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La diputada Rocío Vallejo sostuvo que la terna para la Contraloría parece encaminada a favorecer la reelección de Camilo Benítez y advirtió que el PLRA corre riesgo de perder el espacio que históricamente ocupa en la Subcontraloría.

La diputada Rocío Vallejo, de Patria Querida, cuestionó el escenario político abierto tras la conformación de las ternas para la Contraloría General de la República (CGR) y afirmó que el proceso apunta a la continuidad del actual contralor, Camilo Benítez.

“Así como está, yo creo que la terna está para Benítez”, expresó la legisladora al referirse a la definición realizada en el Senado.

Vallejo centró además su preocupación en la elección del próximo subcontralor. Según señaló, existe la posibilidad de que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) pierda el espacio que tradicionalmente ocupa dentro de la institución.

“Evidentemente, la terna está hecha para Camilo. La de subcontralor es en la que existe el peligro de que el pequeño espacio que tiene el PLRA pueda ser perdido”, sostuvo.

La diputada indicó que ahora las negociaciones pasarán a la Cámara de Diputados, donde los votos liberales podrían ser determinantes tanto para la designación de Benítez como para la eventual conservación de la Subcontraloría.

“Vamos a ver las negociaciones en Diputados en cuanto a los votos de los liberales para Camilo y eventualmente conservar, por lo menos, la Subcontraloría para Paiva. Pero las cartas están echadas”, afirmó.

La definición final queda ahora en manos de Diputados, en medio de cuestionamientos de sectores de la oposición sobre el equilibrio político dentro de uno de los principales organismos de control del Estado.

El exministro Arnaldo Giuzzio protagonizó un tenso episodio al término de una jornada de su juicio oral, cuando increpó a los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce. La Asociación de Agentes Fiscales calificó lo ocurrido como una presunta amenaza y pidió a la Corte Suprema medidas urgentes de seguridad. El episodio también abre interrogantes sobre el tratamiento mediático que reciben figuras políticas según su sector de pertenencia.

Arnaldo Giuzzio volvió a quedar en el centro de la controversia tras protagonizar un fuerte cruce con los fiscales que sostienen la acusación en el juicio oral que enfrenta por presunto cohecho pasivo agravado.

El episodio ocurrió el 24 de agosto, al finalizar una de las jornadas del juicio. Mientras la fiscala Verónica Valdez brindaba declaraciones a la prensa, Giuzzio intervino y posteriormente se dirigió al fiscal Jorge Arce. Entre otras expresiones, lanzó un desafiante “vamos a hablar después”.

La situación fue considerada suficientemente grave por la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay, que solicitó formalmente a la Corte Suprema de Justicia medidas urgentes de seguridad para Valdez y Arce. Según el gremio, Giuzzio habría proferido amenazas directas contra los representantes del Ministerio Público, en un episodio registrado en video y difundido públicamente.

Giuzzio, por su parte, sostiene que no amenazó a los fiscales y que sus expresiones fueron un reclamo por la falta de investigación de una denuncia presentada contra Horacio Cartes.

¿Y si hubiese sido Hernán Rivas?

El episodio deja además una pregunta incómoda sobre el tratamiento político y mediático de determinados protagonistas.

¿Qué habría ocurrido si Hernán Rivas, actualmente también sometido a juicio oral por el caso de su cuestionado título universitario, hubiese apuntado a los fiscales que lo acusan y lanzado una expresión similar?

Probablemente la reacción política y mediática habría sido mucho más intensa.

En el caso de Giuzzio, pese a que el propio gremio fiscal consideró necesario solicitar protección, el episodio no tuvo inicialmente una repercusión proporcional a la gravedad institucional que denunciaron los agentes.

Más aún, el exministro encontró espacios mediáticos para exponer su versión y presentarse como víctima de una supuesta persecución política.

La crítica, entonces, no pasa por impedir que Giuzzio ejerza su defensa —un derecho que le corresponde—, sino por exigir el mismo parámetro para todos.

Si increpar y lanzar advertencias contra fiscales es grave cuando lo hace un dirigente de un determinado sector político, también debe serlo cuando quien protagoniza el episodio es una figura enfrentada al oficialismo.

La vara de la justicia puede discutirse en tribunales. La vara del periodismo también merece ser observada cuando parece cambiar según quién sea el acusado.

El diputado Daniel Centurión reconoció que la cuestionada administración del exintendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez representa una carga política para la candidatura colorada de Camilo Pérez. Sin embargo, sostuvo que el postulante de la Lista 1 puede marcar un cambio frente al modelo de gestión que dominó la Municipalidad capitalina en los últimos años.

Centurión, integrante del comando de Capital de la Lista 1, admitió que existe una percepción negativa sobre la gestión de Rodríguez y habló directamente de una “sombra” que acompaña al oficialismo en plena campaña municipal.

“Existe la sombra de la mala administración de Nenecho Rodríguez, pero nosotros siempre tratamos de ser justos”, afirmó.

El legislador intentó, no obstante, distribuir responsabilidades y señaló que la crisis de la Municipalidad de Asunción no puede atribuirse exclusivamente a la administración colorada. En ese contexto, también apuntó contra el exintendente Mario Ferreiro.

“Si miramos los últimos 10 años, hemos tenido dos intendentes de distintos signos políticos. Uno de la oposición, Ferreiro, y el otro Nenecho Rodríguez. Y ambos han sido responsables de la destrucción moral y financiera del municipio de Asunción”, sostuvo.

Consultado sobre quién tendría una mayor responsabilidad en el deterioro de la administración municipal, Centurión evitó establecer diferencias.

“¿Quién es más responsable que quién? Yo no me animo a hacer esa valorización”, manifestó.

Pese a reconocer el desgaste que dejó la gestión de Rodríguez, Centurión presentó a Camilo Pérez como una figura capaz de representar una renovación dentro del propio Partido Colorado y aseguró que confía en la estructura partidaria para imponerse frente a la oposición.

El discurso expone uno de los principales desafíos de la Lista 1 en Asunción: intentar instalar una candidatura de “cambio” sin poder desprenderse completamente del costo político acumulado por una administración municipal encabezada por el mismo sector partidario.

El diputado independiente Rubén Rubín cuestionó duramente al Gobierno de Santiago Peña por la respuesta dada a los reclamos de los médicos, que cumplen su segundo día de huelga a nivel nacional.

El legislador apuntó contra el argumento oficial de que resulta “financieramente imposible” atender el reajuste salarial reclamado por el sector médico y contrastó esa postura con los gastos públicos destinados a servicios de catering y otras contrataciones.

“Dicen que no hay plata, pero gastan millones en catering. Para las empanaditas sí hay plata”, expresó Rubín, en abierta crítica a las prioridades presupuestarias del Ejecutivo.

El parlamentario también extendió sus cuestionamientos a la situación de otros sectores del Estado, como docentes y fuerzas públicas.

“Me pregunto nomás yo: si nosotros no podemos cumplir con nuestros médicos, con nuestros docentes, con las fuerzas públicas, ¿tiene sentido que conformemos Gobierno?”, manifestó.

Las declaraciones se producen en medio de la huelga impulsada por médicos, quienes reclaman, entre otros puntos, mejoras salariales. Desde el Ministerio de Economía sostienen que atender completamente el reajuste planteado implicaría un fuerte impacto para las finanzas públicas.

El cruce vuelve a colocar en discusión las prioridades del gasto estatal, mientras el Gobierno sostiene que no existen recursos suficientes para cumplir con todas las reivindicaciones del sector sanitario.

El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, afirmó que el aumento salarial reclamado por los médicos no puede ser asumido actualmente por el Estado. Según explicó, elevar de G. 5 millones a G. 8 millones la remuneración por vínculo representaría un impacto superior a USD 100 millones para el presupuesto. Como alternativa, el Gobierno plantea avanzar en la carrera sanitaria y en la universalización de las 12 horas por vínculo.

El Gobierno volvió a marcar distancia del principal reclamo de los médicos en huelga. El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, sostuvo que el reajuste salarial solicitado por el sector es de “cumplimiento imposible” en la actual coyuntura presupuestaria.

Lovera realizó estas declaraciones luego de reunirse con integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado, donde fue consultado sobre las posibilidades de alcanzar una salida al conflicto con los profesionales de blanco.

El principal pedido del gremio plantea un incremento aproximado de G. 3 millones por vínculo, llevando la remuneración de alrededor de G. 5 millones a G. 8 millones.

Según el ministro, aceptar esa propuesta implicaría un aumento cercano al 76% y representaría para el Estado una erogación adicional superior a USD 100 millones.

“Estamos hablando de un ajuste que significaría un poco más de USD 100 millones para el presupuesto. La realidad, entendiendo la composición y estructura del gasto rígido que hoy tenemos, este pedido resulta de cumplimiento imposible”, afirmó.

Sin margen tampoco para un aumento gradual

Consultado sobre la posibilidad de negociar un reajuste parcial o escalonado, Lovera volvió a señalar que la situación presupuestaria no permite asumir actualmente compromisos de incrementos salariales directos.

La postura, según explicó, no alcanza solamente al sector médico, sino también a otros gremios de la función pública que plantean reivindicaciones similares.

Como posible punto de negociación, el Ministerio de Economía plantea avanzar en disposiciones contempladas dentro de la carrera sanitaria, entre ellas la universalización de las 12 horas por vínculo, establecida en la legislación vigente.

De esta manera, mientras los médicos mantienen sus reclamos salariales y laborales, el Ejecutivo descarta por ahora conceder el aumento solicitado y concentra una eventual negociación en cambios relacionados con la carga horaria y la carrera sanitaria.

La Cámara de Senadores analizará este miércoles el proyecto que propone declarar en emergencia al Instituto de Previsión Social (IPS). La iniciativa llega al pleno con dictámenes que aconsejan su rechazo, pese a los cuestionamientos por falta de medicamentos, problemas de infraestructura y déficit de personal en la previsional.

La Cámara de Senadores tratará este miércoles, durante su sesión ordinaria, el proyecto de ley que busca declarar en emergencia al Instituto de Previsión Social (IPS), ante las dificultades que atraviesa la institución.

La propuesta, remitida por la Cámara de Diputados, plantea adoptar medidas extraordinarias frente al desabastecimiento de medicamentos e insumos, los problemas de infraestructura y la falta de personal denunciados en distintos servicios de la previsional.

Sin embargo, luego de aproximadamente un mes de análisis en las diferentes comisiones del Senado, la tendencia sería rechazar el proyecto.

Humberto Fernández, director de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, señaló que los dictámenes técnicos y de las comisiones concluyen que una declaración de emergencia no solucionaría los problemas estructurales del IPS.

A esta postura se suma un dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que tampoco considera que este mecanismo sea la vía adecuada para afrontar la crisis.

Según Fernández, en lugar de declarar una emergencia, deberían buscarse mecanismos administrativos internos que permitan dar respuestas a las dificultades de la institución.

El debate se dará mientras persisten los reclamos de asegurados y sectores médicos por medicamentos, atención, infraestructura y condiciones de trabajo dentro del IPS.

Además del proyecto sobre la previsional, el Senado analizará iniciativas relacionadas con seguridad vial, el fenómeno de El Niño, cooperación migratoria con Estados Unidos, una designación diplomática y el sistema de notificaciones electrónicas.