Política

Categoría: Gobierno

  • Jueza del “sin lloro” queda bajo la lupa por título de la Sudamericana

    Jueza del “sin lloro” queda bajo la lupa por título de la Sudamericana

    La jueza Penal de Ejecución Dina Marchuk, conocida públicamente por la frase “sin lloro”, vuelve a quedar en el centro de la polémica luego de conocerse que cuenta con un título de especialización expedido por la Universidad Sudamericana, la misma casa de estudios vinculada al escándalo académico del exsenador cartista Hernán Rivas.

    Marchuk adquirió notoriedad nacional en 2021, durante una audiencia judicial en la que reprendió a una procesada con la expresión “sin lloro”. La frase se viralizó rápidamente en redes sociales y convirtió a la magistrada en una figura conocida más allá del ámbito judicial.

    Penales en el año 2023 en la Universidad Sudamericana. El dato genera debate debido a que dicha institución quedó envuelta en cuestionamientos públicos tras las dudas surgidas sobre las condiciones en que el exsenador Hernán Rivas habría obtenido su título de abogado.

    Rivas, exlegislador cartista y exmiembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, fue uno de los nombres centrales del escándalo por presuntas irregularidades académicas. Su caso abrió una discusión más amplia sobre la emisión de títulos universitarios y los controles aplicados a instituciones de educación superior.

    Marchuk se desempeña como jueza Penal de Ejecución y ha intervenido en expedientes de alto perfil relacionados con el cumplimiento de condenas, beneficios penitenciarios y casos vinculados a narcotráfico, crimen organizado, integrantes del Primeiro Comando da Capital, además de procesados y condenados por hechos de corrupción pública. Algunas de sus resoluciones generaron controversia y fueron objeto de apelaciones.

    La misma expresión también fue utilizada posteriormente en publicaciones dirigidas a la exsenadora Kattya González, lo que volvió a instalar el debate sobre la conducta pública de jueces y la prudencia que deberían mantener quienes integran el Poder Judicial.

    El caso vuelve a poner en discusión no solo la validez y el origen de los títulos académicos de figuras públicas, sino también el comportamiento de magistrados en redes sociales y el impacto que este tipo de expresiones puede tener sobre la imagen de imparcialidad, seriedad e independencia del sistema judicial.

  • Renuncia liberal sacude la estrategia opositora en Ype Jhú

    Renuncia liberal sacude la estrategia opositora en Ype Jhú

    El PLRA deberá reemplazar a Valmir Fernández Melgarejo como candidato a intendente, mientras la Alianza analiza una sustitución conforme al reglamento. El caso se suma a tensiones internas en otros distritos, como Ciudad del Este.

    El Partido Liberal Radical Auténtico quedó sin candidato a intendente en el distrito de Ype Jhú, Departamento de Canindeyú, tras la renuncia indeclinable de Valmir Juan Fernández Melgarejo, también mencionado como Valmir “Casulo” Fernández, quien comunicó su decisión al titular liberal, Alcides Riveros.

    En la nota presentada, Fernández sostuvo que su renuncia responde a motivos “estrictamente de carácter personal”. Sin embargo, el caso se da en medio de versiones sobre supuestas presiones y amenazas que habrían afectado a candidaturas liberales en el distrito, tanto para la intendencia como para la Junta Municipal.

    Alcides Riveros señaló que el reemplazo se definirá conforme a lo establecido en el reglamento de la Alianza. Según adelantó, una de las posibilidades es que la sustitución recaiga en un integrante de la Junta Municipal, aunque la decisión aún debe ser definida institucionalmente.

    La situación representa un nuevo desafío para el PLRA y para el bloque opositor, que busca consolidar candidaturas únicas en varios distritos del país de cara a las municipales. Riveros había manifestado que la expectativa liberal es conquistar unas 100 intendencias, a las que se sumarían alrededor de 30 distritos mediante alianzas opositoras.

    El escenario también tiene derivaciones en Ciudad del Este, donde el PLRA enfrenta una negociación sensible con la candidatura de Laura Folle, ganadora de la interna liberal. Sectores del partido y del movimiento Yo Creo mantienen conversaciones en torno a una eventual unidad opositora alrededor de Dani Mujica, lo que genera debate dentro de la conducción partidaria.

    En total, el PLRA y otros partidos de oposición tienen acuerdos de alianza en 139 distritos. Entre los principales pactos se encuentran Asunción, donde los liberales decidieron apoyar a Soledad Núñez por la Alianza Unidos por Asunción, y Encarnación, donde la candidatura opositora corresponde al diputado liberal Carlos Pereira.

    La renuncia en Ype Jhú obliga ahora a una rápida definición política y electoral, en un momento en que el PLRA intenta ordenar sus candidaturas, sostener sus acuerdos con otros sectores opositores y evitar nuevos conflictos internos antes de las elecciones

     

  • Peña presenta los centros de primera infancia como el legado de su gobierno

    Peña presenta los centros de primera infancia como el legado de su gobierno

    El jefe de Estado señaló que actualmente se están inaugurando los primeros centros, pero que la meta del Gobierno es llegar a 50 este año, alcanzar 100 antes de concluir su mandato en 2028 y, posteriormente, extender el modelo a la mayor cantidad posible de distritos del país.

    Peña también reivindicó el rol de la primera dama, Leticia Ocampos, en el impulso del proyecto, destacando su participación en el desarrollo de esta política social.

    Durante su intervención, el presidente recordó además una experiencia personal vinculada al nacimiento prematuro de su hija, quien permaneció una semana en terapia intensiva. A partir de ese relato, conectó su mensaje con la importancia de acompañar a las familias desde la primera infancia.

    “Yo vine y asumí esta carga con el objetivo de transformar el Paraguay”, afirmó, al insistir en que esa transformación debe comenzar desde los primeros mil días de vida.

  • Lilian Samaniego pide a Peña priorizar salud y mayor participación de la disidencia en la ANR

    Lilian Samaniego pide a Peña priorizar salud y mayor participación de la disidencia en la ANR

    Durante la sesión de la Junta de Gobierno de la ANR, en la que el presidente Santiago Peña presentó su informe de gestión, la senadora colorada Lilian Samaniego expresó el respaldo institucional de la disidencia al Gobierno, pero también planteó reclamos sobre salud pública, productores y participación interna dentro del Partido Colorado.

    Samaniego destacó que Peña haya acudido a rendir cuentas ante la dirigencia partidaria y recordó que llegó a la Presidencia de la República con el respaldo de la ANR, “en la diversidad, la unidad y la concordia”.

    En su intervención, la legisladora pidió al mandatario priorizar la salud pública y atender con mayor fuerza las necesidades de las familias paraguayas. También hizo referencia a la situación de los productores, señalando que muchos de ellos no sienten un acompañamiento suficiente del Estado.

    “Los productores no sienten que el Estado acompañe su sacrificio. Es lo que percibimos y escuchamos al recorrer la República”, manifestó.

    En ese sentido, solicitó fortalecer las políticas públicas orientadas al sector productivo, especialmente aquellas que permitan mejorar las condiciones de exportación y la calidad de vida de quienes trabajan en el campo.

    Además, Samaniego pidió una reunión entre todos los sectores internos del Partido Colorado y reclamó mayor participación de los movimientos no oficialistas en la conducción de la campaña electoral, de cara a los próximos desafíos políticos de la ANR.

  • Exdirector de cárcel apartado tras requisa de una “bodega” busca ser contralor generalral

    Exdirector de cárcel apartado tras requisa de una “bodega” busca ser contralor generalral

    El exdirector de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, Roberto Emilio Riveros Florentín, presentó oficialmente su postulación para el cargo de contralor general de la República.

    La candidatura ingresó este jueves, a las 09:36, a la Secretaría General del Poder Legislativo, sumándose así a la lista de aspirantes que buscan ocupar una de las instituciones clave para el control del uso de los recursos públicos.

    Riveros Florentín, abogado y con formación académica en maestrías y especializaciones, ya tuvo un paso por la función pública como director del penal de Ciudad del Este entre agosto de 2022 y julio de 2023, según consta en sus declaraciones juradas presentadas ante la Contraloría General de la República.

    Su salida del cargo se produjo luego de una requisa realizada en la cárcel, donde se hallaron bebidas alcohólicas que funcionaban como una especie de “bodega” dentro del penal, situación que generó cuestionamientos sobre el control interno y la administración penitenciaria.

    De acuerdo con su declaración jurada por baja del cargo, Riveros reportó un patrimonio de G. 240 millones, sin variaciones respecto a su declaración anterior.

    Ahora, el exdirector penitenciario apunta a ocupar la Contraloría General de la República, organismo encargado precisamente de fiscalizar la gestión pública y controlar el patrimonio de los funcionarios del Estado.

  • Gestión de Guido González, bajo la lupa de la DNCP por irregularidades

    Gestión de Guido González, bajo la lupa de la DNCP por irregularidades

    La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas detectó graves inconsistencias en la ejecución de un contrato de recapado asfáltico de la Municipalidad de Lambaré. Los hallazgos alcanzan a una adenda contractual, pagos observados, documentación incompleta y deficientes mecanismos de control durante la administración del intendente Guido González.

    Mediante la Resolución DNCP N.º 1494/26, del 9 de junio de 2026, la institución concluyó que el procedimiento de contratación estuvo afectado por irregularidades relacionadas con la Adenda N.º 1 del Contrato N.º 18/24 y con las actuaciones realizadas a partir de dicho documento.

    Entre las observaciones aparecen pagos efectuados fuera de los plazos establecidos, falta de aplicación de retenciones correspondientes al ejercicio fiscal 2024 y comprobantes que no contaban con la firma ni el sello del funcionario responsable.

    Uno de los aspectos más cuestionados es que la adenda habría sido suscripta después de la recepción definitiva de la obra y cuando el contrato original ya se encontraba fuera de vigencia. Posteriormente, también se habría emitido una orden de inicio que concedió un plazo de ejecución no contemplado expresamente en la modificación contractual.

    La resolución recomienda igualmente que la Municipalidad impulse un deslinde de responsabilidades administrativas. Hasta el momento, sin embargo, no fueron individualizados los funcionarios involucrados ni se establecieron sanciones concretas.

    Aunque la investigación administrativa fue formalmente concluida, sus resultados representan un serio cuestionamiento político para la gestión de Guido González. Un contrato de obras viales avanzó entre modificaciones irregulares, documentos insuficientes, pagos observados y controles que no funcionaron adecuadamente.

    La responsabilidad jurídica deberá ser determinada por las instituciones competentes. La responsabilidad política, sin embargo, corresponde a una administración municipal que tenía la obligación de garantizar que cada pago, modificación contractual y obra pública se ajustara a la normativa vigente.

     

  • ¿Presidente de la República o de los colorados?”

    ¿Presidente de la República o de los colorados?”

    La presentación realizada por el presidente Santiago Peña ante referentes de la Asociación Nacional Republicana generó cuestionamientos de sectores de la oposición, que criticaron que el mandatario informara primero a su partido antes de comparecer ante el Congreso Nacional.

    “¿Es presidente de la República o de los colorados?”, fue uno de los cuestionamientos expresados por los opositores, quienes calificaron el episodio como una “autohumillación” del propio jefe de Estado.

    La senadora Celeste Amarilla sostuvo que la decisión refuerza la percepción de una subordinación política dentro del oficialismo.

    “Parece que presenta su borrador al patrón y luego a nosotros”, manifestó la

    legisladora, en alusión al presidente de la ANR, Horacio Cartes.

    Desde la oposición señalaron que el presidente de la República debe rendir cuentas prioritariamente ante las instituciones del Estado y la ciudadanía, y no ante una organización partidaria.

    Las críticas se producen en medio del debate sobre la influencia de la dirigencia colorada en las decisiones del Poder Ejecutivo y la relación política entre Peña y Cartes.

     

  • Senado eleva a 36 años el servicio policial para acceder al retiro

    Senado eleva a 36 años el servicio policial para acceder al retiro

    El proyecto amplía de 30 a 36 años el tiempo de servicio requerido para que oficiales y suboficiales puedan acogerse a la jubilación.

    La Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley que modifica las condiciones de ascenso, permanencia y retiro del personal de la Policía Nacional, estableciendo que los agentes deberán completar hasta 36 años de servicio para acceder a los beneficios jubilatorios.

    La propuesta, que obtuvo media sanción y deberá ser analizada por la Cámara de Diputados, modifica diez artículos de la Ley N.º 7280/2024, de Reforma y Modernización de la Policía Nacional.

    Uno de los principales cambios afecta a los suboficiales que no hayan obtenido un ascenso dentro de la institución. La normativa vigente establece su retiro al alcanzar los 30 años de servicio, mientras que el nuevo documento amplía ese periodo a 36 años.

    Según los fundamentos de la iniciativa, los ajustes buscan adecuar la legislación policial a las nuevas condiciones financieras y administrativas establecidas tras la reciente reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público.

    La ampliación de los años de servicio responde principalmente a criterios de sostenibilidad del sistema previsional estatal. Sin embargo, la medida tendrá un impacto directo sobre los integrantes de la Policía Nacional, quienes deberán permanecer seis años adicionales en funciones antes de acceder al retiro.

    El proyecto fue aprobado sin mayores cuestionamientos durante su tratamiento en la Cámara Alta. Tras recibir la media sanción del Senado, la propuesta pasa ahora a consideración de la Cámara de Diputados, que podrá aprobarla, modificarla o rechazarla.

  • Empresarios cuestionan reajuste salarial anunciado por Peña ante la ANR

    Empresarios cuestionan reajuste salarial anunciado por Peña ante la ANR

    El presidente del Centro de Importadores del Paraguay, Iván Dumot, cuestionó el reajuste del 5% del salario mínimo, equivalente a G. 144.952, y criticó que la decisión haya sido anunciada por el presidente Santiago Peña durante un acto político de la ANR.

    Dumot sostuvo que una medida de este alcance debería basarse en criterios técnicos y ser comunicada por los canales institucionales correspondientes.

     “La inseguridad jurídica es la principal debilidad de nuestro sistema. Lo único que hace esto es desmoronar la confianza”, expresó.

    Además, puso en duda que la inflación del 2,4% refleje el verdadero impacto del aumento de precios sobre los trabajadores y afirmó que ese debería ser el problema de fondo a resolver, antes que recurrir a un reajuste que calificó como arbitrario.

  • Descuentos a funcionarios y fondos sin destino claro en la era Samaniego

    Descuentos a funcionarios y fondos sin destino claro en la era Samaniego

    La administración de Arnaldo Samaniego al frente de la Municipalidad de Asunción sigue marcada por uno de los capítulos más cuestionados de su gestión: el presunto despilfarro de más de G. 28.922 millones, monto que, según una auditoría forense, no contaba con documentación respaldatoria clara o correspondía a transferencias que no habrían ingresado a la Caja Municipal.

    El caso corresponde al periodo 2014-2015, cuando surgieron serias dudas sobre el destino de recursos descontados a funcionarios municipales. De acuerdo con las observaciones realizadas en su momento, parte de esos fondos no habría sido transferida correctamente a la institución correspondiente.