Mientras resurgen los antecedentes de un amparo constitucional obtenido por 13 familiares y allegados de Santiago Peña para impedir la divulgación de información patrimonial y societaria, el abogado Guillermo Duarte Cacavelos cuestiona la postura de la Fiscalía y sostiene que existen elementos para imputar al expresidente por presunta asociación criminal en el caso Ueno Bank.
El escenario judicial que rodea al expresidente de la República, Santiago Peña Palacios, suma nuevos cuestionamientos. Dos situaciones vuelven a concentrar la atención pública: una resolución judicial de noviembre de 2025 que restringió el acceso a información patrimonial de integrantes de su entorno familiar y las diferencias de criterio sobre una eventual imputación por asociación criminal en la investigación de Ueno Bank.
Ambos acontecimientos corresponden a procesos distintos, pero plantean interrogantes sobre la transparencia patrimonial, el alcance de la investigación penal y las responsabilidades que podrían determinarse.
La familia de Peña acudió a la Justicia para impedir la divulgación de datos
El 30 de octubre de 2025, un grupo de 13 personas, entre familiares y allegados del entonces presidente Santiago Peña, presentó una acción de amparo constitucional contra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Entre los accionantes figuraban su esposa, Leticia Ocampos; su madre, Ana María Palacios de Peña; su hijo Gonzalo Peña Ocampos; su nuera Serenella Argaña Scavone; sus hermanos y otros integrantes de su entorno familiar.
La acción respondió a un pedido de información pública formulado por el comunicador Hugo Javier Portillo, quien buscaba conocer las sociedades y empresas en las que estas personas figuraban como accionistas, socios, integrantes de directorios, administradores, representantes legales o beneficiarios vinculados a estructuras empresariales.
El 5 de noviembre de 2025, el juez en lo Civil y Comercial Diego Alejandro Torres hizo lugar al amparo, disponiendo que el MEF se abstuviera de entregar documentación reservada de los accionantes, salvo mediante orden judicial expresa o requerimiento de un organismo estatal legalmente habilitado.
¿Privacidad patrimonial o derecho ciudadano a conocer?
Los familiares de Peña argumentaron que la entrega de la información podría vulnerar sus derechos constitucionales a la intimidad y a la protección de sus documentos patrimoniales.
El juzgado consideró que los datos solicitados tenían carácter reservado y que el derecho de acceso a la información pública no autoriza indiscriminadamente la divulgación de información privada.
Sin embargo, el caso reabre una discusión relevante: ¿hasta dónde debe alcanzar la reserva de información patrimonial cuando se trata de familiares cercanos de quien ejercía la Presidencia de la República?
Es importante aclarar que el amparo no impide el acceso de la Fiscalía u otros organismos legalmente habilitados a información necesaria para una investigación. Tampoco constituye, por sí mismo, indicio de participación de los familiares en hechos punibles.
Duarte Cacavelos cuestiona la falta de imputación por asociación criminal
Paralelamente, el abogado penalista Guillermo Duarte Cacavelos cuestionó el criterio del Ministerio Público respecto a la situación procesal del expresidente Santiago Peña.
El profesional sostiene que existen elementos suficientes para formular una imputación por el presunto hecho punible de asociación criminal, considerando la cantidad de personas y estructuras que aparecen vinculadas a los hechos investigados en el caso Ueno Bank.
Duarte Cacavelos mencionó las actuaciones relacionadas con el expresidente Peña, el ex titular del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo, y el empresario Miguel Vázquez.
A su criterio, la investigación presenta características que ameritan examinar la existencia de una estructura organizada para la comisión de hechos punibles.
Su posición contradice la interpretación sostenida hasta el momento por los fiscales intervinientes.
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La Fiscalía sostiene que todavía no están reunidos los elementos
El fiscal Christian Benítez, integrante del equipo investigador, explicó que para atribuir el hecho punible de asociación criminal deben reunirse determinados presupuestos relacionados con la participación de al menos tres personas en una estructura delictiva.
“Como se habla de asociación criminal, en principio se exige por lo menos tres personas como parte del esquema. Y en eso estamos trabajando todavía”, explicó el representante del Ministerio Público.
Actualmente, Santiago Peña enfrenta una imputación por presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en carácter de autor.
La Fiscalía dejó abierta la posibilidad de ampliar la imputación si aparecen nuevos elementos que permitan atribuir otros hechos punibles.
Las preguntas que deberá responder la investigación
El antecedente del amparo constitucional y el debate sobre asociación criminal no deben confundirse ni asumirse como hechos conectados sin evidencias.
No obstante, la investigación del caso Ueno Bank plantea interrogantes que deberán resolverse mediante documentación, pericias y actuaciones judiciales.
Entre ellos, determinar si existieron decisiones coordinadas para beneficiar indebidamente a determinadas personas o empresas, identificar a todos los eventuales responsables y establecer el destino de los recursos públicos involucrados.
También corresponde determinar qué participación, si alguna, tuvieron las personas y sociedades que aparecen mencionadas en las diferentes líneas investigativas.
La responsabilidad penal no puede establecerse por vínculos familiares o políticos: debe sustentarse en hechos concretos y pruebas individualizadas.
El desafío de la Fiscalía: investigar sin privilegios ni acusaciones infundadas
Las diferencias entre la interpretación de Duarte Cacavelos y la postura fiscal muestran que uno de los principales puntos de discusión es el alcance que debe tener la investigación penal contra Santiago Peña.
Mientras el abogado considera que existen condiciones para incorporar el hecho punible de asociación criminal, el Ministerio Público sostiene que todavía trabaja en reunir los presupuestos necesarios.
La controversia deberá resolverse con fundamentos jurídicos y elementos probatorios, evitando tanto las omisiones investigativas como las atribuciones penales sin suficiente respaldo.
En un caso de enorme repercusión pública, la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se investigaron las operaciones cuestionadas, quiénes intervinieron y qué elementos justifican cada decisión de la Fiscalía.
