La Fiscalía imputó al expresidente de Petropar, Eddie Ramón Jara Rojas, por presunto enriquecimiento ilícito, tras detectar una diferencia patrimonial no justificada de más de G. 5.399 millones. En medio del escándalo vuelve a cobrar relevancia una operación inmobiliaria realizada con la actual ministra de la Juventud, Salma Agüero, quien adquirió una propiedad del exfuncionario en San Bernardino.
La investigación patrimonial contra el expresidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, ingresó en una nueva etapa judicial luego de que la fiscal Yeimy Adle, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, formulara imputación por presunto enriquecimiento ilícito.
El Ministerio Público también imputó a su exesposa, Karina Estefana Otazú Fleitas, por supuesto lavado de activos, al identificar operaciones financieras que, según la hipótesis fiscal, no guardarían correspondencia con su capacidad económica declarada.
Gastó G. 570 millones en un mes, mientras cobraba G. 44 millones
Uno de los datos más llamativos de la investigación corresponde a octubre de 2025, cuando Jara habría registrado gastos e inversiones por G. 570.680.982, frente a una remuneración mensual de G. 44.956.148.
La diferencia supera los G. 525 millones en apenas un mes.
El análisis fiscal abarca el periodo comprendido entre agosto de 2023 y marzo de 2026, durante el cual se identificaron depósitos y aplicaciones de dinero por más de G. 5.547 millones.
Tras considerar los ingresos y la capacidad de ahorro documentados, la Fiscalía estableció preliminarmente una diferencia patrimonial no justificada de G. 5.399.450.612.
Estas inconsistencias constituyen parte de los elementos que sustentan la imputación y deberán ser examinadas durante el proceso penal.
Salma Agüero y la operación inmobiliaria en San Bernardino
Otro de los aspectos que genera interrogantes es la operación inmobiliaria realizada entre Eddie Jara y la actual ministra de la Juventud, Salma Agüero.
La transacción, registrada en 2021 y mencionada en los antecedentes de la investigación patrimonial, corresponde a un inmueble ubicado en San Bernardino que pertenecía al entonces funcionario.
Según los datos difundidos sobre la operación, la adquisición habría involucrado aproximadamente G. 450 millones, monto cuya documentación completa y condiciones de financiamiento merecen ser aclaradas.
En aquel periodo, Agüero ocupaba un cargo en la Municipalidad de Asunción y, de acuerdo con las referencias sobre sus declaraciones fiscales, percibía ingresos mensuales cercanos a G. 4 millones.
La ministra sostuvo que tenía 22 años cuando concretó la adquisición y que la transacción fue bancarizada.
Sin embargo, la explicación plantea preguntas que requieren respuestas documentales: ¿Cómo se financió la compra? ¿Se utilizaron ahorros, préstamos u otros ingresos? ¿Cuáles fueron las condiciones de pago acordadas con Jara?
La bancarización permitiría verificar la circulación del dinero, mientras que la documentación crediticia, contractual y tributaria ayudaría a establecer el origen de los fondos y las condiciones reales de la operación.
Es importante precisar que la aparición de Agüero en los antecedentes patrimoniales no demuestra participación en un hecho ilícito ni significa que esté imputada en esta causa.
Una propiedad que posteriormente cambió de propietario
De acuerdo con los antecedentes publicados sobre el examen de la Contraloría, el inmueble adquirido por Agüero fue posteriormente transferido, en agosto de 2023, a Domingo Germán Quiñónez Astigarraga, hermano de la exfiscala general del Estado Sandra Quiñónez.
Esta nueva transferencia suma otro aspecto que puede ser aclarado mediante las escrituras y constancias de pago correspondientes.
La sucesión de operaciones inmobiliarias no constituye por sí misma una irregularidad. Sin embargo, cuando aparece vinculada a los antecedentes patrimoniales de un exalto funcionario investigado, resulta razonable solicitar transparencia sobre los montos y las condiciones de las transacciones.
Contraloría ya había advertido inconsistencias millonarias
Antes de la imputación, la Contraloría General de la República había remitido al Ministerio Público un informe sobre las declaraciones juradas de Jara.
En ese examen se identificaron diferencias patrimoniales de entre G. 1.135 millones y G. 1.549 millones, dependiendo de los criterios utilizados para evaluar determinados ingresos y documentos privados.
La investigación fiscal posterior amplió el análisis de operaciones bancarias, obligaciones financieras, pagos, préstamos y movimientos de efectivo.
Entre los aspectos observados también figuran cancelaciones de obligaciones y adquisiciones patrimoniales que habrían superado la capacidad económica documentada del extitular de Petropar.
La responsabilidad de explicar el origen del dinero
El caso trasciende la situación personal de Eddie Jara y plantea un debate sobre la transparencia patrimonial de quienes ejercen cargos públicos.
En el caso de Salma Agüero, corresponde distinguir entre la existencia documentada de una operación inmobiliaria y cualquier eventual sospecha penal, que necesitaría pruebas independientes.
La ministra puede contribuir a despejar los interrogantes mediante documentación verificable sobre el financiamiento, los pagos y las condiciones de la compraventa.
Por su parte, Jara deberá responder en el proceso judicial por los movimientos patrimoniales que la Fiscalía considera insuficientemente justificados.
El Ministerio Público solicitó medidas alternativas a la prisión preventiva y medidas cautelares sobre determinados bienes y cuentas bancarias.
La imputación no equivale a una condena. La responsabilidad penal de los investigados deberá determinarse con respeto a las garantías del debido proceso.
Lo que la ciudadanía tiene derecho a conocer, mientras avanza la investigación, es cómo se financiaron las operaciones cuestionadas y qué documentación existe para respaldarlas.
La transparencia no se agota en declaraciones públicas: requiere documentos, trazabilidad y explicaciones comprobables.
