Organizaciones provida y profamilia presentaron ante el Congreso Nacional una propuesta de modificación del Código Penal que contempla penas de entre 4 y 20 años de prisión para quienes promuevan, difundan o autoricen determinados contenidos relacionados con la sexualidad y la identidad de género de menores de edad. La iniciativa cuenta con el respaldo de más de 50.000 firmas ciudadanas.
Una propuesta legislativa que promete generar un amplio debate político, jurídico y social llegó este miércoles 21 de octubre al Congreso Nacional. Representantes de organizaciones provida y profamilia presentaron una iniciativa popular que busca establecer severas sanciones penales contra conductas que sus impulsores vinculan con la denominada “ideología de género”.
La propuesta fue recibida por el presidente del Congreso, Basilio Núñez, y varios legisladores, entre ellos los senadores Lizarella Valiente, Gustavo Leite, Natalicio Chase, Dionisio Amarilla y Juan Carlos Galaverna.
La presentación se realizó en el marco de una movilización ciudadana que comenzó en la Plaza de la Democracia de Asunción y posteriormente se trasladó hasta las inmediaciones del Poder Legislativo.
¿QUÉ ESTABLECE LA PROPUESTA?
El anteproyecto plantea incorporar al Código Penal paraguayo el artículo 135 c, denominado “Abuso bajo otras formas”, con el propósito de sancionar la elaboración, distribución, comercialización, promoción y difusión de materiales impresos, digitales o audiovisuales que, según la definición propuesta por sus promotores, puedan alterar o perjudicar la percepción de los niños sobre su sexualidad o identidad biológica.
La iniciativa establece tres niveles de sanciones:
- De 4 a 10 años de prisión: para quienes elaboren, comercialicen, promocionen, distribuyan o difundan los materiales y contenidos contemplados en la propuesta.
- De 10 a 15 años de prisión: cuando las conductas sean cometidas por funcionarios públicos o autoridades electas.
- De 15 a 20 años de prisión: para funcionarios o autoridades que autoricen, firmen o aprueben oficialmente la distribución o aplicación de dichos contenidos.
De aprobarse en estos términos, la modificación representaría la incorporación de nuevas conductas punibles al Código Penal, con sanciones que podrían alcanzar las dos décadas de privación de libertad.
LIZARELLA VALIENTE Y OTROS LEGISLADORES RESPALDAN EL DEBATE
La senadora Lizarella Valiente manifestó su acompañamiento a la iniciativa y sostuvo que el objetivo es evitar que los adultos intervengan de manera perjudicial en la formación de la identidad biológica de los niños.
Por su parte, el presidente del Congreso, Basilio Núñez, anunció que el documento será sometido al análisis de las comisiones legislativas correspondientes.
La propuesta también cuenta con el acompañamiento del senador Gustavo Leite, quien defendió el planteamiento de las organizaciones y su intención de establecer mayores mecanismos de protección para los menores.
Sin embargo, legisladores presentes reconocieron la necesidad de examinar cuidadosamente el contenido del anteproyecto para determinar su compatibilidad con la Constitución Nacional.
UNA PROPUESTA QUE ABRE EL DEBATE
La eventual modificación del Código Penal plantea importantes interrogantes jurídicos respecto de los alcances de las conductas que se pretende sancionar, la proporcionalidad de las penas y su compatibilidad con derechos constitucionales como la libertad de expresión, la educación y la igualdad ante la ley.
Uno de los puntos centrales será determinar con precisión qué conductas podrían constituir delitos, evitando interpretaciones ambiguas que generen inseguridad jurídica.
En medio de la discusión también surgieron posiciones diferentes dentro de sectores religiosos. El Arzobispado de Asunción tomó distancia de la movilización y de la propuesta penal, tras solicitar evaluaciones jurídicas y pastorales sobre su contenido.
EL CONGRESO TENDRÁ LA ÚLTIMA PALABRA
Con más de 50.000 firmas presentadas, las organizaciones impulsoras buscan convertir su planteamiento en una modificación efectiva de la legislación paraguaya.
No obstante, la iniciativa todavía no constituye una ley vigente y deberá superar las distintas instancias de estudio, debate y aprobación parlamentaria.
El Congreso tendrá ahora la responsabilidad de analizar tanto los objetivos de protección de la niñez invocados por los promotores como las implicancias constitucionales y jurídicas de una propuesta que contempla penas de hasta 20 años de prisión.
El debate recién comienza y promete instalarse entre los temas más controvertidos de la agenda legislativa nacional.
