Las declaraciones juradas revelan abultados bienes de varios jefes departamentales mientras la Contraloría revisa sus patrimonios. El caso del gobernador de Guairá, César “Cesarito” Sosa, encabeza el ranking con más de G. 115.000 millones declarados.
Los gobernadores comenzaron a generar cuestionamientos luego de que la Contraloría General de la República ordenara la verificación de los patrimonios de todos los jefes departamentales del país.
El análisis de los documentos publicados en el portal oficial de la institución muestra que varios gobernadores asumieron sus cargos con patrimonios millonarios, lo que vuelve a instalar el debate público sobre el origen y la evolución de las fortunas de autoridades que hoy administran recursos del Estado.
Gobernadores con mayores patrimonios
De acuerdo con los registros de la Contraloría, el gobernador que declaró mayor patrimonio al inicio de su gestión es César “Cesarito” Sosa (ANR), quien en el año 2023 informó bienes por G. 115.838 millones.
En segundo lugar figura Freddy Tadeo D’Ecclesiis (ANR), gobernador del departamento de San Pedro, con un patrimonio declarado de G. 23.637.010.420.
En el caso de D’Ecclesiis, su patrimonio está compuesto principalmente por cinco inmuebles ubicados en la ciudad de San Estanislao, entre ellos una granja, tres viviendas y un terreno baldío, además de dos vehículos registrados a su nombre.
Debate sobre la transparencia patrimonial
Las cifras declaradas vuelven a poner en discusión la relación entre la política y las grandes fortunas, especialmente en un contexto en el que los gobernadores administran importantes presupuestos públicos y programas sociales en los departamentos.
Aunque la presentación de declaraciones juradas es una obligación legal, distintos sectores sostienen que la simple publicación de los datos no siempre permite determinar con claridad el origen real de los bienes, por lo que la verificación anunciada por la Contraloría busca establecer posibles inconsistencias o incrementos patrimoniales injustificados.
Contraloría anuncia revisión
Ante el creciente cuestionamiento público, el contralor general dispuso la revisión de todas las declaraciones juradas de los gobernadores, con el objetivo de analizar la evolución de sus patrimonios y detectar eventuales irregularidades.
El proceso de verificación podría abrir un nuevo capítulo en el debate sobre transparencia y control patrimonial de las autoridades electas, en un escenario donde la ciudadanía exige mayor claridad sobre cómo se construyen las fortunas de quienes hoy ocupan cargos públicos.
