposa del diputado colorado Orlando Arévalo, es concejala.

diputado. Por su parte, el diputado Arévalo salió también en defensa del joven, y manifestó que ingresar a parientes políticos y directos como funcionarios permanentes del Congreso es una “práctica común”.

“Él no es un planillero, cumple su rol y es un muchacho bien formado. Es una persona que sabe el lugar que ocupa, realiza funciones de secretario”, dijo Arévalo a la Monumental 1080 AM.

También destacó la formación académica del joven Juan Ignacio, a quien presentó como un estudiante de Administración en una universidad privada.

“No hay nada irregular, elegí confiar en él. Él es un muchacho que está de novio con mi hija. Aparte de esto, yo no tengo ningún pariente en la función pública”, se defendió el diputado.

Él no es un planillero, cumple su rol y es un muchacho bien formado. Realiza funciones de secretario. Orlando Arévalo, diputado colorado.

8.500.000 guaraníes percibe mensualmente Juan Ignacio Doldán, el yerno y secretario del diputado Orlando Arévalo.

Fuente: Ultima Hora

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, luego de haber dicho que miembros del Poder Legislativo (PL) no habrían incurrido en nepotismo, bajando las esperanzas de una posible investigación y posterior sanción, ahora salió a aclarar y dijo que se está trabajando en este tema.

“Entiendo que el acontecimiento penalmente relevante genera irritación en la ciudadanía cuando se ve que existen privilegios, pero estamos dando muestras de que seguimos los casos y que vamos avanzando”, dijo Rolón.

Más de veinte parlamentarios –diputados y senadores– fueron denunciados ante el Ministerio Público por haber contratado en cargos de confianza en el Congreso a hijos, esposas, nueras, yernos y más familiares. Muchos de ellos fungen de “asesores” de sus propios padres legisladores, pese a no tener la experiencia política y sin títulos universitarios, pasando a ganar sueldos siderales.

El fiscal general pidió recientemente a la ciudadanía estar tranquila, porque se iba a investigar como corresponde, pero declaró que la dificultad acá es que los familiares son contratados por otros y no por los propios parlamentarios.

“El vínculo debe ser consanguíneo o afín, los grados están establecidos en la ley, así que no es tan fácil simplemente a través de una designación decir ‘estamos en tal calificación jurídica’”, explicó esta semana, refiriéndose a la Ley N° 5295, que prohíbe el nepotismo.

Sin embargo, ahora refirió que las investigaciones abiertas están avanzando y que es por eso que se conformó un equipo de fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

Los agentes son Diego Arzamendia, Francisco Cabrera y Jorge Arce, quienes trabajarán bajo la coordinación de la fiscala adjunta Matilde Moreno.

Rolón mencionó en un comunicado que se busca dilucidar las denuncias sobre supuestos nepotismos.

“Estamos dando muestras de que seguimos trabajando. Definitivamente, empezamos simplemente con la recepción de las denuncias a través de las vías ordinarias y una vez que evaluamos la información, creímos que lo mejor es unificarlas, que es lo que hoy tiene éxito y con ello, vamos avanzando”, sostuvo.

Al último, dijo que “el principio de legalidad” es la motivación. “Si es un acontecimiento penalmente relevante, si tenemos evidencias, tenemos fuerza de asentar a través de una presentación judicial”, afirmó.

Si es un acontecimiento penalmente relevante, si (hay) evidencias, tenemos fuerza de asentar (perseguir).

El acontecimiento genera irritación en la ciudadanía cuando se ve que existen privilegios, pero… seguimos los casos. Emiliano Rolón, fiscal general.

Fuente: Ultima Hora

La fiscala Patricia Sánchez imputó ayer al senador cartista Hernán David Rivas Román por presentar su certificado de estudios y su título como abogado aparentemente falsos para jurar ante la Corte. El legislador –incluso– fungió como juez de jueces en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en función de la supuesta profesión.

La imputación es por producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.

Según el Ministerio Público, existen indicios suficientes para afirmar que Rivas es autor de los hechos de producción mediata de su matrícula de abogado, su título de grado y el certificado de estudios, todos aparentemente falsificados.

Él había hecho constar que del 2010 al 2015, supuestamente, cursó la carrera de Derecho en la Universidad Sudamericana, pero no existe documento académico “que pueda sostener la veracidad de lo que dicho documento certifica”, dice la imputación.

El senador había mostrado esos documentos “para acreditar su condición de abogado ante la Cámara de Diputados, órgano que en junio de 2020 le asignó la representación ante el (JEM)”.

Al siguiente año, usó nuevamente esas documentaciones para acceder a su matrícula, que la Corte le expidió el 7 de julio del 2021, y juró ante los ministros ese mismo día.

Y último, en el 2023, luego de asumir como senador, usó su matrícula y su título para representar esta vez a la Cámara Alta ante el Jurado y subir al cargo de presidente en dicho órgano.

FALSOS. “El certificado de estudios del imputado es un documento original, pero adolece de cuestiones formales de índole administrativa que nos llevan a sospechar de la verosimilitud de su contenido”, dice la imputación.

La tramitación de ese certificado se inició el 8 de junio de 2020 a las 17:45 y culminó al día siguiente, a las 12:06.

Para la Fiscalía, pesa en contra de Rivas también la “nula existencia de documentaciones de índole académica que respalden las constancias de haber cursado la carrera”.

Lo grave en el caso es que la matrícula y los documentos sirvieron solo para convencer a ambas cámaras del Poder Legislativo para entrar al Jurado.

Según la fiscala, esto resulta “relevante en la institucionalidad del sistema de Justicia, ya que la producción y el uso de la matrícula de abogado habrían permitido acceder al ahora imputado a la dignidad de juez de jueces, sin presumiblemente contar, con la aptitud académica que la Constitución exige”.

El caso había sido denunciado por la fiscala Casse Giménez, luego de ser enjuiciada por el caso audios justamente por el JEM. Ella había sostenido que los miembros del Jurado deben tener capacitación teórico-práctica y acabado conocimiento del Derecho para juzgar a jueces y fiscales.

DESAFUERO. La fiscala Patricia Sánchez ya solicitó al juez que pida el desafuero de Rivas al Senado, ya que el legislador cuenta con inmunidades parlamentarias que le protegen de ser procesado. Esto será un desafío para la Cámara Alta, que está integrada en su mayoría por cartistas.

Soroka espera llegada de la solicitud judicial para tratarla

El presidente de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, el senador Colym Soroka, dijo ayer que si el pedido de desafuero de su colega Hernán David Rivas, imputado por la Fiscalía por supuesta producción y uso de documento público de contenido falso, llega antes del miércoles próximo, el mismo pondrá a consideración para que se vote por la convocatoria a sesión extra del Senado para tratar este tema. No obstante, dijo que a raíz de la feria judicial y el receso parlamentario este tema podría prolongarse por unos días más. Dijo también que una vez que el Senado trate por el desafuero se necesita de 30 votos si es que se encuentran en la sala los 45 legisladores.

Expresó también que ya solicitó a los asesores para que lo pongan al tanto del procedimiento ya que es la primera vez que le toca tratar un tema así siendo titular de la Comisión Permanente.

Indicó también que la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta es la que debe dar un dictamen respecto a Rivas.

Cabe recordar que el año pasado el Senado trató la pérdida de investidura justamente de Rivas, pero la mayoría decidió rechazarla. Fue justamente cuando saltó el escándalo del título falso del mencionado senador colorado. Solamente las senadoras Celeste Amarilla y Kattya González votaron a favor de la medida de apartar al parlamentario colorado.

Colym Soroka

El director nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Agustín Encina, informó el miércoles a legisladores, en el marco de la reunión con la Comisión Permanente del Congreso Nacional, que en los primeros cuatro meses de gestión de la nueva administración se han denunciado más de 80 municipalidades por eludir la entrega de información sobre alimentación escolar a la entidad.

Entre la información solicitada a los municipios durante el proceso investigativo se encuentra la relación circunstanciada de hechos, estimación clara y precisa del daño o perjuicio causado y confirmación de ejecución de garantías otorgadas (mantenimiento de oferta, anticipo, fiel cumplimiento de contrato, desempeño profesional, según su caso). Esto, conforme a lo establecido en el manual de investigaciones previas y sumarios.

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas dijo esperará que las denuncias sigan su curso en la Contraloría General de la República (CGR) y, en caso de ser pertinentes, serán remitidas al Ministerio Público para la correspondiente investigación penal.