La senadora cartista rechazó las acusaciones de tres exfuncionarias que denunciaron supuestos cobros ilegales de bonificaciones y exigencias de hasta G. 100 millones por nombramientos en el Senado. Delgado aseguró que las transferencias bancarias respondían a relaciones familiares y anunció acciones judiciales contra las denunciantes.
La senadora Zenaida Delgado (ANR-Honor Colorado) rompió el silencio ante las graves acusaciones que la señalan como presunta responsable de un esquema de cobros irregulares a funcionarios del Congreso Nacional.
La legisladora calificó de falsas las denuncias y sostuvo que las tres mujeres que la acusaron fueron desvinculadas de su despacho por supuestas irregularidades, entre ellas lesión de confianza y falsificación de firmas.
Delgado aseguró que no permitirá que las acusaciones afecten su reputación y adelantó que recurrirá al Ministerio Público para presentar una denuncia penal.
“Son temas domésticos”, respondió sobre las transferencias
Uno de los puntos centrales de la controversia son las presuntas transferencias bancarias realizadas por funcionarias a cuentas vinculadas a la legisladora.
Las denunciantes sostienen que esos movimientos correspondían al pago obligatorio de bonificaciones salariales y a exigencias económicas para acceder a cargos públicos.
Sin embargo, Delgado rechazó esa interpretación y argumentó que mantenía una relación personal y familiar con algunas de las denunciantes, por lo que las transferencias no necesariamente estaban vinculadas a cuestiones laborales.
“Estos son temas domésticos, no voy a entrar en esta tontería”, respondió la parlamentaria al ser consultada sobre los movimientos de dinero.
La explicación de la senadora abre un punto fundamental para la investigación: determinar el origen, destino y justificación de las transferencias denunciadas.
Las denunciantes eran familiares de la legisladora
Delgado identificó a Leonarda Vera y Lorena Gauto como dos de las mujeres que formularon las acusaciones.
Según explicó, una de ellas es su excuñada y la otra su exconcuñada. Ambas habrían accedido a trabajar en su despacho luego de solicitarle empleo.
La senadora sostuvo que las consideraba personas de su confianza y atribuyó las denuncias a un conflicto surgido después de sus desvinculaciones.
También afirmó que las separaciones estuvieron relacionadas con supuestas irregularidades administrativas, aunque evitó proporcionar detalles y señaló que la documentación correspondiente puede solicitarse al área de Recursos Humanos del Senado.
Niega exigencias de hasta G. 100 millones
Las acusaciones divulgadas por tres exfuncionarias describen un supuesto mecanismo de recaudación mediante el cual trabajadores debían entregar sus bonificaciones mensuales y pagar sumas de entre G. 20 millones y G. 100 millones para obtener nombramientos permanentes.
Los testimonios también mencionan préstamos millonarios, presiones laborales y amenazas de desvinculación contra quienes se negaban a cumplir las exigencias económicas.
Delgado negó categóricamente haber solicitado esos pagos y sostuvo que las denunciantes deberán demostrar sus afirmaciones ante la Justicia.
“A la Fiscalía voy a contar muchas cosas”
La legisladora anunció que pondrá los antecedentes en manos de sus abogados para iniciar acciones legales.
Además, aseguró haber recibido amenazas, cuyos detalles no quiso revelar públicamente.
“A la Fiscalía voy a contar muchas cosas”, expresó, dejando abierta la posibilidad de presentar documentación y otras denuncias relacionadas con el conflicto.
También manifestó su preocupación por el impacto que la controversia puede generar en su familia.
Defendió préstamos y favores económicos a familiares
La senadora fue consultada igualmente sobre su participación como codeudora de un préstamo solicitado por su sobrino Alejandro Delgado.
Defendió esa decisión argumentando que mantiene una relación cercana con él y que habitualmente ayuda económicamente a familiares y personas de su entorno.
Aseguró, además, que había prestado dinero a una de sus excuñadas sin reclamar posteriormente su devolución.
El caso pone bajo la lupa los controles del Senado
Más allá de las acusaciones y la defensa de Delgado, la controversia plantea interrogantes sobre los procedimientos de contratación, asignación de bonificaciones y otorgamiento de nombramientos dentro del Congreso Nacional.
Las denuncias deberán ser investigadas para establecer si existieron cobros indebidos, presiones laborales o utilización irregular de los recursos públicos.
Asimismo, corresponderá determinar si las transferencias mencionadas responden a operaciones personales, como sostiene la parlamentaria, o a pagos exigidos por razones laborales, como afirman las denunciantes.
La documentación bancaria, los registros administrativos y los testimonios serán fundamentales para esclarecer los hechos y establecer eventuales responsabilidades.
