El senador Javier Zacarías Irún, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta, manifestó que, a su criterio, la fiscala adjunta Alba Rocío Cantero reúne los requisitos legales para continuar al frente del Ministerio Público y completar el periodo constitucional que dejó inconcluso Emiliano Rolón Fernández.
La renuncia de Emiliano Rolón a la Fiscalía General del Estado abre un nuevo debate jurídico y político sobre quién debe conducir el Ministerio Público hasta el año 2028.
En ese contexto, el senador colorado Javier Zacarías Irún expresó su posición favorable a que Alba Rocío Cantero, quien asumió interinamente la conducción de la institución este miércoles 18 de noviembre, permanezca en el cargo hasta completar el mandato de cinco años iniciado por Rolón en 2023.
El legislador, quien preside la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, señaló que, desde su interpretación personal, la actual fiscala adjunta cumple con los requisitos legales para ejercer la titularidad del Ministerio Público.
EL DEBATE SOBRE LA SUCESIÓN EN LA FISCALÍA
La Constitución Nacional establece en su artículo 269 que el fiscal general del Estado dura cinco años en sus funciones y es nombrado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, a partir de una terna propuesta por el Consejo de la Magistratura.
Sin embargo, la salida anticipada de Rolón plantea interrogantes sobre el procedimiento que debe aplicarse para la designación definitiva de su reemplazante.
Mientras Zacarías Irún considera que Cantero podría completar el periodo pendiente, existen otras interpretaciones jurídicas que sostienen que corresponde iniciar un nuevo proceso de selección y nombramiento.
CANTERO BUSCA CONSOLIDARSE AL FRENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
Tras la renuncia de Rolón, Alba Cantero quedó encargada de la atención del despacho de la Fiscalía General mediante una resolución administrativa que entró en vigencia este 18 de noviembre.
Su continuidad hasta 2028, sin embargo, no está jurídicamente definida y dependerá de las decisiones que adopten las instituciones competentes.
La postura de Zacarías Irún incorpora un nuevo elemento al debate sobre el futuro del Ministerio Público, en momentos en que la institución enfrenta fuertes cuestionamientos por su actuación durante la crisis relacionada con Ueno Bank.









