El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, deberá enfrentar un nuevo proceso ante un Tribunal de Sentencia. La Cámara de Apelaciones ratificó la resolución que elevó a juicio oral y público la causa conocida como “Tajy”, relacionada con presuntas irregularidades en la administración municipal durante la pandemia.cv
Un nuevo capítulo judicial se abre para el exintendente de Ciudad del Este y referente político del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto Vallejos, luego de que un Tribunal de Apelación confirmara la decisión de someterlo a juicio oral y público por el denominado caso Tajy.
La resolución fue adoptada por los camaristas Gustavo Amarilla, Silvana Luraghi y Claudia Criscioni, quienes ratificaron lo dispuesto por el juez penal de Garantías Humberto Otazú, tras la audiencia preliminar celebrada en agosto pasado.
Un presunto perjuicio de más de G. 306 millones
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, la investigación gira en torno a presuntas irregularidades en contrataciones realizadas durante la emergencia sanitaria del COVID-19.
Los investigadores sostienen que determinadas operaciones habrían ocasionado un perjuicio patrimonial de G. 306.188.500 a la Municipalidad de Ciudad del Este, mediante pagos por mercaderías que, según la hipótesis fiscal, no habrían sido entregadas.
Prieto y otros acusados deberán responder ante la Justicia por presuntos hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
Segundo proceso elevado a juicio oral
Esta resolución se suma a la causa conocida como “Tía Chela”, también relacionada con contrataciones efectuadas durante la pandemia, en la que el exintendente ya enfrenta un juicio oral y público.
De esta manera, el dirigente político acumula otro proceso que deberá ser examinado por un Tribunal de Sentencia, donde corresponderá determinar la responsabilidad penal de cada uno de los acusados.
Un nuevo frente judicial en medio de su actividad política
La confirmación del juicio se produce mientras Miguel Prieto mantiene su actividad dentro del movimiento Yo Creo y su proyección hacia las elecciones generales de 2028.
El exintendente ha sostenido públicamente que los procesos judiciales en su contra responden a motivaciones políticas, mientras que el Ministerio Público mantiene sus acusaciones sobre supuestas irregularidades administrativas.
Con la decisión de la Cámara, queda ratificada la elevación del caso Tajy a juicio oral y público, instancia en la que deberán debatirse las pruebas y los argumentos de la acusación y la defensa.
La confirmación del juicio no constituye una declaración de culpabilidad. Prieto y los demás acusados mantienen su presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
