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El reciente viaje de Horacio Cartes a Estados Unidos constituye una confirmación pública de que fueron levantadas tanto las sanciones económicas como las restricciones políticas impuestas al expresidente paraguayo, según afirmó su abogado, Pedro Ovelar.

El representante legal calificó la decisión estadounidense como “una reivindicación de la justicia” y sostuvo que actualmente Cartes ya no enfrenta impedimentos para ingresar a territorio norteamericano ni para realizar operaciones comerciales vinculadas con empresas o con el sistema financiero de ese país.

“Esto representa un acto de justicia, donde le han devuelto a una persona la posibilidad de demostrar que en todo momento se comportó dentro del marco del respeto a las leyes y a las instituciones”, expresó Ovelar en comunicación con Radio Monumental 1080 AM.

Según el abogado, Cartes optó por mantener silencio durante el periodo en que estuvieron vigentes las medidas y, a su criterio, el levantamiento de las restricciones demuestra que las acusaciones que dieron origen a las sanciones no pudieron sostenerse.

Consultado sobre si el regreso del exmandatario a Estados Unidos confirma también que quedó sin efecto la designación de “significativamente corrupto”, Ovelar respondió que esa situación ya había sido resuelta en octubre del año pasado.

Explicó que, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos levantó las sanciones económicas, también habría quedado sin efecto la designación política realizada por el Departamento de Estado. Aclaró, sin embargo, que este último organismo no publica necesariamente esas decisiones en una plataforma oficial, como sí ocurre con las medidas administradas por la OFAC.

El presidente Santiago Peña se ubicó en el cuarto lugar entre los mandatarios con mejor imagen positiva de América Latina, según el ranking de junio de 2026 elaborado por la consultora internacional CB Global Data.

De acuerdo con la medición, Peña alcanzó una valoración positiva del 48,3%, quedando por detrás de Nayib Bukele, presidente de El Salvador; Claudia Sheinbaum, mandataria de México; y Laura Fernández, presidenta de Costa Rica.

Sin embargo, la posición regional contrasta con la realidad que atraviesa su administración. A nivel interno persisten fuertes reclamos por la situación del IPS, la falta de medicamentos, la inseguridad, el desempleo, el aumento del costo de vida, las denuncias de corrupción y las deficiencias en varias instituciones públicas.

Aunque estadísticamente aparece entre los presidentes mejor posicionados de América Latina, Santiago Peña todavía mantiene una importante deuda con la ciudadanía y enfrenta grandes desafíos para convertir esa valoración internacional en resultados concretos para el país.

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) conmemora este 10 de julio sus 139 años de fundación en medio de un proceso de renovación de autoridades y de fuertes cuestionamientos sobre su identidad, su unidad interna y su capacidad de volver a representar una alternativa de poder.

Integrantes de la nueva generación partidaria señalaron que uno de los principales desafíos del liberalismo será recuperar la confianza ciudadana, fortalecer su línea política y construir acuerdos con otros sectores de la oposición de cara a las elecciones generales de 2028.

El diputado Pedro Gómez, electo presidente de la Juventud Liberal Radical Auténtica (JLRA), sostuvo que el partido deja atrás una conducción cuestionada e inicia una nueva etapa marcada por el optimismo y un cambio generacional.

Afirmó que el PLRA debe volver a representar los intereses de la ciudadanía y asumir una posición más clara sobre los principales temas nacionales. Reconoció, además, que la identidad y la ideología liberal se fueron debilitando con el paso de los años, al punto de que numerosos afiliados desconocen sus principios y su aplicación como modelo de gestión pública.

Según Gómez, el desafío no pasa únicamente por ejercer una oposición basada en críticas y denuncias, sino también por demostrar capacidad para gobernar.

“La ciudadanía ya no quiere ver a los liberales en la otra vereda solamente criticando. Quiere vernos gobernando”, expresó.

Unidad interna y alianzas para 2028

El legislador destacó la necesidad de alcanzar la unidad dentro del partido, respetar las decisiones institucionales y evitar que los representantes liberales actúen de manera dispersa, especialmente en el Congreso Nacional.

En ese sentido, manifestó su confianza en que el nuevo presidente del PLRA, Alcides Riveros, pueda encabezar un proceso de acercamiento entre los distintos sectores internos y consolidar una línea política común.

También consideró fundamental que el liberalismo impulse alianzas con otras fuerzas opositoras, con el objetivo de construir una alternativa competitiva para las elecciones de 2028.

Recuperar el vínculo con los jóvenes

Respecto a las nuevas generaciones, Gómez señaló que la Juventud Liberal deberá concentrarse en la formación política y doctrinaria de sus miembros.

Sostuvo que el objetivo será volver a acercar a los jóvenes a los valores del liberalismo y capacitarlos para que comprendan su ideología, sus principios y su propuesta de administración del Estado.

“Tenemos que volver a hablarles a los jóvenes de lo lindo que es el liberalismo y empezar a capacitarlos para que sepan realmente qué representa”, afirmó.

El desafío de no normalizar la corrupción

Otro de los puntos mencionados fue la necesidad de combatir la corrupción y evitar que las denuncias contra autoridades nacionales sean asumidas como hechos normales dentro de la vida política.

Gómez cuestionó que distintos escándalos que afectan al Gobierno y al entorno del presidente de la República, Santiago Peña, dejen de generar una reacción firme de la ciudadanía.

Entre los casos mencionó los cuestionamientos relacionados con fondos del Instituto de Previsión Social depositados en bancos vinculados al entorno presidencial, el episodio conocido como “los sobres del poder” y otras denuncias surgidas durante la actual administración.

A 139 años de su fundación, el PLRA enfrenta así el reto de reconstruir su identidad, ordenar sus diferencias internas, formar nuevos liderazgos y recuperar su condición de opción real de gobierno.

Una nueva denuncia vuelve a sacudir a la Entidad Binacional Yacyretá y pone nuevamente bajo la lupa el presunto uso político de los cargos públicos. Esta vez, el caso involucra a Silvia Noelia Giménez Gibbons, vinculada familiarmente al clan investigado por la millonaria estafa a la empresa ganadera Viradolce S.A., propiedad de la empresaria Maris Llorens.

Según versiones internas de la binacional, Giménez Gibbons habría sido incorporada a Yacyretá con un cargo de alto rango y un salario privilegiado, pese a sus antecedentes judiciales y a su vinculación con una de las causas de estafa más resonantes de los últimos años.

El caso apunta a una presunta triangulación política entre el vicepresidente de la República, Pedro Alliana; el ministro secretario de la Presidencia, Jorge “Turi” Cappello; y el director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá, Luis Benítez.

De acuerdo con fuentes de la institución, la contratación habría sido solicitada por Turi Cappello, avalada políticamente desde el entorno del vicepresidente Alliana y finalmente ejecutada bajo la administración de Luis Benítez en la EBY.

Giménez Gibbons habría ingresado a la binacional el año pasado, en medio de cuestionamientos internos por el manejo de los cargos, los altos salarios y los nombramientos vinculados a padrinazgos políticos.

Silvia Noelia Giménez Gibbons fue declarada en rebeldía años atrás y contó con orden de captura en el marco de la investigación por la megaestafa a Viradolce S.A. En dicha causa, la red fue acusada de desviar millonarios montos mediante maniobras con cheques, simulación de pagos a proveedores y operaciones financieras irregulares.

Las principales operadoras del esquema, Annie Victoria Gibbons y Fabiola Bareiro, madre y tía de Noelia, fueron condenadas por estafa agravada, producción de documentos no auténticos y lavado de dinero. El caso continuó su recorrido judicial luego de anulaciones de sentencias y nuevas definiciones pendientes en instancias superiores.

Pese a ese antecedente judicial sensible, Giménez Gibbons habría terminado ubicada en una de las entidades públicas más codiciadas del país: Yacyretá, históricamente cuestionada por sus altos salarios, nombramientos políticos y falta de transparencia en la administración de sus recursos humanos.

La pregunta es inevitable: ¿quién protegió el ingreso de Noelia Giménez Gibbons a la EBY?

Las versiones internas apuntan a una cadena de favores políticos. Turi Cappello habría impulsado el nombramiento; Luis Benítez, cercano al vicepresidente Pedro Alliana, habría habilitado el espacio dentro de la binacional; y el aval político habría llegado desde el entorno del propio vicepresidente.

De confirmarse, no se trataría de una simple contratación administrativa, sino de una operación de poder para acomodar a una persona con antecedentes judiciales sensibles dentro de una institución financiada con recursos públicos.

El caso golpea nuevamente el discurso oficial sobre transparencia, meritocracia y lucha contra los privilegios. Mientras miles de paraguayos buscan empleo sin padrinos políticos, una persona vinculada a una causa de millonaria estafa habría sido beneficiada con un cargo de alto salario en Yacyretá.

La Entidad Binacional Yacyretá, el director paraguayo Luis Benítez, el ministro Jorge “Turi” Cappello y el vicepresidente Pedro Alliana deben explicar públicamente si existió o no una gestión política para la contratación de Silvia Noelia Giménez Gibbons.

También deben aclarar cuál es su cargo, cuánto percibe mensualmente, desde cuándo presta servicios en la institución y bajo qué criterios fue incorporada.

Porque cuando una contratación pública nace bajo sospecha, el silencio no despeja dudas: las profundiza. Y en este caso, la sospecha vuelve a instalar una vieja conclusión sobre el funcionamiento del poder en Paraguay: cargos, favores, protección y privilegios para los cercanos al poder.